La nueva relación de Santa Cruz con el Estado prevé acciones para ajustar la CPE

Tras 12 meses de trabajo, el Comité pro Santa Cruz presentará el proyecto, “Santa Cruz y su relación con el Estado”. El documento, que será entregado este lunes al cumplirse el primer año del mayor cabildo de la historia de la región, proyecta un ajuste constitucional, además de un plan de acción para mantener activo este debate y un catálogo sobre las competencias autonómicas, según adelantaron a EL DEBER los responsables de esta iniciativa.

El 13 de noviembre de 2022, a los pies del atrio papal y en el contexto del paro de los 36 días por el censo el entonces presidente del ente cívico Rómulo Calvo realizó cinco consultas a la población. Una de ellas fue que se revise la relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano. La consulta se dio tras violentas jornadas protagonizadas por grupos de choque afines al partido de gobierno que intentaron desactivar la protesta a través de la fuerza.

“¿Están todos de acuerdo en delegar al Comité Pro Santa Cruz la convocatoria a una comisión constitucional, que en el marco legal y democrático, revise la futura relación política de Santa Cruz con el Estado boliviano?”, dijo Calvo a través de un video que fue reproducido ante la multitud.

Tras el cabildo, el Comité comenzó a trabajar en el proyecto para establecer un modelo de relacionamiento que contemple un cambio cualitativo en la estructura política que permita a Santa Cruz administrar recursos y ejercer competencias autonómicas.

El presidente del ente cívico, Fernando Larach, manifestó que participron más de 75 especialistas en paneles de debate ciudadano que tuvieron lugar en todo el departamento. Asistieron más de 1.200 personas, según los registros de los organizadores. “Lapropuesta servirá de base para cambiar la relación, no solo de Santa Cruz con el Gobierno nacional, sino que también tiene que servir de base para que este cambio sea realizado por los otros ocho departamentos”, explicó el dirigente.

En estos 12 meses, el ente cívico elaboró el plan, siguiendo una metodología y términos de referencia específicos que sirvieron para que instituciones cruceñas puedan enviar también sus contribuciones sobre cómo debiera relacionarse la región con el Estado en un futuro próximo. Estas propuestas llegaron, incluso, a través de las plataformas digitales.

En estos encuentros se analizó y evaluó el marco legal que rige entre la región y el poder central. La Constitución reconoce a Bolivia como país con autonomías departamentales, pero en los últimos años, las tensiones vinculadas por la asignación de recursos y la disputas de competencias —regionales y nacionales— han derivado en marcados conflictos.

En ese marco, las propuestas se dieron en dos direcciones: Propuestas de Origen (que promuevan frenar la continuidad del problema en función a las causas que lo generan) y Propuestas Derivadas (para erradicar las consecuencias detectadas o disminuir el impacto de negativo que ocasiona el problema de la relación Santa Cruz - Estado central).

En septiembre, el ente cívico presentó un diagnóstico preliminar. Ese análisis señaló que la autonomía “está inconclusa” por la forma en la que el Gobierno central mantiene el control de los recursos económicos de la recaudación tributaria del país. Cerca del 80% de estos fondos son administrados por el Tesoro General del Estado y lo que resta queda para las regiones. El diagnóstico también hizo notar que hubo una “imposición cultural” con el propósito de anular las expresiones y manifestaciones propias de la región, sobre la base de una estrategia ideológica y no, necesariamente, de integración.

Las propuestas apuntaron incluso a la transformación de Bolivia en un Estado Federal, una idea que fue respaldada en varias ocasiones por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue violentamente capturado tras ser acusado por el caso denominado Golpe I. Está detenido desde diciembre de 2022 en el penal de Chonchocoro y ya acumula al menos seis procesos.

También existen propuestas que proyectan ajustes en el pacto fiscal y la profundización del sistema autonómico, vigente desde 2009. Antes de la vigencia de la actual Constitución, la región protagonizó varias movilizaciones, por ejemplo, para que las autoridades regionales como el gobernador o prefecto sean elegidas a través del voto popular.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan manifestó que, dentro del orden constitucional, definir una relación con el Estado es establecer si el contrato social, que vienen a ser la Constitución Política del Estadio (CPE) y las leyes, están cumpliendo su rol. Explicó que si se va “por el camino de una reforma jurídica” se tienen que modificar varias leyes que han distorsionado el proceso del contrato social y, al mismo tiempo, identificar a los actores que llevarán adelante estos cambios.

“Actores políticos, institucionales, sociales e indígenas llevarán adelante todo este proceso de cambios, modificaciones y reformas al Estado. Esta es la ruta crítica que se tiene que seguir, modificar parcialmente la Constitución o modificarla completamente mediante una constituyente”, consideró el experto.

La asambleísta departamental Paola Aguirre (Creemos) indicó que es necesario que las instituciones cruceñas entiendan la necesidad de reconsiderar los términos de relación de Santa Cruz con el Estado porque vienen desde la época republicana, incluso colonial. “La agresividad y el trato del centralismo hacia la región se vio profundizada en los últimos años por pugnas de poder y por el hecho de que Santa Cruz ha sido un bastión de resistencia democrática frente al proyecto político del MAS”, subrayó.

Agregó que espera que la propuesta de la institución cívica, que ha sido respaldada por un proceso de socialización y participación de diferentes instancias, planteen propuestas reales que puedan ser aplicadas en el futuro.

“No podemos tratar con suavidad a quienes nos golpean con dureza. El gobernador Luis Fernando Camacho está secuestrado en Chonchocoro y tenemos 300 presos políticos en todo el país por una falsa narrativa de golpe de Estado cuando todos sabemos que fue fraude electoral”, complementó la legisladora.

A su vez, el concejal por Comunidad Autonómica (C-A), Juan Carlos Medrano, espera que la propuesta no sea “un intento más de seguir adormeciendo” el espíritu de lucha de Santa Cruz.

“No sabemos si el Comité está tratando de dar un paso hacia un modelo federal o está presentando un proyecto para distraer porque cualquier transformación o reforma constitucional está fuera de plazo porque no dan los tiempos con las elecciones primarias, nacionales y censo tan cerca”, reflexionó el concejal al poner el proyecto cívico en el complejo escenario político del país.

El abogado constitucionalista Daniel Valverde ve a la propuesta como “un insumo para el debate” porque seguramente va a plantear una agenda desde la región. “He visto algunos de los foros (realizados por el Comité Pro Santa Cruz) y han tratado de encuadrarse en el marco de lo que establece la Constitución Política del Estado. Creo que también han anticipado que uno de los caminos es profundizar las autonomías para luego darle un contenido técnico”, añadió.

Sobre la propuesta, recordó que en diciembre de 2022, el presidente Luis Arce afirmó que Bolivia “jamás” perderá territorio y consideró que solo se pretende ‘manipular’ “para defender particularísimos, como si el bienestar de una región estuviera reñido con el bienestar del del país”. En su mensaje-informe que entregó al país el 8 de noviembre, el Jefe de Estado garantizó la realización del Censo el próximo 23 de marzo de 2024. 

La gran encuesta, regulada por una ley específica promulgada por efecto del paro de 36 días, debe generar resultados para la redistribución de recursos de acuerdo con la población, así como la reasignación de escaños en el Legislativo de cara a los comicios de 2025. Santa Cruz es la región más poblada.