Las cicatrices de Chaparina no se ocultan y la justicia no llegó a los reprimidos

Las heridas se convirtieron en duras cicatrices que son difíciles de ocultar. Hace 11 años la marcha de indígenas de tierras bajas sufrió una brutal represión policial en la localidad de Chaparina y hasta la fecha no existen responsables en cárceles ni exautoridades políticas procesadas. Solo hay tres exjefes policiales con sentencias mínimas. Los indígenas se cansaron de pedir justicia y admiten que será difícil llegar a una equidad con el Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.

La tarde del 25 de septiembre de 2011 fue tal vez la más triste para 1.500 indígenas que realizaban la octava marcha indígena de tierras bajas en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). La columna había llegado a Chaparina y después de varios intentos de negociación en el municipio de San Borja, en Beni, no había acuerdos con el gobierno de Evo Morales.

Estaban descansando en Chaparina y cuando decidieron seguir su rumbo a la ciudad de La Paz fueron reprimidos por efectivos policiales. Eran 1.500 marchistas, entre varones, mujeres y niños, quienes sufrieron los ataques. Hasta ahora no se sabe quién dio la orden. Todas las autoridades se deslindaron de responsabilidades y solo apuntaron a jefes policiales.

Los acusados

Entre los principales acusados estaban Sacha Llorenti, quien era ministro de Gobierno; Patricia Ballivián, expresidenta de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC); Óscar Muñoz Colodro, exsubcomandante de la Policía; Edwin Foronda Franco, exinspector general de la Policía; Jorge Santiesteban Claure, excomandante de la Policía Boliviana. y los exjefes policiales Luis Zapata y Carlos Flores.

De todos ellos solo tres tienen sentencia: Colodro, Zapata y Flores, a quienes la madrugada del 29 de julio de este año, el Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz les impuso dos años y ocho meses de cárcel por incumplimiento de deberes, allanamiento, vejaciones y torturas, y privación de libertad.

Estos dos años y ocho meses de condena hacen pasibles a los exjefes policiales a acogerse a la “suspensión condicional de la pena”, una figura del Código de Procedimiento Penal que podrían activar sus abogados. Lo harán cuando se conozca la sentencia íntegra.

Llorenti y los otros actores políticos no fueron ni procesados. Es más, el exministro, a menos de un año de la represión, fue designado por Evo Morales como embajador de Bolivia ante Naciones Unidas. Ese cargo lo ocupó siete años, hasta que Morales renunció en 2019.

Benigno Noza es el presidente de la Subcentral del Tipnis. El dirigente admitió que los indígenas se sienten cansados tras años de pedir justicia. Noza cuestionó a la justicia y dijo que mientras el MAS esté en el poder no habrá justicia.

“Nos cansaron con la dilatación de la justicia que han hecho, para que la gente se canse de las audiencias y ya no pueda asistir. Como pueblo indígena tropezamos con los recursos económicos para asistir a las audiencias, yo creo que el Gobierno ha querido cansarnos para salirse con la suya”, lamentó Noza.

Mientras, Fernando Vargas, que dirigía en esa época la octava marcha, recordó que ese día muchos indígenas sufrieron ataques y golpes. “Había niños en el piso y nadie dijo nada”, cuestionó.