La Procuraduría pide investigar a obispos de 2019; Fiscalía dice que tienen fuero

La Procuraduría General del Estado ha puesto en la mira a los obispos que fueron parte de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) en noviembre de 2019, cuando esta entidad religiosa viabilizó el diálogo para resolver la crisis política de entonces. Se trata del caso ‘Golpe I’ y el delito principal que se investiga es “terrorismo”.

Frente a estas pesquisas, el MAS reclamó mayor celeridad y que se active una “alerta migratoria” para “todos los que participaron” en la configuración del gobierno transitorio de la expresidenta Jeanine Áñez. El Gobierno y el partido oficialista niegan la existencia legal de esta administración estatal.

El memorial de la Procuraduría data del 30 de enero. A través de este documento se solicitó al fiscal Omar Mejillones, encargado de investigar el caso ‘golpe I’, citar a declarar a los integrantes de la CEB. El mismo memorial solicita la convocatoria de las personas que supuestamente recibieron y depositaron dinero a cuentas de Luis Fernando Camacho, también en el contexto de la crisis de 2019.

“Señor fiscal, con la finalidad de obtener mayores elementos de convicción, al amparo del Art. 306 de la Ley 1970, reiteramos las siguientes diligencias investigativas. Al amparo del Art. 193 del Código de Procedimiento Penal, ofrecemos la declaración testifical de las siguientes personas”, señala el memorial y coloca una lista de 10 nombres que deberían ser convocadas en los próximos días.

En la misma lista está monseñor Ricardo Centellas Guzmán, quien era Vicepresidente de la CEB en 2019; Aurelio Pesoa Ribera, quien fue Secretario General episcopal; monseñor Giovani Édgar Arana, el obispo auxiliar de El Alto en 2019, y finalmente al padre, José Fuentes Cano, quien fue Secretario General Adjunto de la CEB.

El 2 de febrero, el fiscal Mejillones acusó la recepción del memorial de la Procuraduría y recordó que los nuncios de la Iglesia gozan de fuero en el Estado y que los peticionarios tienen la posibilidad de explicarse en su memorial, antes que la Fiscalía los convoque.

“En relación a los representantes de la Iglesia Católica, se debe ver que estos son considerados misiones (nuncios), el impetrante deberá tomar en cuenta el art. 195 del CPP (Código de Procedimiento Penal), y pronunciarse al respecto previa citación”, puntualizó el memorial del fiscal Mejillones.

La revisión de la normativa nacional permitió conocer que el artículo 195 del Código de Procedimiento Penal prohíbe que los fiscales puedan citar a declarar a altas personalidades del Estado y misiones diplomáticas. La jerarquía eclesial es considerada una misión diplomática del Estado de El Vaticano y por tanto, se tendrá que establecer dónde declararán los prelados en este proceso.

EL DEBER constató la veracidad de los documentos a los que accedió verificando el código QR que está en las páginas. El enlace mencionado deriva al programa “justicia rápida” que es un portal habilitado por la Fiscalía General del Estado para querellantes y abogados de las causas.

En la CEB informaron que hasta ayer no habían recibido ninguna convocatoria. Del mismo modo, desconocen la existencia de un llamado de la justicia para que declaren por el papel que jugaron en noviembre de 2019.

El 16 de junio de 2021, la CEB entregó un informe dirigido al Papa Francisco y a la Fiscalía sobre su participación en la crisis política de octubre y noviembre de 2019. Revelaron las negociaciones en la Universidad Católica antes de la asunción de Jeanine Áñez a la Presidencia del Estado, pero con el objetivo de pacificar el país.

Pero, además, el memorial contempla el pedido de convocatoria a seis personas que fueron mencionadas por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, en su presentación del 4 de enero. En esa oportunidad, la autoridad enunció una lista de las personas que recibieron y entregaron dinero a las cuentas de Camacho.

La lista está integrada por Rosa Camacho Cirbián, Miguel Ángel Navarro, Vivian Velarde Ortiz, Lorgio Pérez Peña, Verónica Escalante Arteaga y Rómulo Arrazola Pérez. Todos supuestamente recibieron y depositaron dinero a cuentas del gobernador, quien en 2019 fue dirigente cívico.

“En relación a los demás nombrados, se extienda las citaciones que señala sea bajo los alcances del art. 193 del CPP”, refiere la respuesta del fiscal a esta petición.

Ayer, durante la sesión de la Asamblea de la Cruceñidad, hubo señales de preocupación por lo que se considera persecución política. El nuevo presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, recordó que el cabildo del 25 de enero le dio un mes al Gobierno para frenar la persecución con una anmistía, se investiguen todos los sucesos de la crisis de 2019 y se libere a los “presos políticos” que serían cerca de 200.

El diputado Juanito Angulo (MAS) señaló ayer que el caso ‘Golpe I’ debe esclarerse, estableciéndose las responsabilidades por las muertos en las masacres de Sacaba y Senkata. Este proceso fue transferido a la justicia ordinaria y no habrá juicio de responsabilidades para poder esclarecerlo.