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El fiscal general Juan Lanchipa Ponce debía presentarse este viernes a las 09:00 horas ante la Comisión de Organización Territorial del Estado y Autonomía de la Cámara de Diputados para brindar un informe sobre el caso 'Ítems fantasmas', pero no lo hizo y presentó una nota para argumentar que aún no había recabado toda la información sobre el proceso.

Fue la diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luisa Nayar, quien solicitó una Petición de Informe Oral (PIO) a Lanchipa, para que responda sobre el avance de las investigaciones del caso y explique el motivo por el que se rechazó la denuncia en primera instancia.

“Lanchipa guarda un silencio cómplice con relación a los ítems fantasmas del municipio cruceño. Hoy tenía que venir a responder a la Comisión de Autonomía como máxima autoridad de la Fiscalía y no llegó. Aduce que no pudo recolectar toda la información en más de 14 días que se le ha dado, para informar sobre caso a la ciudadanía”, dijo Nayar en contacto con EL DEBER.

Según la diputada, quien también preside la Comisión de Autonomías, el fiscal general está “obstaculizando” la investigación por el hecho de corrupción dentro de la Alcaldía cruceña por su “relación” con Juan Evo Morales, a quien acusa de tener participación en el proceso.

Tras la inasistencia de Lanchipa, la comisión de la Cámara de Diputados, emitió una conminatoria para que el representante del Ministerio Público se presente el 4 de febrero para brindar el informe ampliado sobre el caso ítems.


“Juan Lanchipa tiene que decir cuáles fueron los argumentos que usaron para el rechazo de estas denuncias realizadas meses atrás. Con relación a los hechos irregulares que se registraron en la Fiscalía con los ítems fantasmas, se demuestra que existe un contubernio con autoridades masistas, por eso pedimos que se investigue a Lanchipa y Evo Morales”, señaló la parlamentaria.

Son 14 preguntas las que deberá responder Lanchipa, entre las cuáles se le pedirá explicar por qué rechazaron la denuncia de ítems fantasmas, por qué no se instruyó realizar una auditoría a los contratos municipales, qué elementos de pruebas se han recolectado y quiénes son los investigados, entre otras.

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