Hay más coca ilegal. Esa es una realidad que el propio presidente Luis Arce admitió en abril, cuando comenzó la reducción anual de plantaciones excedentarias del arbusto y ayer fue la Unión Europea (UE) que exteriorizó su inquietud para que el crecimiento de la superficie cultivada se ajuste a la ley, es decir las 22.000 hectáreas y solo en zonas autorizadas.

“Confiamos en que Bolivia cumplirá su parte. Con sus herramientas nacionales, como el control social, estamos a la espera de que el Gobierno logre disminuir el área de cultivos de hoja de coca a la cantidad establecida por ley, es decir a 22.000 hectáreas”, señaló el encargado de Negocios de la UE, Joerg Schreiber, tras la presentación de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de la Sustancias Controladas y Control de la Expansión de Cultivos de Coca 2021-2025 que hizo el Gobierno ante delegados y jefes de misión del cuerpo diplomático.

Schreiber ratificó el compromiso de los países que son parte del bloque europeo para enfrentar al narcotráfico y, en ese marco, puso énfasis en los programas de “desarrollo integral” que tiene que ver con el respaldo a las iniciativas productivas que sean alternativas a la siembra de cocales en el país.

“En los últimos años ya hemos destinado más de $us 72 millones a estos sectores y estamos en la formulación de dos nuevos programas. Se trata de un monto de $us 60 millones adicionales que la UE entregará a Bolivia para apoyar sus políticas públicas en la lucha contra las drogas y el desarrollo integral con coca en los próximos años”, precisó el diplomático.

El viceministro de Defesa Social, Jaime Mamani Espíndola, explicó que el plan antidroga demandará $us 575 millones hasta 2025, un monto que será empleado en la lucha contra el narcotráfico, la reducción de cultivos de coca, la prevención y la “regionalización” de la estrategia que tiene que ver con el intercambio de información entre países.

“Somos un gobierno nuevo a la cabeza de nuestro presidente Luis Arce Catacora y hemos redoblado la lucha contra el narcotráfico para cumplir los compromisos internacionales y lo que establece ley general de la coca”, afirmó Mamani, durante la presentación de la estrategia antidroga, aunque luego precisó que se estaba retomando “el modelo de nacionalización” que fue desarrollado desde 2006, cuando Evo Morales, el principal dirigente de los productores de coca del país, llegó al poder.

La exposición se desarrolló en el marco de una reunión del Grupo Temático de Drogas, una instancia de intercambio de información de autoridades gubernamentales y funcionarios diplomáticos, que es coordinada por el representante en Bolivia de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudc), Thierry Rostan.

Respaldo

Desde 2017, la UE aplica un modelo de indicadores en su programa de asistencia al país. De acuerdo a su más reciente informe de la entidad, el país recibió hasta 2020 unos $us 320 millones en favor de varios programas de desarrollo que incluye el fortalecimiento a la justicia y la lucha antidroga. En este último ítem, el respaldo fue de cerca de $us 60 millones, un monto que será incrementado, de acuerdo con las previsiones anunciadas ayer.

No obstante, el indicador que el bloque europeo contempla para su evaluación está vinculado con la Ley de la Coca, que establece como límite legal las 22.000 hectáreas de coca, en Yungas de La Paz y el trópico de Cochabamba.

“Ponemos nuestros fondos allí donde está nuestro discurso. No hay lugar a dudas. Estamos en Bolivia como socios para su desarrollo, en pleno respeto a sus políticas nacionales y en apoyo a la dignidad con que los propios bolivianos luchan por cumplir sus compromisos internacionales”, puntualizó ayer el encargado de negocios de la UE, luego de la presentación de la estrategia.

De acuerdo con esa normativa, la producción de coca está autorizada en Yungas (14.300 ha), donde existe una amplia zona tradicional y en el trópico de Cochabamba (7.700 ha). Las plantaciones en esa última zona datan de inicios de los años 80. No obstante, los sembradíos se extendieron a parques nacionales en el último año y, para peor, estos ahora llegan al norte amazónico.

El Comando Estratégico Operacional (CEO), que es la entidad que está a cargo de la fuerza combinada de policías y militares, identificó que los cocales, que en 2020 superaron las 32.000 hectáreas (45% más de lo que permite la ley) penetraron parques nacionales y áreas fronterizas en la Amazonia. 

De hecho, entre los desafíos de la fuerza antidroga está la eliminación de cocales en áreas próximas a Perú y que pertenecen al área de influencia del valle cocalero conformado por los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, conocido por su sigla Vraem. Este sector está bajo vigilancia militar peruana desde 2006, cuando se detectó movimientos asociados a la actividad del narcotráfico con vuelos irregulares y enfrentamientos con las fuerzas del orden.

Informes

El organismo internacional realiza un monitoreo anual de las plantaciones de coca en Bolivia con el apoyo de la Unión Europea. Hasta 2019, las plantaciones de coca estaban en 25.500 hectáreas, un 10% más del registro de 2018. En todo caso, son cifras que están por encima del rango de las 22.000 hectáreas que son legales.

“En Bolivia se ha descuidado de sobremanera el asunto del control real de la producción de coca. Los cambios que se realizaron de la Ley 1008 a la actual Ley de la Coca significan un estímulo, antes que un freno a esas plantaciones”, afirmó ayer el especialista Franklin Alcaraz a EL DEBER Radio.

El especialista, que ha dirigido varias investigaciones sobre la producción de coca y el narcotráfico, consideró además que esas 22.000 hectáreas legales están sobredimensionadas, puesto que solo se requieren de 6.000 hectáreas de coca para satisfacer la demanda legal para temas medicinales y uso ritual. “Se requiere de otro modelo para encarar este fenómeno”, puntualizó el experto, quien hizo notar que cada año que pasa los laboratorios de droga son cada vez más sofisticados.

La Onudc, que es la agencia antidroga de Naciones Unidas, presentó en julio de 2020, el más reciente informe sobre los cultivos de coca en el país. El reporte mostró datos de 2019, el año en el que renunció Evo Morales a la Presidencia, por efecto de una compleja crisis política que estalló tras las elecciones de ese año.

“El autocontrol de las organizaciones productoras de coca parecería haber perdido relevancia durante el periodo de conflicto, favoreciendo a un aumento del cultivo de coca. Asimismo, se han identificado varios cultivos de coca, en áreas que correspondían a superficies deforestadas, evidenciándose una afectación preocupante a los ecosistemas de bosques, especialmente en áreas protegidas”, señaló el informe.

El estudio de la Unodc, presentado en 2020, estableció que seis de las 22 áreas protegidas del país fueron afectadas por cocales en 2019, cuando se observó una “degradación significativa de los ecosistemas y el medio ambiente”. Informes preliminares de la Fuerza Antidroga del país señalan que ahora son ocho áreas naturales afectadas por la coca ilegal.

“No somos un gobierno de palabras, sino que somos un gobierno de hechos y estamos demostrando con resultados”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, tras destacar la erradicación de 1.300 hectáreas de coca hasta el 20 de mayo, un 14% de la meta de las 9.000 hectáreas que fue fijada para este año.

La Onudc presentará el informe de monitoreo de la coca en junio próximo, aunque se anticipó una fuerte expansión de cultivos.

Normas

LEY 1008
Fue promulgada en 1989. Fijaba un límite de 12.000 hectáreas de coca legal y tradicional solo en Yungas. Chapare era una zona de transición hacia otros cultivos alternativos.

LEY ANTIDROGA
En 2017, se promulgó una norma específica contra el narcotráfico que autoriza, entre otras cosas, las escuchas telefónicas, el pago de informantes y la protección de testigos.

CONVENCIÓN DE VIENA DE 1962
La coca está en la lista de estupefacientes de este instrumento internacional. Bolivia denunció la norma y luego aceptó su jurisprudencia con la “reserva” sobre la legalidad de la coca

RECURSOS
La coca legal movilizó más de $us 1.000 millones en los últimos cinco años, de acuerdo con los informes que publicó la Unodc. Este producto se vende en Villa Fátima y Sacaba.