El fiscal general dijo que los mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas en el anterior gobierno "destruyeron" evidencias que impidieron el avance de la investigación de los hechos

18 de agosto de 2021, 17:20 PM
18 de agosto de 2021, 17:20 PM

La Fiscalía General del Estado culpó a la suspensión de los plazos procesales durante la pandemia y a la reticencia de las autoridades del gobierno de Jeanine Añez por la demora en la investigación de los casos de violencia poselectorales después de 2019.

En conferencia de prensa, el fiscal general Juan Lanchipa dijo que los mandos de la Policía y de las Fuerzas Armadas en  el anterior gobierno "destruyeron" evidencias que impidieron el avance de la investigación de los hechos de violencia suscitados durante los conflictos poselectorales en 2019 y 2020.

Lanchipa dijo que el GIEI, en su informe, no tomó en cuenta la coyuntura de la pandemia que provocó la paralización de los plazos procesales y que todos los requerimientos investigativos no eran atendidos, excepto los procesos relacionados con la salud.

"Los requerimientos que nosotros enviábamos, no eran atendidos porque no había control jurisdiccional", enfatizó.

Dijo que también había reticencia de las víctimas de los hechos de violencia a brindar información solicitada por el Ministerio Público porque eran "acosadas y presionados" por el Ministerio de Gobierno de Áñez, y recién cuando asumió el nuevo gobierno de Luis Arce y gracias a la persuasión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo posible que brinden cooperación con la investigación.

"También hemos hecho notar la reticencia de la autoridades del anterior Gobierno, militares y policiales, que nunca nos enviaron los instrumentos utilizados, nunca nos han brindado información de planes, operaciones militares, policiales, esa reticencia imposibilitó el avance de la investigación", remarcó.

Lanchipa admitió que con el actual gobierno de Arce, "una vez recuperada la democracia", las autoridades también mostraron esa dificultad de brindar información, aunque después aclaró que la reticencia no era de los titulares sino de las exautoridades, de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Policía que se "encargaron de destruir toda la información que servía para el proceso de investigación".

El Fiscal General señaló que informaron a los miembros del GIEI de que el Ministerio Público fue la única institución que entregó información y documentación requerida por los expertos.

"No hubo ningún proceso, ninguna documentación que haya sido sometida a reserva en el Ministerio Público, hemos sido totalmente transparentes y amplios en la otorgación de toda información solicitada y esto ha sido agradecido por parte del Ministerio Público y esto ha sido puesto de manifiesto por parte de los miembros de la comisión", enfatizó.