El Gobierno conoce el contenido del reporte y se pronunciará. Anticipa criterios estrictamente jurídicos sobre el contenido de las observaciones, aunque expertos señalan que existen motivaciones políticas que están detrás de este caso

21 de junio de 2022, 7:20 AM
21 de junio de 2022, 7:20 AM


El informe llega a Ginebra. Allí, el relator especial de Naciones Unidas para la Independencia Judicial, Diego García-Sayán, planteó 21 observaciones y expuso el caso de la expresidenta Jeanine Áñez como una muestra para comprender la “crisis estructural” por la que atraviesa la justicia en Bolivia. El Gobierno boliviano responderá hoy, luego de la exposición del alto personero de la ONU. 

Áñez fue condenada a 10 años de cárcel por delitos como “incumplimiento de deberes”, una tipificación que fue calificada de ambigua por expertos y organismos internacionales. Además, el informe de García-Sayan puso de manifiesto la falta de independencia del sistema judicial y elevado número de jueces provisionales que están a merced de las presiones políticas, hace varios años. 

“Dicho caso (el juicio ordinario contra Áñez) pone de manifiesto problemas estructurales de la administración de justicia, como la generalización de la detención preventiva”, apunta el informe que está, desde el pasado mes, en la sede de Naciones Unidas de Ginebra, en el contexto del 50 periodo de sesiones de la Comisión de los Derechos Humanos que comenzó el 13 de junio y que se prolongará hasta el próximo 8 de julio.

El reporte de García-Sayán se redactó antes de que Áñez fuese condenada. “El relator especial fue enfático en señalar que todas las personas procesadas tienen derecho a un juicio justo y a todas las garantías procesales que establecen los instrumentos internacionales y la normatividad boliviana”, puntualiza el escrito.

Siguiendo este principio, García-Sayán expuso luego y separado de su informe varios criterios sobre esa sentencia. Se prevé que esas anotaciones formen parte de su exposición prevista para las 4:00 de hoy en Ginebra, Suiza.

Expresó así su preocupación por la “reunión política entre líderes del Gobierno y del MAS, en que se habría acordado que la señora Áñez sea sometida a un proceso ordinario y no a juicio de responsabilidades”. Este criterio se conecta con una declaración del expresidente Evo Morales que hizo la revelación.

Además, señaló que la justicia “no se pronunció sobre hechos graves”, como las muertes en Sacaba y Senkata en el contexto de la crisis de 2019 y que instituciones como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) indentificaron como graves violaciones a los Derechos Humanos. Sostuvo así que Jeanine Áñez tiene derecho a un “juicio de responsabilidades”, un mecanismo legal que está en el Legislativo y donde el MAS necesita lograr acuerdos con Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos, las dos bancadas de la oposición política.

El jefe del MAS, Evo Morales, cuestionó a García-Sayán por estos criterios. En mayo, cuando se conoció el reporte, el expresidente los había destacado. El ministro de Justicia, Iván Lima, informó que será “respetuoso” a la hora de presentar sus observaciones al informe y lo hará siguiendo la normativa internacional que aplica Naciones Unidas para estos casos.

Por su lado, el viceministro de Justicia, César Siles, anticipó ayer una de las explicaciones que brindará el Gobierno con relación a las observaciones planteadas, además, por la oficina en Bolivia de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU.

No somos la parte de un proceso, no somos dirigentes políticos o, en este caso, el presidente del MAS, para decir si corresponde juicio ordinario o juicio de responsabilidades. Esa es una decisión jurisdiccional. Ni siquiera es una decisión de la justicia ordinaria, sino de la justicia constitucional”, afirmó Siles a EL DEBER.

El informe de García-Sayán también expresa sus observaciones respecto a la responsabilidad del Estado para “garantizar la integridad y salud” de Áñez mientras esté en prisión. El relator especial recordó así que, en el caso de la huelga de hambre que la expresidenta cumplió en febrero, “esa obligación estatal se tenía que respetar escrupulosamente”.

Siles, al respecto, destacó, la apertura del Gobierno para permitir que la oficina de la Alta Comisionada siga de cerca el proceso legal, “hasta los alegatos”, en función de un acuerdo firmado en febrero de este año. Eso sí, admitió que la existencia de “un debate jurídico” respecto al delito de incumplimiento de deberes que fue la base de la sentencia y que ni García-Sayán ni los expertos del GIEI lo validan por ser una tipificación que se presta a favor de la injerencia y persecución política.

Siles recordó que en 2021 ese delito fue erradicado de la normativa nacional, precisamente, siguiendo las recomendaciones internacionales. “En ese momento (cuando comenzó el juicio) el delito estaba vigente y es más favorable a la señora Áñez y los otros condenados. Es un criterio, discutible, cierto, y por eso van a presentar las apelaciones”, dijo.

La condena contra Áñez ha despertado críticas jurídicas y políticas, incluida la petición del expresidente Carlos Mesa, líder de CC, de anular la sentencia.

En Bolivia, incumplir un reglamento de debates es más grave que incumplir un mandato popular, como el referéndum del 21 de febrero de 2021 y generar las condiciones necesarias y suficientes para cometer irregularidades en un proceso electoral. Ahí la vemos a Jeanine presa y sufrida, pero a Evo Morales libre. Paradojas de la democracia”, dijo el politólogo José Orlando Peralta, sobre la sentencia y la crisis de 2019.

El abogado y académico Luis Alberto Ruiz afirmó que “aunque el Gobierno presente el caso como técnico y jurídico, éste responde a una estrategia política del escarmiento y deja en vergüenza internacional a Bolivia”. Considero que con este caso, “el Gobierno está dejando en suspenso la aplicación de la Constitución, tal como lo hizo Evo Morales cuando se pasó por alto el artículo siete de esa norma”, explicó el jurista.

Con más de 125 párrafo, el informe revela los resultados de la visita que hizo relator especial en febrero país” y plantea acciones de cooperación en favor del país.

Lima y el canciller Rogelio Mayta se pronunciarán una vez que el reporte sea conocido por el foro internacional en Ginebra.