El MAS minimiza la modificación del reglamento de la Asamblea para ajustarlo a la medida de su bancada. Aseguran que la justicia no es servil a su partido. La oposición los considera fundamentales

7 de noviembre de 2020, 21:37 PM
7 de noviembre de 2020, 21:37 PM

Todas las fuerzas políticas coinciden en que la reconciliación del país es prioritaria en la agenda del gobierno de Luis Arce. Pero, las señales que ha emitido el MAS, incluso antes de que su binomio sea posesionado, impone dos condiciones: que reincorporen los dos tercios para todas las decisiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que se genere un cambio en el sistema de justicia.

Todo en menos de cinco años. Un referéndum que por más del 50% le dijo no a la reelección indefinida de Evo Morales, una elección con fraude denunciado por la OEA, que llevó a la renuncia y salida del país del exmandatario. Y, en octubre reciente, la balanza se inclinó nuevamente hacia el MAS, a través del voto con otros actores: el economista Luis Arce y el indigenista David Choquehuanca, como presidente y vicepresidente.

El escenario político ubica a Bolivia entre la de “los sectores sociales y sindicales, frente a la de los pititas”. “La de la izquierda contra la derecha”. La de “los ricos contra los pobres” muestra un país polarizado. Pero ninguna de las partes reconoce a la otra y eso arriesga la democracia.

La reconciliación es un tema que, según el vocero del MAS, Sebastián Michel, es parte de la agenda del nuevo gobierno.

“Necesitamos un clima de reconciliación, de calma. Eso no significa que gente individual que ha sido afectada por el gobierno de transición pueda iniciar acciones judiciales”, dijo.

De esta forma, descartó cualquier posibilidad de que Luis Arce promueva una tregua judicial. “Quien fue extorsionado, al que metieron a la cárcel injustamente, los que fueron extorsionados, tienen derecho a seguir adelante con sus acusaciones y juicios”.

El exministro de Gobierno Arturo Murillo remarcó que buscar la reconciliación es prioridad y destacó que cree que “está al menos en la intención de Luis Arce y David Choquehuanca”. Sin embargo, no está en la agenda de Evo Morales, “quien piensa que el único que puede gobernar Bolivia es él, y solo le interesa destruir a los nuevos mandatarios, aunque son de su mismo partido”.

Acotó que Morales controla la Asamblea, porque el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y sus colegas Leonardo Loza y Patricia Arce “son influyentes parlamentarios que no estaban en la lista y llegaron ahí como cuota suya, porque él no pudo”.

Se preguntó si es que Arce se someterá o tendrá la capacidad de enfrentar a Morales y a los cocaleros. “La verdadera oposición del presidente no estará en CC o Creemos, sino en su partido”.

Reiteró además, por el anuncio hecho por el mismo Evo Morales y por comunicados firmados por líderes de sectores sociales que se conocieron la anterior semana, existe el peligro de que se generen milicias armadas en la zona cocalera que lleven al país a una guerra civil.

Sebastián Michel respondió que hubo ministros, Murillo entre ellos, que no entendió que el monopolio exclusivo de armas lo tienen las FFAA y la Policía.

“Los que tienen ese monopolio deben madurar. Las armas del Ejército son para defender la soberanía del país contra la potencia extranjera que nos quiera invadir, no para ser abusivos y matar al pueblo. La Policía debe entender que las armas son para perseguir delitos, no para disparar contra hermanos”, argumentó.

El vocero complementó que si se habla de milicias armadas, tiene referencia de que la denominada Resistencia Juvenil Cochala es una de ellas, pero Michel no se refirió a los sectores sociales afines al MAS que en agosto recorrieron la localidad de Yapacaní en motocicletas, portando armas largas y gritando guerra civil.

“Yo conozco tres o cuatro grupos que sí son milicias armadas, que tuvieron en sus filas a gente de la Policía y el Ejército y lograron sacar armamento de algunos lugares. Ellos deben ser desarmados a la brevedad, y toda persona que porte armas debe ser sancionada”.

Durante las protestas de octubre y noviembre del año pasado fueron detenidos en Montero un miembro de las Farc colombiana que fue acusado de promover enfrentamientos y de entrenar militarmente a miembros de los sectores afines al MAS. En esa oportunidad dos cívicos murieron abaleados en el barrio Cofadena.

El diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara Baja, Carlos Alarcón, señaló que un proceso de reconciliación es impensable si es que el gobierno de Arce no revierte la herencia de los dos tercios del MAS de Evo Morales, que impuso la mayoría absoluta para decisiones claves en ambas cámaras. “El nuevo Gobierno, sin asumir, tira por la borda la legitimidad que ganó en las urnas”.

Acotó que “lo de los dos tercios no es solo un tema formal ni administrativo, sino una gravísima señal de autoritarismo donde el 55% de la población que votó por el MAS genera un gobierno que quiere imponerse a la mala al otro 45% que encomendó un efectivo trabajo de equilibrio de minoría, para fiscalizar el trabajo del Ejecutivo”.

El jefe de bancada de Creemos en Diputados, Erwin Bazán, coincidió en que es un tema vital y que sin ese reconocimiento, la Asamblea elimina la representación de prácticamente la mitad de los bolivianos en el Parlamento. La CPE dice que el pueblo delibera y gobierna a través de sus representantes.

“Pero si esa representación no tiene capacidad efectiva de toma de decisión a través de los dos tercios, es gravísimo, y no permitiremos que se inicie la gestión legislativa sin el reconocimiento pleno de los dos tercios, y además vital para la reconciliación”, dijo.

Michel, por su parte, apuntó que es cuestión de reglamento. “La gente no está preocupada por ver qué pasa en la Asamblea, sino porque perdió el trabajo, quiere bonos, créditos”.

Admitió que el único tema sensible son los ascensos de militares y policías a generales. “Pero, es mejor que se haga por mayoría absoluta en vez de decreto, como se hizo en la presidencia de Áñez”.

El vocero del MAS dijo que la justicia debe tener un proceso de transformación profunda, pero no cree que sea un aparato manejado por el MAS. “En el último año hubo muchos abusos y persecución, y el Estado debiera dejar eso a los particulares. Repito, los ministros que participaron en masacres serán procesados por las víctimas” .

Sin embargo, desde que el MAS ganó, la justicia ha levantado órdenes de aprehensión contra exministros, y liberó al expresidente Evo Morales por el fraude y por el caso video, e incluso a afines al MAS acusados por narcotráfico. Alarcón señaló que la justicia nunca dejó de ser servil al MAS, y eso genera confrontación.