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La Organización de Estados Americanos (OEA) ha emitido un informe preliminar sobre el proceso electoral de Bolivia. Indica que, teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas, resulta posible que el candidato del MAS Evo Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, en segundo. 

Son 14 las observaciones sobre el cómputo oficial. La OEA concluye que el proceso no siguió buenas prácticas ni respetó estándares de seguridad, por lo que concluye que no se puede dar certeza de integridad ni garantizar los resultados.

Mencionan que ante el débil control de ingreso, cualquier persona podía acceder a tener roles de administrador al software utilizado, dado que por ejemplo una persona podía iniciar muchas sesiones con sus datos, entre otras inseguridades. 

Confirman la observación de la empresa auditora referida que se vulneró dos veces el protocolo de seguridad después de poner en cero la base de datos para comenzar a recibir las actas. No se respetó la integridad del software utilizado y ni siquiera se inició la recepción de datos en un ambiente ‘estéril’. Eso significa que en se mezcló información de prueba (de antes de las elecciones) con información oficial de las actas electorales.

Pese a las graves vulneraciones del TREP, se utilizaron datos de este sistema en el caso de 1575 actas para el cómputo oficial.

Además señala que el proveedor del software, la empresa Neotec, ingresó al servidor del cómputo oficial de manera remota y además es el único que tiene el dominio de los accesos, lo que perjudica la cadena de custodia.

El informe considera “inaceptable” que durante el proceso electoral se hubiera accedido directamente a la base de datos, con el argumento de “desanular” actas.

El Trep​

Los técnicos de la OEA hallaron no una, sino varias irregularidades que concluyen en que “no se puede dar certeza de los resultados del TREP”.

Encontraron el uso de dos servidores ajenos al sistema electoral; es decir, que no eran monitoreados ni por los técnicos del TSE ni por la empresa auditora. 

Uno de ellos fue usado para el tráfico de información a las estaciones de trabajo del TREP; el otro recibía toda la información del TREP. El informe indica que nadie reportó a este equipo pese a que el TSE sabía de su existencia.

También detectaron que la información de las actas llegó desde servidores que burlaron el control de la empresa auditora y esto se hizo después de que se interrumpiera la transmisión de datos (lo cual fue cuestionado por la Misión de Observadores desde el primer momento). 

No solo se usó un equipo foráneo, sino que se modificó el IP de los 350 servidores encargados de la recepción de la información. EL informe señala este punto como “extremadamente grave”.

Tampoco se utilizaron los servidores de la manera que se había previsto en el protocolo, lo que significa que no tienen la misma información y eso “está reñido con las buenas prácticas”. Señala que ningún documento describe lo ocurrido la noche en que se recibieron los datos y la posterior interrupción de la transmisión, tampoco acerca de los responsables de tales acciones.

La OEA cuestiona que no se preserve la metadata o los datos de las fotografías de las actas y la aplicación utilizada no limitó la fecha de envío de los datos, lo que significa que se recibieron datos con fechas anteriores al mismo día de la elección.

Alteración de actas y falsificación de firmas

En suma, los datos del TREP no tuvieron 100% de monitoreo ni la infraestructura de transmisión de datos estuvo bajo control del responsable del Sereci.

Los peritos de la OEA analizaron un estudio sobre 333 actas cuestionadas y detectaron graves irregularidades como la falsificación de firmas y alteración de actas.

En el informe preliminar mencionan que en 78 actas (el 23% de la muestra seleccionada). “En algunos casos, se verificó que todas las actas de un mismo centro habían sido completadas por la misma persona. En ocasiones, se constató que esa persona era el representante del MAS acreditado como delegado en el centro. Se encontraron, asimismo, varias actas en las que el partido oficialista obtenía el 100% de los votos. 

En algunos de estos documentos ni siquiera se había completado con un cero el campo correspondiente a los votos de los partidos opositores. Además, la participación en algunas de esas mesas alcanzaba el 100%, hecho prácticamente imposible”.

Hallaron actas en las que las firmas del acta original no eran las mismas que en las copias de esas actas. También detectaron falsificación de las firmas de los jurados electorales.

La OEA aclara que estos hallazgos se hicieron en un tiempo corto, que no pudieron avanzar en departamentos como Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz debido a que las actas fueron quemadas y creen que, de tener más tiempo, podrían encontrar más irregularidades.

Irregularidades en actas de Argentina y fallas en la cadena de custodia

Los expertos de la OEA se desplazaron a cinco departamentos para verificar la cadena de custodia de las actas de sufragio. También investigaron los votos en el extranjero y hallaron inconsistencia de resultados en Argentina. 

“Del análisis anterior se destaca que, de las 176 actas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38,07% presentaban inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron. Es decir, las actas reflejaban un número mayor de votos que el total en las listas índice”, señala el informe.

Observan que en los departamentos de Chuquisaca y Potosí, el escrutinio de actas se realizó en lugares diferentes a los establecidos y que para el traslado de las actas no se informó a los delegados de partidos, por lo que ellos no pudieron presenciar la verificación de actas de los cómputos departamentales. 

Tampoco hallaron documentos que certifiquen que ese material electoral fue vigilado por las fuerzas de seguridad: FFAA y Policía, pese a un convenio interinstitucional firmado entre el TSE y estas organizaciones.

La quema de actas en cuatro departamentos, señala el documento, que no existió la cadena de custodia adecuada para preservar las actas electorales, lo cual es considerado un “factor crítico” para dar garantías al proceso electoral.

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