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El Gobierno reveló que la propuesta acusatoria planteada contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por el supuesto delito de genocidio y otras responsabilidades por la muerte de civiles en 2019 está basada en seis informes internacionales. Uno de ellos, el que fue presentado por la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos planteó una reforma a la justicia

Se debe “desarrollar una progresiva reforma estructural al sistema de justicia, en particular para asegurar su independencia y respeto al debido proceso”, señala el reporte.

Pero, además, señala que “esta reforma debería incluir un diagnóstico profundo del sistema de justicia penal; revisar el proceso de selección de jueces, fiscales y fiscal general” sin descartar mecanismos para la evaluación sobre el desempeño de estas autoridades.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, anticipó —poco después del inicio del mandato del presidente Luis Arce— la conformación de un cuerpo colegiado para llevar adelante esta reforma que requiere de reformas constitucionales. El plan no prosperó, aunque Lima defendió en varias ocasiones que la reforma judicial es un proceso en marcha, especialmente en cuanto a la institucionalización de la carrera de jueces.

El expresidente Evo Morales destacó ayer el informe del Alto Comisionado, pero en el contexto de las violaciones a los derechos humanos y el caso del supuesto “golpe de Estado”, que es promovido por el MAS y el Gobierno ante instancias judiciales. “Hasta ahora, la CIDH, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, la Defensoría del Pueblo y la Clínica de Derechos Humanos de Harvard han documentado las graves violaciones del gobierno de Áñez. El golpe de Estado no puede quedar en la impunidad”, escribió el exjefe de Estado, quien hasta el momento no fue convocado a declarar en ninguno de los casos abiertos por la violencia de 2019, a pesar de haber sido mencionado como protagonista en varios momentos de esa crisis poselectoral.

Tampoco fue llamado a declarar el exvicepresidente Álvaro García Linera ni Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz y que en 2019 era líder del Comité Cívico de Santa Cruz. El fiscal General Juan Lanchipa anticipó que Camacho sí será convocado. Ante este anuncio, la autoridad cruceña llamó a estar preparado para enfrentar un nuevo escenario de persecución.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas también incorporó, como antecedente de su reporte presentado sobre la crisis de 2019, los resultados del referéndum de 2016 que prohibieron a Evo Morales volver a postularse.

El exmandatario consiguió el aval del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo Electoral para habilitarse a los comicios de 2019. Para ello, el MAS reclamó el “derecho humano” de ser elegido y elegir contemplado en la Convención Americana.

Acciones

A los informes citados por Evo Morales y que se usaron para acusar a Añez se suma el reporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que también será usada para ese propósito, según anticipó el viceministro de Justicia, César Siles.

“Este informe será presentado en la proposición acusatoria que actualmente hay contra la señora Jeanine Áñez”, remarcó Siles.

El cívico Potosino Marco Pumari cree que esas acciones y otras declaraciones del oficialismo revelan “un estado de sumisión por parte de la justicia”.

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