Desconcertada. Así se encuentra la cúpula militar un día después de la detención del general Alfredo Cuéllar, ocurrida el martes por la tarde en la ciudad de Cochabamba. 

El jefe del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO) fue imputado por la Fiscalía por el presunto delito de asesinato. Es uno de los investigados por el Ministerio Público por la muerte de 10 personas durante las protestas en la localidad de Huayllani, Sacaba, ocurridas en noviembre del año pasado después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales, acusado de incurrir en un fraude electoral.

“Lo sucedido el día de ayer (la aprehensión de Cuéllar) para las Fuerzas Armadas fue desconcertante. 

Nosotros estamos cumpliendo órdenes de resguardar y proteger constantemente el bien común que es de todos los bolivianos, enmarcados siempre en los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”, expresó el comandante en jefe de las FFAA, Jaime Alberto Zabala, que leyó un comunicado.

La audiencia de medidas cautelares en contra del general Cuéllar está prevista para hoy, a las 10:30 en el juzgado de Sacaba. El general se encuentra desde el martes en celdas de la Felcn.

Apoyo a la Policía

El comandante en jefe de las FFAA mencionó que las operaciones militares se realizaron en apoyo a las fuerzas policiales que se encontraban rebasadas por grupos de manifestantes. En su descargo, aseguró que con la actuación de las Fuerzas Armadas se evitó “la confrontación y el derramamiento de sangre entre hermanos bolivianos, con ideologías diferentes”.

Los enfrentamientos se produjeron a consecuencia de la denuncia de fraude en las elecciones del 20 de octubre del año pasado y la posterior dimisión de Evo Morales, el 10 de noviembre. 

Sectores del trópico de Cochabamba afines al MAS y representantes de diferentes instituciones y plataformas ciudadanas, opuestas al gobierno de Morales, protagonizaron enfrentamientos en la capital cochabambina que provocaron muertos y heridos de ambos bandos.

El pronunciamiento leído por el comandante en jefe de las FFAA señala que las operaciones fueron ejecutadas en apoyo a las fuerzas policiales que fueron rebasadas, durante los enfrentamientos en el departamento de Cochabamba.

El pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y la detención del jefe del Comando Estratégico de Operaciones del Ejército (CEO) se produce momentos en que se encuentra en Bolivia una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), denominado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), para investigar las muertes ocurridas durante la revuelta popular que se extendió por 21 días, entre octubre y noviembre del año pasado.

Al respecto, el comandante en jefe de las FFAA dijo estar confiado en la investigación imparcial que efectúe la CIDH y espera que esta comisión comprenda que la actuación de los militares fue para evitar un mayor derramamiento de sangre entre grupos políticos de diferentes corrientes.

Zabala explicó que la organización de las Fuerzas Armadas descansa en su jerarquía y en su disciplina militar, que está sujeta a las leyes y reglamentos militares. “Como organismo fundamental e institucional, no realiza acción política ni delibera, depende del presidente del Estado y recibe sus órdenes en lo administrativo del ministro de Defensa y en lo técnico operativo, del Comando en Jefe”, aclaró Zabala, en el comunicado que leyó, acompañado del Alto Mando Militar.

Sobre la detención del general Cuéllar, el abogado y coronel en servicio pasivo del Ejército Jorge Santistevan, dijo que con estos malos ejemplos sobre el empleo de la justicia al servicio del poder político, los miembros de las Fuerzas Armadas deben recapacitar en su rol constitucional y actuar con firmeza, asesorar al poder político como corresponde, sin entregar a su institución al servicio de un partido político.

“Que este envilecimiento de la justicia y del poder político hacia los miembros de las Fuerzas Armadas sirva para que los militares se deban a su pueblo, a los sagrados intereses de la patria y no servir a un político”, señaló el coronel en situación de retiro.

Otros cinco investigados

El fiscal departamental de Cochabamba, Eduardo Terrazas, informó ayer que dentro del caso que se investiga por las muertes ocurridas en Huayllani-Sacaba, en noviembre del 2019, el Ministerio Público amplió la investigación en contra de los exministros de Defensa Fernando López y Gobierno Arturo Murillo. Ambos abandonaron clandestinamente el país después de que fueran acusados de comprar armas no letales con presunto sobreprecio. Además, la Fiscalía cochabambina tiene en su lista de sospechosos a dos jefes policiales y a otro militar.

“Dentro de este caso, hay cinco personas más que fueron citadas a declarar, entre ellos efectivos policiales y militares. La comisión de fiscales que está encargada del proceso va a analizar si concurren los riesgos procesales y, conforme a ello, se emitirá las resoluciones que correspondan. Estamos iniciando la fase preparatoria y no se descarta que se convoquen a más testigos u otras personas relacionadas con la comisión del hecho”, dijo Terrazas.

Según los antecedentes, el hecho se registró el 15 de noviembre de 2019 en el sector de Huayllani del municipio de Sacaba, donde se encontraban pobladores de Chapare en una movilización que pretendía ingresar a la plaza 14 de Septiembre del Municipio de Cercado. La marcha se quedó en el puente Huayllani, donde había un contingente militar y policial que impidió el paso de los marchistas.

En el lugar, la Policía usó agentes químicos para dispersar a los manifestantes y se produjo un enfrentamiento con el contingente de efectivos policiales y militares que resguardaban el sector, producto de estos hechos violentos 10 personas fallecieron por proyectil de arma de fuego y 90 resultaron heridas.