Las deudas ambientales en Bolivia el 2021: áreas protegidas en peligro, más incendios forestales y la escalada de la agroindustria

El 2021 fue el peor año para las áreas protegidas de Bolivia, coinciden científicos, organizaciones indígenas y ambientales del país. Estas zonas naturales quedaron prácticamente en soledad tras el despido masivo de guardaparques y la intromisión política, lo que provocó que las áreas sean blanco de delitos ambientales como la minería, la exploración petrolera, deforestación y las plantaciones agrícolas a gran escala. A esto se sumaron las invasiones y la posterior aparición de asentamientos humanos que se instalaron dentro de estos territorios naturales.

La llamada crisis de las áreas protegidas en Bolivia empeoró con decisiones políticas como el despido de 18 directores de estas áreas naturales y de siete jefes de protección, que son los encargados de la seguridad ambiental de los parques y reservas. Además, parte del personal técnico especializado del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) también fue apartado de la institución.

En medio de este escenario, Bolivia tuvo que enfrentar nuevamente una ola de incendios forestales. Este problema ambiental se ha convertido en una constante en el país. Si bien desde las organizaciones ambientales se ha trabajado en desarrollar plataformas para el monitoreo de incendios y focos de calor, se considera que desde el Estado no se hizo lo suficiente para evitar que el fuego afecte a las poblaciones y ecosistemas de la Chiquitania y Amazonía. La falta de indumentaria y equipos para atender la emergencia volvió a ser destacada, a pesar de que el Gobierno de Bolivia aseguró que hubo una mejora en este aspecto y que en esta gestión hubo menos incendios que el año pasado.

Lo malo: áreas protegidas en manos de funcionarios sin experiencia

Bolivia cuenta con 22 áreas protegidas nacionales reconocidas por la Constitución Política del Estado, además de las áreas departamentales y municipales que, en total, cubren una superficie de 25,6 millones de hectáreas, es decir, un 23% del territorio boliviano, según datos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Más del 70% de las especies de flora y fauna, así como los bosques más ricos y mejor conservados de Bolivia, están en estos espacios naturales, además de las cuencas hidrográficas y los principales acuíferos del país.

El investigador Juan Carlos Catari, que es vicepresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, cuestionó el trabajo que realiza el Sernap en la gestión de las áreas protegidas. El experto explicó a Mongabay Latam que este año el gran problema que tuvo Bolivia en materia ambiental fue la falta de una administración eficiente de estas zonas naturales.
“El manejo de las áreas protegidas ha caído en su peor año. Uno, porque la cabeza [el jefe del Sernap] no es del área, no comprende y es muy pasivo frente a todos los impactos que hay en las áreas protegidas”, explicó Catari.

Pablo Villegas, responsable de investigación del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), sostiene que la deuda con las áreas protegidas se arrastra desde hace varios años y considera que el debilitamiento de su protección se debe al cambio de visión en su administración. Para el experto, hay que sumar además los problemas generados por dos decretos supremos del año 2015 –emitidos durante la gestión de Evo Morales– que redujeron el proceso de consulta previa a los pueblos indígenas que viven dentro de los parques y reservas, facilitando así la explotación minera, de hidrocarburos y de otros recursos naturales en estas zonas.

Villegas pone como ejemplo tres áreas protegidas de Bolivia: los parques nacionales Tunari y Carrasco, ambos en el departamento de Cochabamba, y la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en Tarija. El investigador de Cedib, en el caso del parque Carrasco, detalló que se flexibilizaron los planes de manejo y la delimitación del área, lo que trajo como consecuencia las plantaciones ilegales de coca y la ejecución del proyecto hidroeléctrico Ivirizú, que tiene un 30% de avance. Para instalar la hidroeléctrica se eliminó la zona de protección estricta reemplazándola por la categoría de zona de amortiguamiento interna.

En Tunari, por otro lado, “la construcción de dos centrales hidroeléctricas, junto a la presión de la mancha urbana” provocaron la deforestación en la zona. Y, en Tariquía, al sur de Bolivia, existe presión de las petroleras para achicar la delimitación y así lograr la autorización para ingresar a explorar hidrocarburos.

Varias áreas protegidas en Bolivia fueron blanco de delitos ambientales. El narcotráfico avanza a la par que las plantaciones ilegales de coca. Los casos más preocupantes de narcotráfico están en el Madidi, en el norte de La Paz, y el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), que se encuentra en Cochabamba y Beni. Además, la coca ilícita avanza en Cotapata y Apolabamba, ambas en el departamento de La Paz, y Amboró, en Santa Cruz.

La producción y refinación de la droga se concentró este año en el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, en el departamento de Santa Cruz, donde la Policía Boliviana destruyó al menos media docena de mega laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.

Otros de los delitos que golpeó a las áreas protegidas fue la minería ilegal. El parque Madidi se ve afectado por la contaminación de sus ríos debido a los residuos de mercurio generados en la explotación de oro. Además, se evidenció la tala ilegal de árboles en el Parque Nacional Amboró, en Santa Cruz.

Para lograr una buena cobertura de trabajo en las áreas protegidas se necesitaría de al menos 1300 personas, calcula Santos Mamani, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques y Agentes de Conservación (Abolac). Ahora sólo hay 283, es decir un poco más de la mitad respecto de los 509 de 2019, cuando ya era una cantidad insuficiente. 

El director del Sernap, Teodoro Mamani, no accedió a responder a las preguntas de Mongabay Latam, solo se limitó a decir que el trabajo en la institución “mejoró a diferencia del 2020”.

Pero los expertos consultados no piensan lo mismo. El vocero de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), Alex Villca, calificó de “nefasta” la gestión de las áreas protegidas en Bolivia. Para el dirigente indígena hay dos ejemplos que ilustran muy bien el “mal manejo” de estas zonas: los incendios forestales y los avasallamientos de colonos.

La Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), institución que reúne a 19 organizaciones que luchan por la defensa de la naturaleza, también lamenta esta mala gestión, sobre todo porque resalta que se trata de parques y reservas que albergan recursos biológicos estratégicos que aportan servicios ecosistémicos extraordinarios como: la provisión de agua, la absorción de dióxido de carbono y recursos claves de la biodiversidad. Además, porque protegen ecosistemas y paisajes únicos, así como especies amenazadas y endémicas del país.

Lo preocupante: lo que el fuego se llevó en el 2021

Los incendios forestales arrasaron una vez más con territorios indígenas y áreas protegidas. En total, 3,4 millones de hectáreas se quemaron entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2021 en Bolivia. Esa cifra se acerca a la de 5,3 millones de hectáreas devoradas por el fuego en 2019, uno de los episodios más tristes en materia ambiental para el país. Las quemas anuales han alcanzado tales proporciones que ya no se compara la pérdida con campos de fútbol sino con la superficie de algunos paíse Taiwán.

Según el documento Cuantificación de áreas quemadas de enero a octubre de 2021 de la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), el 46 % de la superficie total quemada –lo que representa 1,5 millones de hectáreas- se concentra en áreas protegidas nacionales y subnacionales. Y solo en el departamento de Santa Cruz, que es la región más golpeada por el fuego, 2,4 millones de hectáreas fueron afectadas por los incendios forestales, una superficie mayor al tamaño de El Salvador.

De ese total, el 58% corresponde a áreas protegidas cruceñas. Las más golpeadas son las nacionales como: el Área Nacional de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, con 896 591 hectáreas afectadas; el Parque Nacional y ANMI Pantanal Otuquis, con 128 271 hectáreas quemadas; el Parque Nacional Noel Kempff Mercado, con 20 756 y el Parque Nacional y ANMI Amboró, con 29 000 hectáreas dañadas. Entre todas superan el millón de hectáreas arrasadas por el fuego.

“Lo más preocupante ahora, en este escenario, son las áreas de vegetación alta, en bosque en sí, que fueron quemadas. A nivel nacional, tenemos un 20 por ciento de estas áreas, algo muy preocupante porque se concentra en áreas donde tenemos mucha más biodiversidad”, señala Armando Rodríguez, gerente de proyectos de FAN.

Lo de siempre: la falta de regulación de las quemas

Rodríguez explica que el problema empieza con las quemas fuera de control en zonas agrícolas que terminan expandiéndose hacia los ecosistemas más sensibles. Así, para el experto “no es extraño” que dentro de las áreas protegidas, principalmente en el Amboró, se tenga esta presión del uso de la conversión de la tierra para uso agropecuario en el perímetro del parque.

Aunque el gobierno del presidente Luis Arce, quien fue ministro de Economía de Evo Morales, sostiene que hubo una respuesta eficiente desde el Estado, reconoce también que aún faltan equipos para controlar los focos de calor. 

El viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, en contacto con Mongabay Latam, puso como dato comparativo lo sucedido en gestiones anteriores. Por ahora, dijo, el fuego está controlado y no hay incendios de magnitud, sobre todo en áreas protegidas.

“La mayoría de los incendios en esta gestión se originaron en propiedades privadas que se dedican a la ganadería y agricultura. Luego el fuego se expandió y devoró miles de hectáreas. El reto está en la concientización para terminar con estas quemas. Hay normas que permiten, pero muchos se exceden. En esta gestión hubo reacción inmediata a todos los focos de calor, pero hubo lugares donde era difícil ingresar y para eso se requiere equipo especial”, dijo Calvimontes.

Las dificultades para mitigar los incendios forestales en el país desnudaron también el déficit de prevención que existe en Bolivia, indicaron distintos especialistas. Esto se hizo evidente sobre todo en la falta de fiscalización y control de las quemas y chaqueos. 

Estas actividades están normadas en Bolivia desde 2019 y existe también un plan para atender este tipo de emergencias, pero en la práctica no se cumplen, precisa Gonzalo Colque, director de Fundación Tierra, entidad que centra su trabajo en el desarrollo rural sostenible y que apoya a pueblos indígenas.

El experto explica que el problema que Bolivia arrastra está relacionado con un plan que, sobre todo en la Chiquitania, carece de un presupuesto público. Por lo tanto, se continúa combatiendo los incendios como se hacía hace cuatro a cinco años atrás, producto del déficit de implementos para llevar adelante esa tarea.

Colque añade que en años pasados, con excepción de las dos últimas gestiones (2019 y 2020), se autorizaba en promedio la quema de 300 000 hectáreas para chaqueos y que este año fueron más en Bolivia. El director de Fundación Tierra dijo que esto tiene una relación directa tanto con el asentamiento de nuevas comunidades de interculturales, como se llama a las personas que llegan de otras regiones y se instalan en zonas protegidas o tierras fiscales, quienes además están consiguiendo titular esas grandes propiedades.

La mayoría de incendios fueron apagados, “pero esa disminución de focos de calor fue gracias a las precipitaciones que hubo este año, de lo contrario habríamos lamentado pérdidas mayores a las de 2019. Las instituciones involucradas no tenían capacidad para controlar lo que estaba pasando”, dice Rodríguez.

Lo trágico: territorios indígenas en la mira

Este año más de 500 pobladores indígenas de 34 pueblos originarios de seis departamentos –Beni, Santa Cruz, Pando, Tarija, Chuquisaca y La Paz– se reunieron para marchar 373 kilómetros desde Trinidad a Santa Cruz de la Sierra. Su principal demanda: el respeto de sus territorios y exigir un alto a los avasallamientos. El Gobierno de Luis Arce, sin embargo, no los atendió y tras permanecer 99 días en la capital cruceña los marchistas decidieron retornar a sus comunidades.

En este escenario, la violencia en los territorios indígenas es cada vez más preocupante. Cooperativas mineras, invasores y narcotraficantes ocupan los territorios originarios con violencia, según explicó Pablo Villegas, del Cedib.

Un claro ejemplo son los bosques de la Chiquitania que todavía no terminan de recuperarse del fuego y grandes extensiones comienzan a ser ocupadas. Estos asentamientos amenazan a las comunidades indígenas nativas y a las reservas naturales, como el Área Protegida Municipal en Bajo Paraguá. La última denuncia sacó a relucir que al menos 300 hectáreas de bosque fueron tumbadas en esta reserva por colonos llegados de otras regiones.

Entre marzo de 2020 y junio de 2021 Mongabay Latam detectó, a través de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch, más de 698 mil alertas de deforestación solo dentro del Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco, donde hay comunidades indígenas asentadas. ¿Qué se puede hacer para saldar esta deuda en la Chiquitania? Tito Arana, representante de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano (FCBC) en el municipio de San Ignacio de Velasco, tiene una respuesta simple: “Que las autoridades hagan cumplir la ley para evitar el ingreso de colonos y que se aumenten los recursos para mantener estos hermosos bosques”.

Además de Bajo Paraguá, el Parque Nacional Carrasco es el área protegida en Bolivia que registra la mayor cantidad de invasiones para la expansión de cultivos ilícitos de coca. Según técnicos del parque, Carrasco abarca una superficie de 59.539 hectáreas y se identificó en este año que 866 hectáreas fueron desmontadas, de las cuales el 96% fue destinado a estas plantaciones ilegales.

Al problema de las invasiones hay que sumarle los proyectos extractivos y energéticos que amenazan los territorios originarios.

El proyecto hidroeléctrico Chepete - El Bala es uno de los casos que preocupa a más de 5 mil pobladores indígenas que habitan en la puerta del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Madidi y de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas, al norte de La Paz. En esta zona se volvió a activar la idea de construir la hidroeléctrica, lo que afectaría a seis naciones originarias: Mosetén, Tsiman, Esse Ejja, Leco, Tacana y Uchupiamona.

Estos pueblos denuncian que de consolidarse el proyecto hidroeléctrico se “cercenarán” tres ríos que son vitales para la existencia de estas naciones indígenas. Se trata de los afluentes Beni, Tuichi y Quiquibey. Ruth Alipaz Cuqui, dirigente de la Mancomunidad de Comunidades Indígenas de los ríos Beni, Tuichi y Quiquibey, se opone a la construcción de la represa, considerando que esta obra destruirá todo el ecosistema donde habitan cientos de familias.

“Pusimos pancartas, hicimos vigilia, tendimos un alambre para que no pasen las embarcaciones, exigiendo que la empresa que estaba realizando las obras para la construcción de la represa, se fuera. Aquella vez, luego de 12 días de protestas, por fin logramos que los obreros se marcharan. Ahora, otra vez vienen para hacer estudios y tomaremos las mismas medidas", relató Alipaz Cuqui.

Lo crítico: sequías y la escalada de la agroindustria

Los incendios están asociados a otro problema que en Bolivia empieza a sentirse: las sequías. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), que depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estas golpearon principalmente la zona este de la Chiquitania.

Otra de las zonas afectadas por duras sequías es el Chaco boliviano. En Macharetí, departamento de Chuquisaca, las lagunas y quebradas de la reserva municipal Héroes del Chaco se encuentran completamente secas desde hace varios meses. Lo mismo sucede en algunas partes del altiplano boliviano donde uno de los grandes afectados es el lago Poopó, que era catalogado el segundo lago más grande de Bolivia.

Pero la Chiquitania no solo sufrió por la sequía y los incendios forestales, a este escenario se sumó el avance de la agroindustria.

Estas grandes plantaciones son responsables de la pérdida de bosques en el oriente, sobre todo para sembrar soya transgénica y pastos destinados a la ganadería vacuna. Soya y carne que tiene como destino el inmenso mercado chino. Con Evo Morales se lanzó una política de concesiones de áreas boscosas a organizaciones sociales afines a su partido político, el Movimiento Al Socialismo (MAS). Estas organizaciones luego alquilan las tierras a agroempresarios, aunque hay denuncias de que también utilizan esos territorios para ampliar los sembríos ilegales de hoja de coca.

Juan Carlos Catari, vicepresidente del Colegio de Biólogos de Santa Cruz, preguntó por qué no se aplican las normativas medioambientales a las empresas agroindustriales y ganaderas que operan en el oriente boliviano.

“Lamentablemente, el sector agropecuario no está regulado por ninguna normativa de la Ley del Medio Ambiente 1333. Ellos no sacan una ficha ambiental, no tienen un plan de monitoreo ni planes de restauración. Ellos tumban el monte y listo”, reclamó el experto.

Lo esperanzador: un golpe al tráfico de fauna silvestre

En esta gestión también hubo buenas noticias para el medio ambiente boliviano. La principal es que se desbarató una red criminal de origen chino que tenía como negocio el tráfico ilegal de colmillos de jaguares. Ángela Núñez, presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz y experta en vida silvestre, tiene esperanza en que la situación del jaguar mejore. Por ahora, dijo, se están detectando nuevas modalidades de las mafias chinas y la verdadera solución para la experta está en terminar con la demanda de los colmillos de jaguares en el continente asiático.

“Es importante que podamos trabajar tanto a nivel de la oferta como a nivel de la demanda. El tema de la oferta lo puede ver cada país dentro de su territorio. Por otro lado, frenar el tema de la demanda me parece súper importante y para trabajar en eso creo que es muy necesario hacerlo de manera coordinada entre países y sumar fuerzas para crear una fuerza más grande a nivel regional de todos los países donde habita el jaguar”, destacó Núñez, quien también es parte de la Operación Jaguar, un proyecto que tiene como fin establecer medidas para la defensa del jaguar en Bolivia.

Otro de los avances importantes del 2021 es que se trazó la hoja de ruta para reducir la contaminación en el lago Titicaca, que es el más alto del mundo y que es compartido con Perú. A esto que se suma las buenas noticias asociadas a la conservación de la paraba barba azul (Ara glaucogularis), una especie endémica que solo habita en el departamento de Beni, en Bolivia.

Desde hace 16 años, la Asociación Armonía desarrolla el Programa Nido Adoptivo, que tiene como fin la conservación de esta especie y que logró en esta gestión que el pichón número 100 abandone la caja nido para volver a su hábitat. La bióloga Luz Natalia Mercado, que es la coordinadora del programa de conservación de la Paraba Barba Azul, detalló que la meta de esta gestión se cumplió y adelantó que el proyecto seguirá funcionando.

“Las parabas cumplieron y pasaron la marca. En la primera mitad de abril (de 2021) se produjo una fiebre de primeros vuelos, con ocho pichones dejando sus nidos en pocos días. El pichón esperado número 100 era uno de un par que voló de la caja nido 87”, relató Mercado, quien expresó su felicidad porque solo con este proyecto se logró llegar a la cuarta parte de la población de esta especie. “Una paraba nueva que vuela es un premio para la conservación, pero la suma de estas victorias pequeñas rápidamente se vuelve una adición significativa”, así definió Mercado su emoción.

***ESTE REPORTAJE FUE ELABORADO POR MONGABAY LATAM Y PUBLICADO EN ALIANZA CON EL DEBER