La principal ruta de la trata de personas pasa por seis países del sur y las víctimas pagan ‘multas’

La principal ruta de la trata y tráfico de personas inicia en Venezuela y termina en Chile. Estos tristes pasos también pasan por Bolivia y son silenciados por amenazas. Un 85% de las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual que pasan por seis países de Sudamérica son venezolanas. Ellas son explotadas sexualmente en Chile, Bolivia y Perú, donde llegaron con engaños y promesas de días mejores.

Las mafias se expanden y abren sus tentáculos. Una de las más peligrosas es la banda criminal venezolana el Tren de Aragua, que se apoderó del norte de Chile y del centro de Perú y se dedica a la trata y tráfico de mujeres con fines de explotación sexual como su principal fuente de ingresos, incluso más que el tráfico de drogas.

Una de sus facciones empieza a crecer. Se llama “Los injertos del Tren de Aragua” y es una banda que asentó en el centro de Perú y que es parte del recorrido de las víctimas de trata. Esta filial está compuesta por venezolanos, colombianos y peruanos y están en pleno crecimiento hacia el lado boliviano, según informes de la Policía de Perú. Hace unos días fueron capturados 61 miembros de esta banda en Lima.

Esta banda es una de las que utiliza la ruta de la trata desde Venezuela hasta Chile. Pasan por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, países donde tienen presencia o emisarios para hacer seguimiento a las víctimas.

“Las rutinas de la semana eran asquerosas. Me tenían unos tipos asquerosos. Estar en esa plaza (cuarto), esa plaza asquerosa. Tenía que hacer dinero: 300.000 pesos (chilenos) diarios. (3.000 bolivianos). Pero yo no era capaz de hacer ni 100.000 pesos”. Ese es el testimonio de una joven venezolana, de 20 años, que logró escapar de sus captores tres días antes de la Navidad del año pasado. Su historia en Chile comenzó a fines de noviembre de 2022, cuando cruzó la frontera por un paso irregular desde Bolivia. Hoy, ella está en Chile con ayuda psicológica y se estudia llevarla a su país.

Ella es Ana (nombre ficticio). El 1 de diciembre llegó a Santiago. Ese día estaba en la plaza central de esa ciudad cuando se le acercaron dos hombres que le preguntaron si era “la multada de Luis Lavilla”. La multa es el dinero que las redes de trata de personas les cobran a las extranjeras que traen a Chile por los costos del viaje. Y a ellas les dicen las multadas.

El viaje hacia Chile es a través de pasos irregulares por todo el continente. A Ana le cobraron una multa de cinco millones de pesos, un aproximado de 50.000 bolivianos. Su periplo partió en Venezuela y siguió por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, desde donde la cruzaron a Chile.

Desde la cárcel

Luis Lavilla es el apodo de un venezolano que cumple prisión preventiva en la cárcel Santiago desde julio de 2022. Desde ahí dirige una banda criminal dedicada a explotar sexualmente a mujeres jóvenes. Ana fue una de sus víctimas. Eso hasta el 21 de diciembre, cuando ella logró escapar y fue a presentar la denuncia a la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Esa denuncia ayudó a que la Fiscalía chilena pueda seguir la investigación. El 28 de noviembre, un operativo de la PDI en la Plaza de Armas de Santiago había detectado que una adolescente de 17 años estaba siendo obligada a prostituirse. Ella fue la primera víctima rescatada. Ella también hizo el mismo periplo de Ana. Salió de Venezuela y pasó por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia antes de llegar a Chile. También pagó una multa, pero lo hizo con su mismo “trabajo”.

Las víctimas explotadas con la prostitución a pesar de sufrir los abusos y la privación de libertad, también son sometidas en Chile y Perú a pagos elevados para sus captores. La fiscal superior especializada en delitos de trata de personas en Perú, Rosario López, explicó en un seminario en Lima que las mujeres explotadas sexualmente son sumergidas en un nuevo esquema conocido como “multas aplicadas”.

Con esta modalidad, según López, las víctimas no solo deben pagar precios altos por el dinero invertido por sus captores en traslados, tramitación de documentos, gastos de subsistencia, alojamiento, alimentación y materiales de aseo sino también por diversas multas que se les aplica durante el trabajo sexual obligado.

En Perú, y en menor cantidad en Chile, hay víctimas bolivianas. Ellas son enviadas a centros mineros donde son explotadas sexualmente. Les ofrecen trabajo en rubros como limpieza, niñeras o cocineras, pero al final son obligadas a la prostitución.

“Lo que le interesa a la Policía Boliviana es desbaratar este tipo de circuitos o esquemas que se propician a partir de ciudadanos que están captando, especialmente a menores o a personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad”, detalló el subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Juan José Donaire.

Luego de pasar por Colombia y Ecuador, las víctimas, según informes policiales de Chile y Perú, son explotadas sexualmente primero en el país peruano, donde se logró verificar que el 85% de las víctimas extranjeras de trata de personas son venezolanas. En ese mismo documento se muestra que el 6,27% de víctimas son de nacionalidad colombiana, el 4,43% de origen ecuatoriana y el 2,21% provienen de Bolivia.

En Chile no hay porcentajes concretos, pero una mayoría de este tipo de víctimas son de origen venezolano. En el norte de ese país se registraron a mujeres bolivianas que fueron expuestas por mafias internacionales en espacios digitales