La secretaria ejecutiva de la CIDH está en Bolivia para evaluar cumplimiento de las recomendaciones del GIEI, una de ellas es la reforma judicial
Los expertos detectaron masacres, ejecuciones sumarias y vejaciones por parte de funcionarios vinculados al MAS
La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Tania Reneaum Panszi, llegó al país para activar el seguimiento de las recomendaciones que hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre la crisis política de 2019.
El grupo investigó la violencia que afectó al país entre septiembre y diciembre de 2019 y en su informe consideró “que el sistema de justicia en Bolivia necesita reformas para que sea independiente, transparente y capaz de impartir justicia a todos los ciudadanos”.
El informe señaló, además, “que magistrados, magistradas y fiscales están expuestos a presiones e injerencias externas en el ejercicio de sus funciones, en particular de sectores políticos”, una condición detectada durante el gobierno de Evo Morales y el periodo transitorio de Jeanine Áñez.
“Llegamos a La Paz una delegación de la CIDH liderada por la secretaria ejecutiva y el comisionado Joel Hernández para instalar la Mesa de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del GIEI-Bolivia (MESEG Bolivia)”, escribió Jaime Vidal, el coordinador del grupo de expertos, en su cuenta en Twitter.
El jurista precisó que a partir de este miércoles sostendrá reuniones con autoridades del Estado, asociaciones de víctimas de la crisis de 2019 y sociedad civil para abordar los objetivos que tendrá esta mesa de seguimiento y su cronograma de trabajo.
El GIEI estableció que en 2019 hubo ejecuciones sumarias y masacres en Sakaba y Senkata donde perdieron la vida 22 civiles. Estableció, además, la participación de autoridades vinculadas al MAS en la vejación y emboscada de Vila Vila contra estudiantes de Potosí.
El grupo de seis expertos independientes presentó, el pasado 3 de marzo al consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), el informe sobre Bolivia. Allí precisó que, como resultado de su trabajo, no se estableció si en el país hubo “un golpe de Estado” o un “fraude electoral” en 2019.
La crisis de ese año estalló en las elecciones nacionales a las que se presentó Evo Morales con la intención de ser reelegido para un cuarto periodo consecutivo a pesar de una limitación constitucional y los resultados del referéndum de 2016 que le prohibieron volver a postularse.
Eso sí, los especialistas reafirmaron que en ningún caso hubo un “genocidio” durante el periodo transitorio que lideró la expresidenta Jeanine Áñez, pero sí masacres por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Recomendaron procesar a los responsables de estos hechos y de otros en los que intervino “todo el espectro de los actores políticos” del país.
El reporte del GIEI tiene 468 páginas y dedica el segundo capítulo para describir el “contexto de la crisis” y menciona esa campaña proselitista, pero también el referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando Evo perdió la posibilidad de validar su reelección a través de un ajuste en la Constitución, además de su habilitación a través del Tribunal Constitucional.
En la enumeración de estos acontecimientos, el GIEI no hizo ninguna valoración ni recomendación sobre esta crisis.
El gobierno había anunciado la realización de una "cumbre" judicial para el mes de marzo, pero hasta el momento no se ha fijado la fecha ni la modalidad.
