La pasantía de la muerte

Por Nicole Laura y Karem Mendoza

No hay salario, ni seguridad laboral, pero la pasantía es la oportunidad que tienen los jóvenes para adquirir experiencia en un país que lo exige. Esa es la oferta habitual que hacen las empresas e instituciones para conseguir recursos humanos sin salarios. Pero, ¿esto realmente está beneficiando a los jóvenes? La historia de Georgina Cossio Apaza da una pista. En los caminos de conseguir esta experiencia laboral, ella conoció su peor tragedia, una que le arrebató la vida y dejó el peor dolor en su familia.

Georgina, una joven de 23 años, robusta, de tez canela y cabellos ondulados, había llegado con muchas ilusiones al último semestre de Construcción Civil en el Instituto Tecnológico Ayacucho (ITA), en la ciudad de La Paz. Su principal motivación era retribuir con sus futuros trabajos el esfuerzo que hizo su madre para sacarla adelante. Conseguir su primera pasantía la acercó más a ese sueño, aunque todo quedó truncado el 5 de junio de 2021.

Aquel día, poco después de las 07:00, ella y su compañero Carlos (nombre ficticio) abordaron una camioneta roja en la zona de Bajo Llojeta, donde hacían sus pasantías para la consultora en Geología – Geotecnia, Laboratorio de Suelos y Hormigones G.C.G. Ambos iban al municipio de Pucarani, a 30 kilómetros de la sede de Gobierno, para cumplir con la tarea asignada por el supervisor y gerente de la empresa privada Fernando Calle Choque.

La misión era “simple”, les dijo Calle, según el relato de Carlos, pues los muchachos debían medir a través de un ensayo geotécnico la resistencia del suelo hundiendo en pozos ya cavados una especie de trípode de fierro llamado equipo SPT, todo ello en un descampado donde la empresa cruceña Construcciones y Servicios Hollweg Ltda. erigiría una planta de tratamiento de aguas residuales.

Pruebas SPT de la empresa GCG | Foto referencial

La movilidad arribó sin problemas, pero el viaje de regreso se dificultó. Cerca del mediodía, los pasantes acabaron sus labores y para retornar a La Paz se subieron a una camioneta azul Tacoma Toyota, con placa 3010 DZT, y que minutos antes había sido refaccionada, de acuerdo al testimonio de un testigo clave que prefirió reservar su nombre por temor a futuras represalias.

En medio del trayecto, ya en El Alto, José Luis Andrade Juarez, de 24 años y conductor de la constructora, se detuvo para cambiar una llanta y así continuar con el recorrido. 

Pasaron por un mercado. Carlos comenzó a sentir un fuerte olor a quemado, pero le restó importancia porque pensó que venía del recinto de comidas. El carro avanzó así unos kilómetros más hasta que los jóvenes se dieron cuenta que el olor salía del vehículo y que el chofer perdió el control de los frenos.

Con el rostro congelado y la respiración acelerada, Georgina quiso saltar para salvar su vida, pero la detuvo la velocidad con la que bajaba la camioneta sobre la calle 19 Los Ciprés en Bajo Llojeta. En unos segundos aparecieron en la avenida Mario Mercado y la atravesaron frenéticamente. Poco después de la 13:00, la camioneta colisionó contra una tienda de abarrotes y atropelló a un peatón. Dentro del auto, el chofer estaba muerto y los pasantes resultaron con serias heridas, y los bomberos los trasladaron al Hospital Universitario Nuestra Señora de La Paz.

Accidente de tránsito de los pasante | Foto de vecinos

Una pesadilla para la familia

Mientras todo esto ocurría, Norah Apaza, mamá de Georgina, pintaba los últimos retoques de una obra en Kupini; ella se dedica a la albañilería, un oficio con el que sacó adelante a sus cuatro hijos. Aquel día, Nora recibió la peor llamada para una madre: “señora, su hija se ha accidentado y está en el hospital”. La mujer recuerda que sintió esas palabras como una punzada de alfileres.

“Al principio pensé que era una pesadilla, pero después reaccioné. Mis manos temblaron y no podía dejar de llorar”, rememora. Entonces, salió apresurada a su casa para sacar todos los ahorros de su vida, Bs 20.000, y trasladarse al hospital. Al llegar, Nora encontró a su hija lanzando gritos desgarradores de dolor en la sala de emergencias.

Un trabajador le comunicó que Georgina aún no había sido valorada por falta de un seguro de salud. Los médicos habían tardado en auxiliarla porque el vehículo no tenía el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Su madre tuvo que tramitar el Sistema Único de Salud (SUS). El socorro médico llegó recién a las 23:00, es decir, nueve horas después de su ingreso al nosocomio. Para conocer la versión del hospital, EL DEBER contactó al médico Ramiro Arraya Mier, quien en ese entonces era el director de dicho centro de salud, pero éste se limitó a decir que el caso había ocurrido hace un año y que habían atendido a la joven de inmediato.

Lo siguiente que escuchó Nora fue el diagnóstico de su hija: Georgina tenía severas fracturas en la columna vertebral y necesitaba ser operada con urgencia, pero el SUS no podía cubrir esa cirugía, por lo que la familia debía pagar al menos Bs 60.000. 

Para Carlos, el otro pasante, la tragedia no fue tan grave porque sus heridas en la cabeza, la mano y el codo sanaron con una corta rehabilitación que costó Bs 10.000, de los cuales el supervisor Calle ayudó a pagar Bs 3.000.

Calle aseguró a Nora que también costearía los gastos hospitalarios de Georgina y que incluso le daría un puesto de trabajo al recuperarse. Eso jamás sucedió. A los tres días del choque, sus ahorros se disolvieron. Desesperada por la necesidad de dinero, acudió a Calle para que materializara su promesa, pero él se negó y arguyó que la movilidad siniestrada no era suya. “'¿Cuándo te he dicho eso?, no es mi responsabilidad, es de la empresa Hollweg porque la camioneta es de ellos', así me dijo y me cerró la puerta en la cara”, cuenta Nora.

En medio del ajetreo, la mente de Norah la llevaba a los mejores momentos con su hija. Ambas fueron compañeras de trabajo, pues ella le enseñó albañilería desde muy pequeña y ya en la adolescencia la hizo su ayudante. Tuvieron mucho tiempo para hablar sobre el futuro y recordar lo mal que la pasaron cuando a Nora le detectaron cáncer y lo difícil que las dejó esa enfermedad en lo económico.

“'Ya no vas a trabajar, yo te voy a criar, mamita, no te vas a morir, te voy a comprar una casa, ahí nos vamos a ir a vivir', me decía mi hijita'. Le daba harta pena porque yo trabajaba duro alzando cementos y ladrillos”, recuerda, tras indicar que Georgina trabajaba para ayudar a costear sus estudios y que, a pocos meses de graduarse, el ITA le exigió pasantías con una carga horaria entre 320 y 460 horas. Fue así que tocó las puertas de la consultora en Geología- Geotécnia, laboratorio de suelos y hormigones G.C.G.

Las dificultades en aumento sacaban a Norah de sus recuerdos y la llevaban a la realidad. La familia necesitaba por lo menos Bs 60.000 para el quirófano, los tornillos y los otros costos de operación de la columna, porque el SUS dejó de cubrir los gastos. 

Ellos comenzaron una cruzada para recaudar dinero, a la que se sumaron estudiantes y docentes del ITA con de Bs 7.000 y semanas después el supervisor Calle donó Bs 5.000. Tras reunir el dinero, Georgina fue operada el 10 de junio, pero su salud se deterioró aún así. Ella falleció el 7 de julio a causa de una infección aguda.

“Mi hija se hubiera salvado si la operaban a tiempo, pero yo no tenía de dónde sacar plata. Tampoco tenía plata para sacar su cuerpo por las deudas que acumulamos. Al final nos rebajaron y conseguimos el dinero y ahora mi hija descansa en el cementerio de Limanipata. Estoy endeudada hasta el día de hoy, pero lo que más duele es que no hubo justicia para mi hija”, lamenta secándose las lágrimas.

Georgina junto a su madre Nora

Búsqueda fallida de la justicia

Nora interpuso el 7 julio una querella formal ante el Ministerio Público por “homicidio, lesiones, graves y gravísimas en accidente de tránsito” contra el gerente de G.C.G, Fernando Calle, y el ingeniero de Construcciones y Servicios Hollweg Ltda., Josué Miguel Arévalo, porque está convencida de que la ausencia del SOAT de la movilidad que transportó a los pasantes provocó que a su hija se le restringiera atención médica oportuna y gratuita, lo que derivó en su muerte. Pero la demanda no prosperó.

La investigación duró más de 10 meses. En agosto de 2021, la Fiscalía citó a Calle y Arévalo para declarar, pero en calidad de testigos y no como presuntos autores, aun así ninguno lo hizo, es más, el segundo señala que nunca recibió ninguna citación. En ese tiempo también identificaron a Sergio Galindo Valenzuela como el propietario de la movilidad carente de SOAT, pero no lo llamaron a atestiguar, ni lograron establecer las causas técnicas del hecho de tránsito.

Un tiempo después, la Fiscalía desestimó la causa con dos resoluciones de rechazo. En ambas ocasiones, dos jueces de La Paz dieron al menos dos argumentos centrales para tomar esa decisión: no existen pruebas suficientes para incriminar al chofer fallecido, ni para demostrar la comisión del delito de otros autores que hubieren tenido relación con el hecho.

El abogado que defendía a Nora se hizo a un lado y dejó el proceso. “Solo me pedía dinero y dinero y yo no tenía de dónde sacar”, lamenta la madre. “Lo único que quiero es que se haga justicia, a mi hija la han matado peor que a un perro y ni siquiera hay culpables”, reprocha.

Los pasantes "mañudos"

A un año del hecho, el supervisor Calle afirma que Georgina y Carlos se fueron a Pucarani sin su autorización y que los pasantes a quienes llamó “mañudos” viajaron porque habían hecho un trato de forma discrecional con un ingeniero residente de la obra para la cual trabajaron.

Consultado sobre la seguridad que brinda su empresa a los pasantes, indica que son los mismos estudiantes los que deben adquirir por su cuenta un seguro contra accidentes mediante el ITA y que incluso éste es un requisito para aceptarlos, debido a que dentro de sus tareas técnicas deben realizar viajes. En el caso de los dos jóvenes, ninguno presentó este seguro, razón por la que "estaban suspendidos”, asegura.

No obstante, según el artículo 15 del Reglamento de Seguridad Social son los empleadores quienes deben afiliar a los pasantes a un ente gestor de salud. 

“Las personas que efectúen un trabajo en empresas o instituciones afiliadas a la Seguridad Social como aprendices, pasantes o voluntarios, sean remunerados o no, serán asegurados en base a un salario teórico cuyo monto se determinará anualmente por disposición de la Dirección General de Seguridad Social, el mismo que no podrá ser inferior al mínimo nacional que les correspondería”, establece la normativa nacional.

El supervisor aclara que antes de admitirlos en su empresa les hizo firmar un documento privado donde lo eximían de cualquier responsabilidad en caso de que aceptaran viajar durante el desarrollo de su pasantía porque, según él, no supo del viaje hasta el día en que ocurrió la tragedia, y que todos esos argumentos lo hicieron impermeable ante la justicia.

Calle arguyó que no puede asegurar a los pasantes en la Caja Nacional de Salud porque son estudiantes y que sus trabajadores tampoco tienen seguro. Sin embargo, aseguró que se solidarizó con las familias de los afectados donándoles entre Bs 3.000 y Bs 5.000 para los gastos médicos. Actualmente, su consultora continúa recibiendo a pasantes del ITA.

Empresa GCG de Fernando Calle | Nicole Laura

La empresa G.C.G. tiene la "tradición", detalla Calle, de reclutar jóvenes pasantes del ITA. La misión, según revela, es de vital importancia, pues sin ellos no tendría cómo sostener las jornadas de trabajo que allí se libran día tras día.

“No tenemos personal fijo acá, porque somos una empresa unipersonal, solo tenemos personal momentáneo, aproximadamente 15 personas: cinco excavadores y 10 técnicos”, se ufana y añade: “los que terminan su pasantía y deciden quedarse conmigo, yo les digo aún están estudiando, entonces jugamos con sus horarios, si ellos pasan clases en la mañana tienen un horario en la tarde para ingresar, ese es el manejo que hacemos con ellos, por eso no tenemos personal fijo”.

También es una tradición que lo hagan sin contar con el amparo de un contrato de aprendizaje o de un convenio interinstitucional y a sola presentación de una carta avalada por el ITA, en la cual la entidad académica se limita a solicitar a la empresa un cupo y a informar que su estudiante “se halla habilitado para realizar trabajos competentes a su área”.

“Los estudiantes piden legalmente una solicitud a la institución, ellos traen la carta, yo los acepto y tienen un periodo de prueba”, añade Calle.
 
Georgina cumplió con ese breve trámite y comenzó su primera práctica pre profesional en abril de 2021 sin saber que hacerla en condiciones precarias le costaría la vida.

Documentos de la carpeta de Georgina en el ITA

“La primera semana fue complicada”, recuerda Osiris (nombre ficticio por seguridad), compañero de curso con quien Georgina hizo la pasantía en G.C.G. Detalla que sus tareas consistían en extraer muestras de suelos (hundiéndose si era necesario en pozos de más de tres metros de profundidad) para después someterlas a una serie de pruebas en el laboratorio de Bajo Llojeta.

“Cada pasante aprende diferente, dependiendo de la obra con la que estemos trabajando, por ejemplo, hemos hecho estudios de suelo para Loritas, Impuestos Nacionales, la Alcaldía de La Paz, Alpaquita y otros”, contrasta Calle.
 
Para ejecutar esas actividades, los pasantes tenían incluso que viajar fuera de la ciudad. Aunque hacerlo no era obligatorio y dependía más bien, en palabras de Calle, de sus "ganas de aprender". Osiris viajó una o dos veces a localidades cercanas al Lago Titicaca y casi siempre lo hizo sin la compañía de Calle.

El expasante de G.C.G también precisa que los practicantes solo recibían un “pequeño” estipendio para costear los gastos del refrigerio cuando se desplazaban fuera de la ciudad. “Si no viajábamos, no había ningún pago”, afirma y acota que las pasantías eran de lunes a sábado con una duración diaria de al menos cuatro horas.

Calle usaba un grupo de WhatsApp para preguntar quién se animaba a viajar. Precisamente el 4 de junio, un día antes de que Georgina fuera trasladada a Pucarani, Osiris deslizaba sus dedos por la pantalla de su celular adentro de un minibús cuando de pronto le llegó un mensaje. 

“Era don Fernando preguntando: ¿mañana quién puede estar 07:30?". Osiris quiso contestar “yo”, pero le ganó el cansancio y lo dejó para después. Al llegar a su casa vio que Georgina y Carlos ya habían dicho que irían y que Calle les había contestado: “Listo. Los dos viajarán a Pucarani, los espero mañana en punto”.

Chats del grupo de pasantías del ITA

Escasa supervisión del ITA

Son las 10:30 de la mañana del primer jueves de junio de 2022 y un anuncio pegado sobre un panel blanco revela que en el Instituto Tecnológico Ayacucho (ITA) la tragedia de Georgina provocó que ahora las autoridades exijan un seguro contra accidentes personales a los estudiantes que van a realizar una pasantía.

¿Cuándo comenzaron a exigirlo?, pregunta EL DEBER y la historia de Georgina sale a flote como algo que ha permanecido escondido por mucho tiempo en los recovecos del ITA.

“Hemos empezado a aplicarlo este año a raíz de que algunos estudiantes han sufrido accidentes. Hubo uno grave el año pasado en Construcción Civil en el tema de transporte. Tuvimos la pérdida de una señorita que estuvo trabajando para una empresa, bueno no trabajando, sino haciendo sus prácticas, estaban llevando un equipo de topografía más o menos pesado, se rompieron los frenos de la movilidad, que impactó contra un muro de casa, todo ese equipo fue contra ella en la parte de la espalda y la dañó”.

Dice casi masticando las palabras la rectora del ITA, Mabel Rodríguez, de voz suave, el cabello negro recogido en una coleta y los dedos anulares adornados con anillos plateados. Habla en su oficina del centro académico, donde hay pilas de papeles membretados, dos estampitas de Jesucristo con el corazón descubierto a pleno pegados sobre su escritorio, y un cuadro de Antonio José de Sucre en una pared. 

Al lado, decenas de chicos agolpados en una fila esperan con impaciencia la póliza del nuevo seguro adquirido por un valor de entre Bs 49 a Bs 70.

Que un estudiante sufra un accidente laboral mientras hace una pasantía es una probabilidad real, sobre todo, si sus habilidades tienen que ver con aspectos técnicos, explica a modo de argumentar la iniciativa.

- Entonces, ¿por qué no consideraron este requisito antes?, interroga el medio.

- En el marco de las normas, nos indican que los estudiantes no pueden tener gastos adicionales al pago de matrícula, entonces para no infligir, no hemos tomado en cuenta este gasto adicional, dice la rectora entrelazando los dedos de sus manos.

Mabel Rodríguez, rectora del ITA

Rodríguez trabaja en el ITA desde el 2016. Comenzó como profesora en la carrera de Electrónica, después asumió la jefatura de tres áreas académicas (Construcción Civil, Electrónica y Sistemas Informáticos) y entre junio y julio de 2021 escaló a la rectoría.

La docente asegura que pasantía y trabajo no son sinónimos, y que para dejar claras las diferencias entre una y otra palabra, el ITA sostiene convenios interinstitucionales con empresas públicas y privadas (en los que define deberes y obligaciones de estudiantes y entidades en una práctica pre profesional), y además delega una serie de tareas a los jefes de carrera para evitar que los estudiantes sean tomados como mano de obra gratuita por los empleadores.

“En el proceso de hacer seguimiento, el jefe de carrera habla con el responsable de la empresa al inicio y al final de la pasantía, hace al menos dos visitas, también verifica que las entidades estén legalmente constituidas, y mantiene una comunicación continua con el estudiante en todo el proceso”, explica.

Sin embargo, nada de aquello sucedió mientras Georgina desarrollaba su pasantía en abril de 2019, cuando la ahora rectora era jefa de carrera y la encargada de supervisar a los practicantes.

Rodríguez admite que desconoce la ubicación de la consultora donde Georgina hacía sus pasantías porque nunca visitó sus instalaciones debido a las restricciones de la pandemia, aunque para ese entonces las actividades se habían normalizado, y que por esa razón tampoco supo que una de las actividades de los pasantes era viajar fuera de la ciudad para trabajar con constructoras que contrataban a la consultora G.C.G.

“Como estábamos en pandemia, a este lugar en específico no fui, ese es problema tal vez, que no hemos hecho seguimiento, tal vez me hubiera enterado de las salidas externas, todo ese proceso solamente por rumores lo conozco, son varias las versiones, incluso creo que hay una tercera empresa que nosotros desconocimos totalmente, porque el acuerdo era solo con G.C.G. Eso es algo que no corresponde”, explica.

También afirma que nunca se logró establecer un convenio con la consultora G.C.G pese a que esta recibe pasantes del ITA hace más de seis años, aunque señala que hubo intentos de hacerlo. 

“No tenemos convenio con la consultora, pero es una de las instituciones que ha albergado a muchos de nuestros estudiantes. Al menos desde que yo estoy aquí (que ya son 6 o 7 años) siempre se ha trabajado con esa empresa”, afirma.

¿Por qué no establecieron un convenio con G.C.G si la mayoría de sus estudiantes de Construcción Civil van a esa entidad en busca de pasantías?, consultamos.

“Creo que es por la susceptibilidad de algunas empresas, porque el compromiso que asumen es muy grande, son estudiantes que están haciendo su práctica laboral manipulando equipos que son costosos, también por el tema de accidentes, nuestros jóvenes no siempre están concentrados y es imposible protegerlos constantemente. Pienso que muchas empresas, al menos privadas, evitan esos compromisos para establecer convenios”, responde.

La también técnica en Electrónica está convencida de que la responsabilidad de aventurarse a salir fuera del área local recae únicamente en los pasantes porque “saben que viajar está prohibido”. “Incluso se le dijo a Georgina que no podía hacer su proyecto de grado en Asunta (Yungas) porque era muy lejos. Que ellos acepten algún viaje sin darnos conocimiento de ello es responsabilidad de los jóvenes porque son personas adultas”, asegura para después afirmar: “si hubiéramos sabido, créanme que nosotros hubiéramos rechazado".

Otro de los factores que también dificulta la vigilancia de los estudiantes, dice, son los pocos supervisores que hay en el ITA, pues solo existen dos jefes de carrera encargados de inspeccionar las pasantías de más de un centenar de estudiantes que cursan los últimos semestres.

Unos minutos después, alguien toca la puerta y una muchacha de cabello largo y mirada risueña entra para servir una taza de café y un bizcochuelo de chocolate. “Ella es nuestra pasante de otro instituto”, dice orgullosa Rodríguez y finaliza la entrevista.

Instituto Técnico Ayacucho en La Paz

Hollweg también se deslinda de responsabilidades

Josué Miguel Arévalo, ingeniero de Construcciones y Servicios Hollweg Ltda. y quien la madre de Georgina apunta como responsable en su demanda, intenta minimizar el drama de Georgina y su familia. 

“Preferiría no meterme mucho en esos temas, mi empresa no tiene nada que ver con ese accidente, yo solo estaba colaborando como ingeniero”, dice detrás de un teléfono este empleado que en su cuenta de Facebook figura como gerente general en Construcciones y Servicios Josmaq, exfiscal de obras en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, y exsupervisor de obras en la Alcaldía paceña.

Admite que la empresa Hollweg sí había contratado los servicios de G.C.G, pero desconoce quién es Fernando Calle. También asegura que estaba de viaje cuando ocurrió la tragedia y que por eso ignora de quien es la movilidad que trasladó a los pasantes. 

Consultamos por qué aparece su nombre en los cuadernos de investigación y responde que dieron su número de teléfono cuando los pasantes fueron trasladados al hospital debido a que fungía como ingeniero de la obra donde hicieron sus prácticas. 

"Si buscan conocer más detalles hablen con el encargado de Hollweg, yo no soy el dueño de esa constructora, no tengo nada que ver con el hecho", dice antes de cortar la llamada.

Los nexos en Pucarani

EL DEBER se trasladó al municipio de Pucarani en busca del nexo entre Arévalo y Hollweg. El alcalde Alberto Lucana, electo el 5 de junio de 2021, atiende la entrevista junto al fiscal de obras Samuel Tinco. La autoridad edil describe las características de la obra en la que participó como pasante Georgina.

– Hemos estado revisando las documentaciones. Este proyecto comenzó el 4 de noviembre de 2019, el cual a partir de la firma del convenio tenía 360 días de ejecución, pero hemos tenido algunas dificultades, especialmente por la pandemia que ha sido uno de los factores que realmente ha retrasado la ejecución y por otro lado está el tema de la lluvia. 

Quiero ser franco, hemos encontrado este proyecto con muchas dificultades, no se ha cumplido el tiempo establecido, se ha realizado dos contratos más modificatorios que tienen que cumplirse en 889 días (…) Pero nos han indicado que ya están en las últimas fases, por lo que estarían reiniciando sus actividades. La empresa tendría todo este mes de julio y estarían concluyendo el 30 de julio.

¿Es Josué Miguel Arévalo ingeniero de la obra?

Lucana frunce las cejas y comienza a ojear una carpeta amarilla, pero no encuentra el nombre. Tampoco Tinco lo conoce: “no escuchamos ese nombre (…) lo que sabemos es que el representante legal de la empresa Hollweg es José Enrique Hollweg Antequera”.

Planta de tratamiento de aguas residuales de Pucarani. | Foto Karem Mendoza

A la semana siguiente, el miércoles 6 de julio, este medio regresó al lugar y encontró a unos cuantos metros de la planta de Tratamiento de Aguas Residuales, al ingeniero Arévalo, con la cabeza cubierta por un sombrero plomo de ala ancha y solapa en la parte de atrás, jeans plomizos, y una chompa azul. Su piel es color pan y combina con el sol ardiente que cae sobre nosotros.

Dice que vino hasta Pucarani para presenciar la inspección rutinaria del proyecto que cada miércoles ejecutan los personeros del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Y volvemos a consultarle sobre la relación que tiene con el hecho trágico ocurrido el año pasado.

Arévalo reconfirma que Hollweg contrató a G.C.G, que “era un simple servicio con el laboratorio” por un monto máximo de Bs 500, que la camioneta sin SOAT Tacoma Toyota 3010 DZT no pertenece a la constructora Hollweg, que desconoce el nombre del propietario, que “era un auto que estaba ahí en el campamento dejado por un contratista que fue a Pucarani para trabajar con ellos, pero que al final no trabajó, porque se enfermó, que después se habían enterado que había fallecido”, que “al final la movilidad tampoco estaba a nombre de esa persona”, que el chofer la “agarró” para trasladar a los pasantes porque estaban con equipos pesados, que “fue su error” haber tomado ese motorizado.

Placa de la camioneta accidentada

 A diferencia de lo que nos había dicho en un primer contacto, él sí conocía a Fernando Calle.

- ¿Calle sabía que los pasantes estaban viniendo a Pucarani?
--Claro, él creo que es el dueño, él envió a los pasantes. Claro. Pero no sabía cuántas personas iba a mandar.
-¿Habló con usted?
--Claro, nosotros le dijimos que necesitábamos que venga, pero ya cuántos manda o a quién manda eso ya depende de la empresa, nosotros ya no vemos eso.
-¿Y habló con Calle sobre el accidente?
--Hablé con Fernando después del accidente, me comentó sobre el mismo, no sabía en qué estado estaban, él estaba en camino al lugar del accidente, era cerca a sus oficinas, le pedí de favor que vaya a ver qué había pasado, cuando me dijo después que es de otro color la camioneta pensé que no era de nosotros.

Aunque el recuerdo es débil, Nora dice que en ese tiempo la defensa legal de la firma Hollweg se contactó con ella para intentar conciliar, pero el monto que ofrecía la contraparte no era suficiente para cubrir ni siquiera la mitad del costo de la cirugía.

Arévalo corrobora que sí hubo un contacto interno entre el abogado de Hollweg y la madre de Georgina, pero que la conversación se truncó porque las familias de los accidentados insistieron en que Hollweg era el responsable del hecho trágico, pues estaban convencidos que la movilidad carente de SOAT era de su propiedad.

“Hubo toda la intención de colaborarles económicamente a la familia, la idea era que el abogado vaya, les entregue el dinero y que hagan un arreglo para que también sepan que nosotros les estamos entregando no de forma obligatoria, sino como un acto de desprendimiento, pero se quedó en nada porque creo que al abogado lo amenazaron con temas legales”, relata.

Según el cuaderno de investigaciones, el propietario de la movilidad Tacoma Toyota 3010 DZT es Sergio Galindo Valenzuela, cuya identidad dice desconocer Arévalo.

El documento también arroja que un día después del accidente Mario Alfredo Herrera Miranda adquirió el SOAT de la movilidad. “A mí me llamaron los familiares, nos pedían lo del SOAT, pero no teníamos porque no era nuestra camioneta, averiguando en el sistema se vio que la camioneta no tenía SOAT, así que inmediatamente lo compramos por internet con el número de placa, pero ya no quisieron hacer el servicio, alguien de la empresa compró, intentamos colaborar”, afirma.

Nora contempla a sus muertos en el cementerio de Limanipata | Foto Karem Mendoza

El calvario persiste

La madre de Georgina está sentada en una banca frente al Ministerio de Justicia, allí ojea y ojea un legajo de papeles hasta que encuentra la carta que escribió su hija Paola para pedir asesoría legal, la revisa y llora. Una copiosa lluvia de lágrimas salen de sus ojos marchitos y mancha la hoja que de inmediato la seca con el borde de su blusa blanca y se desfoga: “Quisiera morirme, el cáncer ha vuelto, qué voy a hacer, quisiera morirme de una vez, tanto trámite tengo qué hacer, ya no puedo más, para los pobres no hay justicia”, se amarga y frota el bulto maligno de su cuello.

Dos semanas después, visita acompañada de este medio la tumba de su hija en el cementerio de Limanipata, cargando un aguayo mil colores donde guarda un manojo de claveles blancos y amarillos. Sus pies la conducen por un camino de tierra hacia el nicho de Georgina, pero su cabeza va en otro trayecto: el de los recuerdos.

En cuanto llega, suelta el aguayo y cae rendida ante el sepulcro, como si su cuerpo hubiera librado una carrera olímpica que la ha dejado sin aliento. Ve la cruz que sostiene el nombre de su “chachi”. Y llora, llora, llora arañando la tierra, alejando la paja brava, y ruega.

“No sabes cuánto te extraño, en todo momento lloro hijita. Ayúdame a solucionar, a tocar a Don Fernando, a esa empresa, cuídame desde allá. Me has dejado sola, tú me has dicho un día no me vas a faltar, mamá, pero mirá ha sido al revés, tú te has ido primero, nunca pensé que una pasantía me iba a quitar a mi hija”.

Georgina descansa en el cementerio de Limanipata | Foto Karem Mendoza

Esta investigación fue realizada en el marco del Fondo Concursable Spotlight XII de Apoyo a la Investigación Periodística en los Medios de Comunicación que impulsa la Fundación para el Periodismo.

EL DEBER publicará en los siguientes días los capítulos siguientes sobre la normativa nacional y otras víctimas de estas prácticas.