Lanchipa dice que no tiene elementos para investigar adquisición observada de 41 ambulancias para Potosí
La gobernación de Potosí firmó un acta de recepción, pero sin la presencia física de los motorizados. La oposición prepara una querella contra el gobernador Jhonny Mamani y pide la intervención de la Contraloría
El fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, afirmó este miércoles que su despacho no cuenta con los “elementos necesarios” para iniciar una investigación sobre el proceso de adquisición de 41 ambulancias para la gobernación de Potosí.
“Necesitamos un elemento, una noticia fehaciente que dé lugar al inicio de la investigación, entre tanto, existen las otras instancias del Estado que pueden llevar adelante una verificación en el proceso de contratación”, indicó Lanchipa.
La máxima autoridad del Ministerio Público hizo estas declaraciones en La Paz luego de presentar la acusación formal del caso Respiradores Españoles de 2020, vinculado con irregularidades y delitos cometidos en pandemia.
Precisamente, la gobernación potosina se basó en el decreto 4432, que autorizó la compra directa de estos bienes para enfrentar la pandemia, para adquirir 41 ambulancias por un precio de Bs 20,5 millones.
El gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, aseguró que su despacho no erogó recurso económico alguno en favor de la empresa unipersonal que se adjudicó la venta de estos bienes públicos. Se trata de Estefals Logistics, que fue creada en septiembre de 2021 con un capital de apenas Bs 100.000.
“Una vez que tengamos el reporte, una información fehaciente de la Gobernación o de otra instancia, desde el Estado, iniciaremos de inmediato la investigación para el esclarecimiento de este hecho. Tenemos simplemente lo que ustedes saben: una información sobre un proceso de contratación en la Gobernación de Potosí”, declaró Lanchipa.
La diputada potosina Lissa Claros, de la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), anunció que se presentará una denuncia penal sobre este caso, puesto que existen varios elementos sobre irregularidades y delitos contra la Gobernación de Potosí.
En ese marco, el diputado Carlos Alarcón (CC) pedirá “la participación activa de la Contraloría” en este caso, pues no sólo sería una ambulancia. “Existe una vagoneta que también se compró a esta empresa” y que no existe.
La asambleísta Azucena Fuertes, de Unidad Nacional (UN), cuestionó la ausencia de respuesta de la Justicia. “Si estas irregularidades se hubieran cometido en Santa Cruz o Tarija, ya tendríamos a un contingente de fiscales investigando”, afirmó.
“De verdad, se necesita que actúe la justicia, El gobernador de Potosí tiene muchas cosas que explicar y el MAS debería ser coherente con aquello del ‘caiga quien caiga’ que repiten siempre”, puntualizó Fuertes.
"No se puede hacer negociados con el dolor de la gente ni con la pandemia", añadió la asambleísta potosina.
