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Fue una jornada violenta. La Policía ejecutó ayer una “acción directa” para detener al periodista Carlos Quisbert, del diario paceño Página Siete, en una jornada en la que también resultaron heridos dos miembros de un equipo de prensa de la agencia internacional Reuters TV, por efecto de la detonación de un explosivo durante una acción policial ejecutada para dispersar una protesta cocalera.

A las 11:30 de ayer, un contingente la Unidad de Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) dispersó a productores de coca que rechazaron a su nueva dirigencia, mientras otro grupo de efectivos se trasladó a la clínica San Francisco de Asís, donde era atendido el dirigente Armin Lluta, quien apareció golpeado, luego que sus allegados denunciaron un posible “secuestro”.

Montados en motocicletas, el grupo policial avanzó por la calle donde está el centro de salud. Varias mujeres, entre ellas la madre del dirigente, se pusieron de rodillas. Quisbert, de Página Siete, estuvo siguiendo de cerca esos sucesos, pero fue violentamente detenido y enmanillado por los policías que estaban a cargo del operativo. El comunicador denunció que fue atropellado por una motocicleta policial y luego fue obligado a subir a una camioneta, donde fue gasificado. “Esas son prácticas represivas empleadas en conflictos armados”, dijo.

El periodista fue liberado, pero poco después volvió a ser arrestado bajo el justificativo de una “acción directa”, un protocolo policial que se ejecuta cuando existe un delito en flagrancia. Fue trasladado hasta las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Su arresto duró cinco horas, tiempo en el que un oficial de la policía presentó una denuncia penal contra Quisbert. Fue acusado de agresiones, sustentadas en un informe forense de dos días de impedimento y daño a propiedad del Estado. “Me acusaron de dañar la motocicleta que me atropelló”, aseguró el periodista.

La directora de Página Siete, Mery Vaca, informó que anoche la Fiscalía emitió una resolución de desistimiento, “de manera que no continuará con este caso”.

“Hemos recibido esa buena noticia, pero consideramos que es un antecedente muy nefasto para el trabajo de los periodistas y para la libertad de expresión. El Gobierno debería asumir una actitud crítica ante este hecho y sancionar al policía que incurrió, primero en el atropello, y luego en una denuncia basada en mentiras contra nuestro compañero Carlos Quisbert”, señaló Vaca.

Por su lado, el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, condenó ayer estos “abusos de poder contra los periodistas” y contabilizó “cinco agresiones en solo tres días contra periodistas del país”. Así, lamentó que el viernes, en la inauguración de la Expocruz, un fotoperiodista de EL DEBER fue “vergonzosamente violentado y apartado por los agentes de seguridad del presidente Luis Arce, cuando estaba cubriendo ese evento oficial”.

Luego, “el lunes por la noche, personas afines al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, agredieron a dos colegas de Opinión y ahora tenemos que lamentar las agresiones de la Policía contra Carlos Quisbert y dos periodistas de la agencia internacional Reuters Tv”, Santiago y Sergio Limachi, que estaban en la cobertura de la manifestación cocalera en inmediaciones del hospital donde Lluta fue atendido.

“El Gobierno, las autoridades, tienen que entender que sin libertad de expresión no hay democracia y estos sucesos, lamentables y vergonzosos, son regresivos para el ejercicio de las libertades ciudadanas”, afirmó Pedro Glasinovic en contacto con EL DEBER.

Además, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (Acpi), a través de sendos comunicados, demandaron garantías para el ejercicio de la actividad periodística en el país.


Alegatos

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, afirmó ayer que el trabajo de la prensa “está garantizado en todos los rincones del país”, mientras que la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, estuvo en las dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para conocer la situación de Quisbert, cuando estuvo en calidad de arrestado.

“Los trabajadores de la prensa pueden cumplir con su trabajo y hemos garantizado el ejercicio. Ahora, en este momento, lo que repudiamos es que vengan agresiones de cualquier lado”, señaló.

Los incidentes de ayer también motivaron la inquietud en la comunidad internacional y el rechazo de actores políticos tanto del oficialismo como de oposición.

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