Las deudas del petróleo: más de 6 mil desechos sin limpiar en cuatro países de Latinoamérica

Por: Yvette Sierra, Alexa Vélez y Vanessa Romo.

“No es bueno para nosotros estar en una zona petrolera porque la empresa se beneficia, el Estado se beneficia y a nosotros nos toca la contaminación”, lamenta Aurelio Pignola, jefe de la comunidad indígena de José Olaya en Perú, un pueblo asentado a orillas del río Corrientes al que se puede llegar desde Iquitos, la capital de la región amazónica de Loreto, tras navegar por dos días. El testimonio de Aurelio Pignola es uno de los tantos que confirma lo que significa vivir en un lugar rodeado de pozos, piscinas y suelos manchados de petróleo. Como las mismas comunidades lo dicen, les ha tocado la peor parte si comparan su situación con los ingresos que genera la explotación de crudo para las empresas y las arcas fiscales.

Esta comunidad indígena achuar lleva cinco décadas lidiando con este problema y con un montón de bolsas llenas de arena y petróleo que almacenan los restos de algunos de los derrames del Lote 192, desechos tóxicos que la lluvia ha ido lavando y convirtiendo en numerosos charcos malolientes. “Lo que tienen que hacer es limpiar el petróleo, ya no contaminarnos más, cumplir sus funciones como empresa, como Estado, eso es lo mínimo que exigimos”, dice enérgicamente el líder indígena.

Para entender la magnitud de la contaminación y ahondar en las denuncias constantes de las comunidades, el equipo periodístico de Manchados por el petróleo —coordinado por Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia— empezó hace ocho meses a mapear todos los impactos ambientales y desechos de las operaciones petroleras —más conocidos como pasivos ambientales— que están esparcidos en los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú y que, en mucho casos, llevan décadas olvidados y sin ser atendidos por los gobiernos. A partir de ingresar pedidos de información a las autoridades ambientales se pudo construir una base de datos que revela un panorama desolador: existen por lo menos 4284 pasivos ambientales de la industria petrolera en Bolivia, Ecuador y Perú, de los cuales ninguno ha sido remediado.

Pero, ¿qué empresas han dejado abandonados estos desechos tóxicos? Esta pregunta solo se pudo responder para menos de la tercera parte de los pasivos identificados. Las autoridades, en la mayoría de los casos, no entregaron la información o dieron datos incompletos. Y a esta falta de transparencia se suma otro hallazgo alarmante: en los cuatro países se detectaron 3994 lugares contaminados por la actividad petrolera —que llevan años abandonados— pero que por decisiones políticas o administrativas no son considerados pasivos. Colombia, por ejemplo, los llama “impactos no resueltos”, básicamente porque el Congreso de la República recién está discutiendo un proyecto de ley para definir legalmente y por primera vez qué es un pasivo ambiental. De este grupo de fuentes de contaminación, las autoridades solo aportaron los nombres de las empresas responsables para el 16 % de los casos.

Todo el universo de estos desechos tóxicos detectados fueron analizados también geoespacialmente para establecer la magnitud de la superposición con cientos de territorios protegidos. Lo que se detectó es que al menos 61 tierras indígenas y 15 áreas protegidas albergan en su interior estos desechos y si se analiza su presencia alrededor de estos espacios, hay que añadir 53 puntos más. Pero se ha considerado también para esta investigación la ubicación y recorrido de las tuberías que transportan los hidrocarburos, esa telaraña de metal que corre por encima o debajo de los territorios invadiendo más de 200 espacios protegidos con kilómetros de ductos instalados que a veces colapsan.

¿Qué cifras y daños ambientales están detrás de los más de 8 mil pasivos y fuentes de contaminación esparcidos por los territorios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú?

Una lista interminable de daños ambientales

En total se hicieron diez pedidos de información y se recibieron cinco respuestas. A ello hay que sumar una decena de consultas, aclaraciones y nuevos pedidos ingresados. La información tardó en llegar entre dos y tres meses, y la insistencia con las autoridades para obtener los nombres de las empresas o aclarar datos se mantuvieron incansablemente a lo largo del proyecto.

La investigación logró reunir en la base de datos 4284 pasivos ambientales distribuidos entre Perú (3170), Ecuador (1107) y Bolivia (7), en este último país todos ubicados dentro de áreas naturales protegidas. El análisis de la información entregada por las autoridades permitió detectar, además, 3994 fuentes de contaminación —no catalogadas como pasivos— cuyas descripciones de los daños causados y del tiempo transcurrido, en muchos casos, son preocupantes. De este grupo, Ecuador reporta la existencia de 3568, Perú un total de 171, Colombia 161 y Bolivia 94 pozos petroleros abandonados dentro de áreas protegidas.

Las fuentes de contaminación, en algunos casos, cumplen con la definición de pasivo ambiental si se toma en cuenta las tres categorías que los definen y que fueron resaltadas por los especialistas consultados, los testimonios recogidos y las normas revisadas: antigüedad, gravedad y abandono.

De los más de 8 mil puntos detectados en los cuatro países, Ecuador tiene la mayor cantidad de lugares impactados si se suman los pasivos ambientales y las fuentes de contaminación —dos categorías definidas por el Estado— registrados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). En total 4675 lugares contaminados que se dividen entre derrames, fosas y piscinas. Más de la mitad de ellos se ubican en Sucumbíos (2776) y Orellana (1646), provincias de la Amazonía ecuatoriana. Es justamente en estos dos puntos donde, según la información entregada por el Maate, existen casos alarmantes como el de la empresa Texaco —comprada por Chevron en 2001—, que ha dejado 714 piscinas de petróleo enterradas que con el paso de los años han vuelto a emerger. También se han contabilizado 19 fosas y 374 derrames de crudo, según la base de datos elaborada por Mongabay Latam con información del Maate.

“Cuando hicieron las exploraciones petroleras, ellos [Texaco] acostumbraban a hacer estas fosas a cielo abierto sin poner ninguna protección abajo. Cuando ya dejaron el lugar dejaron las piscinas abiertas con gran cantidad de petróleo. Cuando llueve bastante, esto se llena y empieza a fluir y tiene un desagüe a los pantanos, a los esteros”, narra Juan Calva, un hombre de 52 años que llegó a los 7 a la parroquia San Carlos, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia amazónica de Orellana. Su testimonio fue recogido por un equipo periodístico que viajó a la zona para narrar los daños que ha dejado la huella del gigante Texaco —ahora Chevron— en el territorio.

Si bien Orellana y Sucumbíos son dos de las provincias que acumulan la mayor cantidad de daños ambientales, no son las únicas. Los pasivos y otras fuentes de contaminación de la actividad petrolera, según el Maate, están presentes en 18 de las 24 provincias que tiene el país. Cuatro de esas provincias están en la Amazonía.

“Hay un nivel de contaminación muy alto en la Amazonía ecuatoriana y poca información, monitoreo y preocupación del Estado por esa contaminación. Y la investigación que ustedes han hecho muestra el grave problema con la industria petrolera en esta región”, dice Kevin Koenig, director de Clima, Energía e Industrias Extractivas de Amazon Watch en Ecuador.

Un dato que llama la atención es que las autoridades ambientales solo entregaron información sobre las empresas detrás de los pasivos ambientales, más no de las fuentes de contaminación. En el caso de los primeros, el Maate señala a la empresa Texaco, que luego pasó a manos de Chevron, como la única responsable. Pero para determinar la responsabilidad detrás de las fuentes de contaminación, derivaron al equipo periodístico al Ministerio de Energía y Minas, y éste nunca contestó la carta enviada solicitando la relación de empresas responsables.

Pero no solo en Ecuador los impactos acumulados se cuentan por miles y la opacidad acaba muchas veces beneficiando a las petroleras. En Perú, los pasivos y sitios impactados —como denomina el estado a otras fuentes de contaminación— suman 3341, así lo reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el caso de los pasivos y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y el Fondo Ambiental de Perú (Profonanpe) para los sitios impactados.

Si se habla del tipo de impacto, son los pozos mal abandonados los que lideran la lista seguidos de los suelos contaminados, las emisiones y los restos o depósitos de residuos. Muchos de estos problemas se presentan en más de un punto a la vez. En cuanto a la distribución geográfica, el 95% de los pasivos ambientales se concentran en la región de Piura (3335), en la costa norte de Perú, y el resto de casos se divide entre ocho regiones.\

Los sitios impactados, sin embargo, merecen especial atención, considerando la envergadura y que todos están en la Amazonía. El OEFA confirmó la existencia de 139 de estos sitios en cuatro de las cuencas de Loreto y 32 puntos más priorizados por el Estado en la misma región, antes que asuma esa responsabilidad el organismo. Esta treintena de puntos están situados en el Lote 192 y fueron seleccionados por la Junta de Administración del Fondo de Contingencia para Remediación Ambiental —hoy Profonanpe—, tomando en cuenta la gravedad del daño causado, entre otros criterios.

“Estamos hablando solo de cuatro cuencas en Loreto, pero hay más sitios impactados por hidrocarburos no solo en Loreto. Entonces la situación es grave”, explica Flor Blanco, gerente del Programa de Pasivos Ambientales de Profonanpe.

Natanael Sandi, monitor indígena de la comunidad de José Olaya, es testigo de ese pasado tóxico en el Lote 192. “El problema es que nunca se han arreglado los ductos, nunca se reparan, y luego tenemos estos derrames cada cierto tiempo (…) En ocasiones ha pasado que hemos tapado el derrame con tierra, hemos acumulado la tierra con lampas, para que no avance y se ha quedado allí”, le dice a los periodistas que viajaron al distrito amazónico de Trompeteros para contar la historia. En uno de los planes de rehabilitación elaborados para remediar la contaminación que monitorea Sandi, se enumera una lista alarmante de metales pesados identificados en un solo sitio: arsénico, bario, cadmio, cromo, cobre, manganeso, níquel y plomo; todos, altamente tóxicos.

Son más de 50 años de contaminación para las comunidades nativas de los pueblos achuar, quechua y kichwa, ubicadas en las cuencas amazónicas de los ríos Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Perú. Estas comunidades, entre ellas José Olaya, conviven con la actividad petrolera desde el año 1971, cuando se instaló el Lote 192 —en ese momento denominado Lote 1AB. En todo este tiempo, tres empresas —Occidental Petroleum Corporation, Pluspetrol Norte S.A. y Frontera Energy— han extraído petróleo de estos territorios y ninguna, hasta ahora, ha reparado los daños provocados por los cientos de derrames reportados. A ello se suma que un reciente fallo arbitral a favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. —una de las señaladas como responsables que se ha declarado en quiebra— podría dejar en suspenso estas remediaciones.

Lo más grave en el caso de Perú, es que la tan ansiada remediación avanza muy lento. De los 32 sitios priorizados para ser atendidos, por ejemplo, solo 13 cuentan con planes de remediación y 19 están en proceso. “Solo para el caso del Lote 192 se ha calculado que la remediación costaría 5000 millones de soles al Estado peruano”, señala Miguel Lévano, Oficial del Programa de Derechos Territoriales e Industrias Extractivas de Oxfam en Perú, citando los cálculos que ha hecho Profonanpe.

Flor Blanco, funcionaria de esta entidad, indicó a Mongabay Latam que en cada plan de remediación se ha gastado entre un millón 200 mil a un millón 500 mil soles, dependiendo de la extensión del sitio.

El costo que corresponde a la ingeniería de detalle,

que es el paso siguiente luego de concluido el plan, aún no se ha definido, asegura Blanco. En cuanto a los costos de la remediación, la funcionaria de Profonanpe indica que “se requiere entre 30 a 100 millones de soles por cada sitio”.

Lévano menciona que es necesario impulsar un diálogo entre los organismos fiscalizadores para analizar cómo cubrir los vacíos en las normas, las instituciones y competencias, y se comiencen a cubrir esos huecos en los que no se identifica la responsabilidad de las empresas. “No es posible que tengas a Pluspetrol casi ocho años después de haber dejadomel Lote que no tenga un instrumento de gestión ambiental para el Lote 192, que no haya empezado la remediación, que se niegue a reconocer y que diga que solo hay menos de 100 zonas impactadas cuando los monitores indígenas identificaron cerca de 2 mil”.

La opacidad en Perú es más grave que en Ecuador cuando se trata de acceder a la lista de empresas detrás de los daños ambientales. A pesar de la insistencia, ni el Minem ni el Oefa entregaron los nombres de las compañías que deberían rendir cuentas sobre el impacto de sus operaciones petroleras. Lo más alarmante es que este año vence el plazo para que se publique la lista de las empresas que deben asumir las remediaciones: cincuenta años.

De impactos no resueltos a pozos abandonados

“Creo que hay un tema ético, porque las empresas internacionales que desarrollan la actividad tienen una doble moral. Tienen criterios diferentes cuando operan en un país con mayor institucionalidad, mayor capacidad de presión y una normativa más clara que, curiosamente, son sus países, comparados con sus operaciones en el resto del mundo donde no encuentran una institucionalidad lo suficientemente robusta.

Y solo gestionan los impactos ambientales cuando se presentan demandas y cuando se ven sometidos a presión social“, dice Mauricio Cabrera, asesor en Relaciones de Gobierno y Relaciones Internacionales del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), en Colombia.

Colombia considera solo 161 impactos no resueltos (INR), que es la denominación que usan para los daños ambientales causados por la industria petrolera. De ellos, según la información entregada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), 124 se atribuyen a la estatal Ecopetrol S.A. y 37 a Mansarovar Energy Colombia LTD. ¿Qué departamentos figuran en la base de datos? Boyacá (109), Santander (50), Antioquía (1) y Putumayo (1), pero sin especificar las características y seriedad de los daños causados.

Armando Sarmiento, profesor del departamento de Ecología y Territorio de la Facultad de Estudios Ambientales de la Universidad Javeriana, añade que no hay que perder de vista “los atentados de los grupos insurgentes [que] han sido la causa del mayor número de derrames en los oleoductos en Colombia”. El especialista precisa que los impactos ambientales de esos atentados se hacían evidentes sobre todo en los cuerpos de agua, “porque todo termina en los cuerpos de agua”, además de las afectaciones a la biodiversidad.

Pero para reconstruir los daños causados por dos de las empresas detrás de los 161 INR, considerando que las autoridades no entregaron esa información, dos equipos periodísticos viajaron a Antioquia y Boyacá.

En las fincas Los Naranjitos y Brisas de la Tarde, en Yondó, Antioquia, en el nordeste de Colombia, una familia de campesinos ganaderos lleva más de diez años exigiéndole al Estado que limpie un derrame de petróleo reportado en sus tierras y que acabó matando a todos sus animales. En el recorrido que hizo un equipo por el territorio, el olor a químico era constante y las manchas de crudo brillaban en el lodo. La familia Fonce inició una batalla legal en el 2013, en el camino murió uno de sus integrantes, y hasta hoy no logran que Ecopetrol, la empresa que señalan como responsable, se haga cargo. El caso está siendo investigado por la ANLA.

Mientras tanto, a varios kilómetros de Yondó, en el Campo Velásquez de Puerto Boyacá, la Ciénaga de Palagua, un espejo de agua gigante, —además de varios predios— es una de las víctimas silenciosas de una actividad petrolera que ha dejado 37 sitios contaminados, de acuerdo con la información proporcionada por la ANLA. Desde 1946, tres empresas han operado en la zona: Texas Petroleum Company, Omimex de Colombia y, actualmente, Mansarovar Energy. El equipo periodístico que llegó hasta la zona recogió testimonios de los pescadores, ganaderos y autoridades del municipio de Puerto Boyacá que han presentado denuncias judiciales por las afectaciones al ecosistema y a los cuerpos de agua de la región.

“Nos comunicamos con la empresa, en ese momento había personal para que fuera a revisar. Tomaron unas pruebas y dijeron que en efecto había contaminación, pero nunca volvieron ni nos dieron respuesta. Mansarovar siempre ha estado enterada de esa situación”, cuenta Giovanny Bermúdez, ganadero y propietario de El Jordán, uno de los predios afectados por la contaminación.

Los daños causados a la naturaleza y a las poblaciones indígenas se hace más evidente en Bolivia. Para entender los impactos de la industria petrolera en este país hay que retroceder hasta 1921, cuando la empresa Standard Oil llegó a Bolivia y tres años más tarde inició sus operaciones en un territorio que hoy es el Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe. Hoy, 102 años después, la operación que está en manos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) es uno de los casos emblemáticos de contaminación en el país. En total 16 pozos abandonados y cinco pasivos ambientales, según información oficial del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, afectan al parque y a las comunidades indígenas que viven en sus bosques. A ello hay que añadir el riesgo que representa ahora la próxima explotación de gas.

​En Bolivia, las empresas responsables de la contaminación petrolera son la estatal YPFB, Standard Oil y Petrobras, según la información extraída de la página oficial del Ministerio de Ambiente y Agua. A estas empresas se les atribuye 7 pasivos ambientales y 94 pozos abandonados que se reportan en el portal oficial del Sistema Nacional de Información Ambiental - SNIA. La mayoría están ubicados en el parque Aguaragüe y hasta ahí llegó un equipo periodístico de esta alianza.

En el área protegida Serranía del Aguaragüe, en Tarija, se encuentran 5 de los 7 pasivos identificados, todos de riesgo alto y sin haber sido remediados. Además, dentro del parque se han detectado 16 pozos abandonados que no son considerados pasivos.

Por otro lado, dentro del Parque Nacional de Carrasco, en Cochabamba, hay un pasivo ambiental que es descrito como un “antepozo [que] se encontraba totalmente cubierto de agua, el mismo que presentaba una coloración oscura, percibiéndose en el ambiente un claro olor a hidrocarburos”. Dentro de esta área protegida también se han identificado 4 pozos abandonados en el campo Bulo Bulo.

A pesar de este escenario, Bolivia sigue enfocada en expandir la exploración en su territorio. “Actualmente hay una visión de buscar hidrocarburos en la Amazonía, muchos de estos lugares ubicados en áreas protegidas. Además, se están retomando campos antiguos como el caso de Tariquia”, asegura Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib).

En la audiencia pública de rendición de cuentas de 2022, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina Ortiz, presentó los avances del plan exploratorio de hidrocarburos de YPFB en el que aparecen siete nuevos puntos. También mostró los seis contratos petroleros gestionados durante el año 2021, cinco de ellos aprobados ya por la Asamblea Legislativa. “YPFB ha firmado esos contratos y compromete una inversión que supera los 1500 millones de dólares”, dijo Molina. Esto va en contra de la necesidad mundial de limitar el calentamiento global por debajo de 1,5 ºC y eliminar el uso de combustibles fósiles.

En abril de 2023, Molina hizo una nueva exposición sobre los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que ha programado Bolivia para este año. En esta oportunidad se refirió a 18 proyectos de petróleo y gas, 11 de ellos en manos de la empresa estatal YPFB.

“Nos preocupa que todavía se está dando ese desarrollo y además en lugares intactos”, dice Bart Wickel, director de Investigación de Earth Insight, organización dedicada a monitorear las amenazas a las tierras y fuentes de agua de las que dependen las comunidades indígenas y locales. “El caso de las experiencias de desarrollo de petróleo en Ecuador y en Perú, pero también en otros lugares, nos ilustran de manera muy compleja y conflictiva los impactos de esta industria”, precisa.

Wickel menciona también que la industria de los hidrocarburos, en particular, está marcada por una falta de transparencia en sus planes, su desarrollo y afectaciones. “No es transparente sobre los impactos. La expectativa es que cada vez será mejor porque si hubo derrames en el pasado con las nuevas tecnologías y métodos se supone que no habrá nunca más, pero obviamente en realidad resulta que seguimos con los mismos problemas”.

¿Diferentes formas de llamar al mismo problema?

En los cuatro países, los gobiernos hacen una distinción entre pasivos ambientales y otras afectaciones, o simplemente los llaman de manera distinta. En Ecuador, por ejemplo, en el documento entregado por el Maate, se define a los pasivos ambientales como los daños que no han sido reparados o que han sido intervenidos de manera incompleta, mientras que toda a actividad que contiene, emite o dispersa contaminante en un área determinada la denominan fuente de contaminación. La diferencia no queda clara, pero es así como la autoridad ambiental divide los casos entre pasivos ambientales hidrocarburíferos de Chevron-Texaco (1107) y otras fuentes de contaminación del mismo sector (3568).

Koenig de Amazon Watch recuerda que en el año 1972 Texaco intentó definir qué tipos de derrames o formas de contaminación debería reportar la empresa. Ahora, cincuenta años después, precisa el experto, existe la misma lógica, porque el Estado intenta clasificar los tipos de daños. “Si dicen que todo lo que hizo Texaco son pasivos y lo demás está en otra categoría, me parece que están tratando de tapar el sol con un dedo, es decir, intentando evitar su responsabilidad y culpabilidad legal y criminal del hecho de que hoy en día siga ese tipo de contaminación”, aclara el experto.

Esa dualidad se repite en Perú. Si bien la diferencia es entre pasivos ambientales y sitios impactados, las descripciones son parecidas. El primero se refiere a los pozos e instalaciones mal abandonados, suelos contaminados, efluentes, emisiones y depósitos de residuos que son consecuencia de operaciones de hidrocarburos realizadas por empresas que han cesado sus actividades. Mientras que el segundo se refiere a un área geográfica alterada negativamente por la presencia de pozos e instalaciones mal abandonadas, efluentes, derrames, fugas, residuos sólidos, emisiones, restos, depósitos de residuos, así como por suelos, subsuelos y cuerpos de agua contaminados.

Vladimir Pinto, responsable de Amazon Watch Perú, explica que estas diferencias son parte de un asunto legal administrativo que se hizo visible con lo que sucedió en el Lote 192 cuando aún era el Lote 1AB. En ese momento —señala Pinto— cuando Pluspetrol Norte S.A. ya estaba operando, el Estado registró los lugares contaminados y se presentó el problema de la denominación, porque como no hubo un adecuado monitoreo no se sabía qué pasivos venían de la etapa anterior y cuáles eran responsabilidad de la compañía. Entonces, decidieron crear otra denominación y quedó el de sitios impactados.

“Durante muchos años se iban acumulando daños ambientales que no se registraban adecuadamente y cómo las empresas también ejercen control territorial sobre esas áreas, entonces limitan el acceso de otras personas, por lo tanto, se conoce poco. Entonces era muy fácil que se oculten algunos daños y que no se registren a tiempo”, dice Pinto.

En Colombia hay un camino más largo por andar. “No conozco ningún estudio que haya identificado áreas abandonadas de producción petrolera y que haya cuantificado cuál es el impacto y qué efectos ambientales ha tenido. Las autoridades colombianas apenas han empezado a abordar ese problema para entrar a definir, desde el punto de vista legal, qué son pasivos. Es un tema en el que estamos todavía profundizando”, dice Armando Sarmiento, experto de la Universidad Javeriana.

En el caso de Bolivia, en cambio, los pozos, ductos e incluso el material de transporte o infraestructura petrolera “se denomina pasivo”, dice Campanini y confirma que “la normativa boliviana reconoce como pasivo a la infraestructura de los pozos y de todo lo que ha quedado de la actividad petrolera”. Sin embargo, en el pedido de información que hizo Mongabay Latam y El Deber al Ministerio del Ambiente y Agua la respuesta incluyó dos denominaciones: pasivos ambientales y pozos, en todos los casos abandonados.

Más allá de estas clasificaciones, que en países como Colombia están en debate, las soluciones a los miles de lugares contaminados no se concretan. Según la información enviada por las autoridades ambientales, de los más de 8000 pasivos y fuentes de contaminación reportados por los cuatro países, solo 1852 han sido remediados: 1838 en Ecuador y 14 en Bolivia. En Perú, hay 13 planes aprobados pero aún no se tiene una fecha de inicio para la remediación, mientras que Colombia ha resuelto 55 por el momento.

Hasta ahora, considerando cada uno de los puntos que han sido identificados en Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia, faltaría remediar en total 6371 lugares contaminados y esta cifra sigue creciendo con cada nuevo derrame de petróleo. Y un punto que agrava esta situación es la dificultad de las autoridades para identificar a los responsables.

“Lo que ha ocurrido históricamente es que hay venta de empresas y así comienzan a complejizar la posible asignación de responsabilidades y requerimientos para la gestión, porque la responsabilidad se va diluyendo en el tiempo. Entonces, el Estado, sea ecuatoriano, colombiano o de cualquiera de nuestros países, termina con desgastes jurídicos gigantescos porque ha pasado mucho tiempo desde que se produjo el daño hasta el momento en que se comienzan a pedir que se gestione adecuadamente”, dice Mauricio Cabrera, coordinador de políticas de temas mineros y asesor de Relaciones de Gobierno y Asuntos Internacionales de WWF Colombia.

La alianza periodística consultó con las instituciones de gobierno en cada país para saber si existen planes de remediación en camino o si se están aplicando multas a las empresas por no solucionar los daños ambientales causados a los ecosistemas y territorios protegidos, pero hasta el cierre de esta edición no se recibió respuesta.

Pero, ¿con qué territorios se superponen estos pasivos y fuentes de contaminación?¿quiénes son los más afectados? Léalo en esta publicación.

*Las Deudas del Petróleo es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia.

Edición general: Alexa Vélez. Editores: Thelma Gómez, María Isabel Torres y David Tarazona. Coordinación periodística: Vanessa Romo Espinoza. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo y Cristina Fernández. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Andrea Rincón y Edier Buitrago de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria, Gina Santisteban y Óscar Parra de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador y Nelfi Fernández e Iván Paredes de El Deber en Bolivia. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño: Jhonatan Leal.  Producción audiovisual: Richard Romero. Fotografía y videos:  Miguel Surubí (Bolivia); Armando Prado y Armando Lara (Ecuador); Juan Carlos Contreras y Felipe Tayca (Colombia) y Patrick Wesember (Perú). Ilustración y diseño gráfico: Fernando Pano, Richard Romero, Laura Sofía Polanco y Heidi González. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero, Jonathan Venegas, Nathalia Gómez, Paola Téllez y Soluciones Soft.

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