El trabajo que inició el Ministerio de Justicia y su consejo de nueve notables asesores es respaldado por Comunidad Ciudadana y por Creemos. Sin embargo, hay un grupo en el oficialismo que no está convencido

8 de diciembre de 2020, 15:41 PM
8 de diciembre de 2020, 15:41 PM

Fuera de todo pronóstico, mientras el Gobierno conformó un grupo de especialistas para plantear una reforma a la Constitución que abra la posibilidad de ir a un referéndum que se realizaría el 7 de marzo para cambiar la justicia, junto a las elecciones subnacionales, ahora surgió una corriente dentro del MAS en la Asamblea Legislativa que se opone a esa posibilidad, pese a que la idea cuenta con el apoyo de los opositores Comunidad Ciudadana y Creemos.

Las modificaciones constitucionales que pretende el Ejecutivo sobre la justicia a través de un referéndum, no tienen tiempo de ser plasmadas, dijo el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Renán Cabeza (MAS). En su criterio, es necesario respetar la decisión del pueblo boliviano que eligió la forma de designar a los jueces.

Si se modifica la Constitución Política del Estado, la Asamblea debe emitir una ley de reforma. El planteamiento del ministro de Justicia, Iván Lima, es que se haga en los artículos referidos a la elección de autoridades judiciales por voto popular, en la selección de jueces y fiscales independientes. En eso coincidió el consejo de notables que comenzó su trabajo la semana pasada.

Ese grupo de abogados debe definir el futuro de dos instancias, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental. Por lo tanto, debe presentar una propuesta de cambios en los artículos de la CPE que se refieren a ellos.

Entonces será el turno de la Asamblea Legislativa que deberá aprobar la norma, que luego debe ir a control ante el Tribunal Constitucional y, de ahí, pasará al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para que se realice el referéndum.

Entonces creo que los tiempos no nos darán para el 7 de marzo, pero seguiremos debatiendo. Debemos actuar con prudencia, no debemos acelerar nuestros pasos”, dijo en conferencia de prensa el diputado Cabeza.

El legislador añadió que hasta el momento, como legislativo, no han recibido el anteproyecto de ley y la primera comisión que tratará el tema es la de Justicia, porque los cambios en el orden judicial les corresponde. Luego la comisión revisará si los cambios propuestos vulneran la Constitución en un debate abierto.

El miércoles, nueve personalidades del derecho que analizan los cambios se reunirán en el Ministerio de Justicia para presentar las propuestas sobre estos cambios. El ministro de Justicia, Iván Lima, también puso a disposición su correo electrónico para que sus colegas abogados hagan llegar propuestas sobre cómo mejorar la justicia en el país.

Fuentes del partido oficialista, que prefirieron no identificarse, señalaron que se generó un debate interno porque, de hecho, hay sectores del MAS que ven la elección de autoridades judiciales como un logro del gobierno de Evo Morales, aunque las elecciones realizadas tuvieron muy poca participación ciudadana y recibieron severas críticas de analistas y de los opositores.

El senador del MAS Félix Ajpi manifestó que la bancada acordó con el ministro de Justicia, “y fue por eso que él conformó su equipo de expertos en materia constitucional. El plan está en tiempo para que nosotros aprobemos la ley de reforma antes del receso”.

Aseguró que el MAS respetará el cronograma para que el referéndum se realice junto a las elecciones subnacionales, para evitar un gasto inútil al Estado, si se lo hace de forma independiente.

El ministro Lima, cuando se le consultó sobre este tema, manifestó en primera instancia que respeta absolutamente la independencia de poderes, así que la posición de la Asamblea Legislativa “debe consultarse al vicepresidente del Estado, el hermano David Choquehuanca, él es quien tiene la palabra oficial”.

Sin embargo, Lima resaltó que el trabajo de la comisión de expertos continuará “abreviando el tema técnico, pero el tratamiento de una ley es atribución del Legislativo, que lo consideren o no es una decisión independiente”.

Lo que espera Lima, según su declaración a este medio, es que esas decisiones estén sujetas a la urgencia, no del Ejecutivo, sino del pueblo boliviano.

“Las tres fuerzas políticas que disputaron las elecciones del 18 de octubre prometieron un cambio en la justicia, no en años, sino de forma inmediata. Ese es un mandato que el pueblo nos dio a los políticos, dijo.

Volvió a subrayar que no tiene sentido esperar indefinidamente. Bolivia atraviesa una crisis económica. “Una elección tiene un costo de Bs 243 millones para realizar un referéndum no puede ser programado ahora con la facilidad que tuvimos en el pasado”.

Aseguró que un referéndum, junto a las subnacionales, costarían alrededor de Bs 5 millones. “La diferencia es muy grande, nos ahorraríamos Bs 238 millones si se adopta mi idea, pueden ser muy bien utilizados en mejor salud, mejor educación e, incluso, mejor justicia”, afirmó.

El líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, “le tomó la palabra” a la propuesta del ministro, y apoya la idea de que el referéndum se realice “cuanto antes”.

Si bien en un principio Creemos había manifestado sus dudas y desconfianza, cambió y ahora la apoya. La bancada parlamentaria trabaja en una propuesta dirigida a una reforma estructural para “limpiar todo el Órgano Judicial” porque de “nada serviría cambiar el método de selección de los jueces si continúa la misma gente”, informó la senadora Centa Rek.

Su propuesta la hará conocer al ‘Consejo de Notables’ conformado por el Ministerio de Justicia. Parte de la premisa que los cambios para abrir la Constitución deben ser responsables y con todas las salvaguardas posibles. Lo segundo es pensar en un cambio de fondo en el Órgano Judicial, poniendo a magistrados, vocales y jueces que tengan una amplia formación profesional, que sea proba, de conducta ética probada y sin denuncias en su contra.

Romero

Consultado sobre el tema, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, señaló que, si se cumplen todos los pasos legales, el ente electoral pondrá en marcha el referéndum.

El tema de la posibilidad de unir el referéndum sobre la justicia con la elección subnacional está sujeto al cumplimiento de plazos y de procedimientos de un referéndum de reforma constitucional, dijo a los medios. Por lo tanto, “el TSE aguardará el desarrollo de los acontecimientos y que se cumplan con los plazos y procedimientos para que esta posibilidad pueda concretarse”.

Romero complementó que al ser una consulta de reforma constitucional tiene sus propias reglas, plazos y procedimiento. Implica también reunir un cierto umbral para la aprobación de las preguntas, etc. Por lo tanto, para que pueda desarrollarse en cualquier fecha debe cumplirse con todas las etapas, con la participación de todos los actores que tienen que pronunciarse, “incluyendo por ejemplo el Tribunal Constitucional, afirmó.

Cuando se le preguntó sobre cuál sería el plazo máximo para incorporar este referéndum, señaló que eso sería ingresar en un terreno de especulaciones. “El TSE aguardará que se cumplan plazos y procedimientos para ver la posibilidad de que se realice de manera simultánea, un referéndum de reforma constitucional con la elección subnacional. Es importante que todos los procesos cumplan con la debida legalidad, para obtener resultados legítimos”.

El ministro Lima destacó esa declaración, y dijo que “cada quien debe hacer su parte en esto”.