La pelea entre Evo y Luis Arce revela manipulación judicial; el fiscal calla

La pelea en el MAS salpicó a la justicia y puso a flor de piel la manipulación ejercida desde el poder político. Ayer, en el inicio de la semana laboral, ambas facciones se acusaron, por ejemplo, de pactar e “imponer” decisiones vinculadas con los procesos legales planteados contra la expresidenta Jeanine Áñez y con la anulación de los 12 expedientes del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa. Al respecto, el fiscal general, Juan Lanchipa, no se había pronunciado hasta ayer.

Primero fue Evo Morales, quien denunció con insistencia un presunto “pacto” entre “algunos magistrados prevaricadores” con el Gobierno para inhabilitarlo como candidato a la Presidencia a través de una “estrategia” que congele, por tiempo indefinido, la elección de este año de las 26 autoridades de los altos tribunales del país.

Al mismo tiempo, el expresidente y varios de sus seguidores denunciaron un acuerdo para liberar a Reyes Villa de sus procesos legales en tribunales ordinarios, alguno de ellos con sentencia. Con ello, el alcalde valluno puede postularse como candidato en las próximas elecciones. “El tiempo lo dirá, por el momento está dedicado a la gestión”, declaró ayer Mauricio Muñoz, secretario de Finanzas de ese municipio y uno de los colaboradores más cercanos del alcalde. “Seguramente, Manfred se jubilará como servidor público”, añadió el secretario.

Por su lado, el ministro de Justicia, Iván Lima, le pidió a Evo que se contacte con él para debatir “de manera constructiva”. Además, “tiene mi número y me puede llamar”. Luego, pero sin hacer referencia al expresidente, el ministro advirtió que no tolerará acusaciones sin que haya pruebas.

“Un contubernio es un delito, es una organización criminal. Exijo a esas personas (que están acusándome) que vayan a los tribunales, que lleven sus pruebas y lo demuestren. Ya no vamos a tolerar ese tipo de actitudes. Que vengan a decir que el Ministro de Justicia está en un contubernio con el Tribunal Constitucional es un delito. No tengo acuerdo ni contubernios con el Tribunal Constitucional”, enfatizó la autoridad tras ser consultado sobre la postura del Órgano Ejecutivo con relación a Reyes Villa y las razones por las que se mantiene el juicio por la vía ordinaria contra Áñez.

El DEBER tomó contacto con varias fuentes allegadas al partido gobernante. Una de ellas recordó que Evo fue quien “se impuso” ante el Gobierno de Arce para que la exmandataria transitoria responda en un juicio ordinario y no de responsabilidades por las decisiones asumidas durante su gobierno y que provocaron las masacres de Sacaba y Senkata en 2019.

La fuente consultada reveló que entre el 7 de mayo y mediados de julio de 2022 se produjeron varias reuniones semanales, no precisó cuántas, en Cochabamba y en la población de Sacaba, vecina de esa capital departamental, para “coordinar y recuperar la unidad” entre el partido y el Gobierno.

Las reuniones se realizaron sin mucha difusión ni dieron como resultado anuncios públicos. Eso sí, circularon fotos en las que, por ejemplo, el ministro Lima participa en una reunión con Evo. “Esta reunión hoy sería imposible”, afirmó. Varios ministros participaron de estos encuentros, incluso Edmundo Novillo y el titular del Senado, Andrónico Rodríguez, quien mantuvo un perfil bajo respecto a las tensiones y fracturas del MAS.

“Allí se presentaron los juicios de responsabilidades sobre Senkata y Sacaba. Evo se impuso y ha logrado que vaya a la vía ordinaria”, declaró ayer la fuente consultada. Para entonces, el juicio de responsabilidades contra Áñez ya había sido enviado por el fiscal general, Juan Lanchipa, a la Asamblea Legislativa. Evo, en sus programas dominicales de los domingos, alentaba un juicio sin privilegios contra la exmandataria y el MAS, en el Legislativo, aprobó en la instancia de comisiones todos los procesos pendientes para que sea tratado el caso en el pleno.

El vicepresidente del MAS, Gerardo García, reveló ya el año pasado que esas reuniones “de coordinación” estaban marcadas para tratar el caso Áñez. “Este sábado (18 de junio de 2022) vamos a retomar nuevamente esas reuniones para tomar una decisión; si será un juicio de responsabilidades o será un juicio ordinario. Será una reunión con el presidente y vicepresidente, nuestro hermano Evo Morales y nuestros dirigentes nacionales van a estar en esa reunión para poder analizar y evaluar. Se ha dado la tarea para poder evaluar con las organizaciones sociales y con sus abogados que se pueda hacer una propuesta más clara”, dijo entonces Gerardo García a los medios de prensa.

En medio de este fuego cruzado, el diputado Beto Astorga, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), señaló que lo que se ve en la justicia es el resultado de un largo proceso de “manipulación y desinstitucionalización” del Estado. “Hay que recordar a Evo Morales que esos magistrados han sido electos en su gestión; esos magistrados le responden a él. Lo que dice es una cortina de humo. El sistema judicial responde siempre en su favor y es por eso que hasta ahora no tiene ni un solo proceso legal en su contra; hay denuncias sobre narcotráfico y corrupción y él siempre ha estado protegido. El Tribunal Constitucional no ha modificado su decisión sobre la reelección indefinida a pesar de que existe jurisprudencia internacional que la anula”, cuestionó.

El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) consideró que el Tribunal Constitucional “está sobrepasando las competencias legislativas y judiciales” con miras a las próximos comicios de las autoridades judiciales, un proceso congelado precisamente por un fallo de esa instancia.

Antes de la ruptura interna en el MAS, el Tribunal Constitucional declaró que Morales no debió ser inhabilitado para candidato a senador en los comicios de 2020 y ordenó la indemnización económica por daños civiles y judiciales. La sentencia 087/2021 está disponible en el portal electrónico de esa institución y se cumplió.

Respecto a los procesos legales contra Reyes Villa, ayer, el viceministro de Justicia, César Siles, afirmó que “el Tribunal Constitucional ha determinado que al haberse iniciado procesos al señor Reyes Villa por su actuación como prefecto de 2006 a 2008 correspondía aplicar la normativa vigente de esos años”. El argumento no cayó bien en el MAS.

La exministra y actual embajadora de Bolivia en España, Nardi Suxo, dijo estar “sorprendida por el desconocimiento de derecho del que hizo gala” Lima con relación a los juicios a Reyes Villa.