Las libertades de prensa y de protesta están en debate entre Gobierno y oposición

Las libertades de prensa y el derecho a la protesta están en debate entre el Gobierno y la oposición, y podrían generar protestas en las calles en los próximos días. 

El diputado de Comunidad Ciudadana Carlos Alarcón ve que el Gobierno conforma un triángulo con tres vértices para conformar una dictadura, y uno de ellos es precisamente tres leyes a las que llama “malditas”, que atentan contra ambas libertades.

El Gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima, garantizó que no es así, y aseguró el derecho de los sectores sociales a salir a protestar libremente, como el de los medios a informar.

Alarcón, en una entrevista con el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio, dijo que en el vértice superior de esa figura geométrica “están tres leyes malditas que criminalizan la protesta social con la figura mal relatada del terrorismo”. Se refirió primero al proyecto de ley 280 que plantea seis figuras penales con las que repiten la ley 218, contra la legitimación de ganancias ilícitas, que en 2021 el gobierno retiró “con el compromiso del ministro Lima, de que no iba a reponerla nunca más”. 

Explicó que las seis figuras penales son terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas, confiscación de bienes, la figura del agente encubierto y el de las entregas vigiladas.

“La comisión la suspendió, con el argumento de que busca mayor debate, nosotros hemos pedido que se archive definitivamente, pero ellos la mantienen en pie y el MAS se dio un compás de espera para socializarla”.

El ministro Lima aseguró ayer en una entrevista con medios estatales que el proyecto de Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas tiene como objetivo “tipificar con mayor precisión los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo, legitimación de ganancias ilícitas y otros. Se dijo que reponemos un proyecto de ley de hace dos años, al que los gremiales y otros sectores se opusieron y eso es falso”.

Complementó que este proyecto de ley está pensado para “combatir el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas. Cuando hay dineros mal habidos, se los lava fuera del país, la idea es recuperarlos. Habla de delitos de corrupción, narcotráfico, trata y tráfico, no tiene afectación a gremiales, choferes, empresarios y sectores que aportan al país que acuden a su derecho a la movilización. Por el contrario, protege sus intereses”, dijo Lima.

El ministro admitió que se suspendió este tratamiento, a pedido del presidente Luis Arce Catacora, “en tanto concluya un amplio proceso de socialización. Para que quede muy claro que no afecta a ningún sector social, sino a mafias organizadas.

 La idea es combatir las organizaciones criminales, no a los sectores. Este proceso de socialización es muy importante y tenemos una amplia agenda de reuniones. Hay que quitarles a los delincuentes esos activos mal habidos. Nunca se afectó ni la protesta social ni a las organizaciones sociales”, recalcó. 

Libertad de prensa
El diputado opositorAlarcón observó el proyecto de ley 304, que regula y sanciona el uso Indebido de las Redes Sociales en todo el Territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.

Según el legislador, “esta norma criminaliza la libertad de expresión en las redes sociales y a los ciudadanos. Este es un derecho que afecta a todos, especialmente a los periodistas, y promueve la censura previa. Si revisan el contenido esta norma es una mordaza, previa y posterior”.

La preocupación es compartida por la Asociación Nacional de la Prensa, que emitió un comunicado: “Un análisis simple lleva a concluir que existe el interés por restringir las opiniones libres, evitar las demandas sobre temas cotidianos e impedir las protestas”, dice un comunicado de la organización.

La viceministra de comunicación, Gabriela Alcón respondió que “el Gobierno garantiza la libertad de expresión para todos los bolivianos. Somos respetuosos de nuestra Constitución, de la Ley de Imprenta vigente y no estamos proponiendo ninguna normativa o artículo que vaya en contra de ella”, aseguró.

El tercer eje, para Alarcón, es el proyecto de ley 305 que modifica el apartado 281 del Código de Procedimiento Penal y señala que serán sancionados de tres a siete años de cárcel las personas que promueven el racismo, pronuncien discursos de odio e inciten a la violencia.

 Lo grave es que el texto advierte que “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno”.

“Este proyecto deja de lado los tipos penales que podrían justificarse, como el genocidio, la violación y otros, plantea tres bombas: la discriminación, la difusión del racismo y la discriminación y el delito de odio. Estas tres leyes malditas, con estos argumentos, generan ya un Estado judicial”.

Lima aclaró que el proyecto de Ley 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos no atenta contra los medios de comunicación. “Somos abiertos al escrutinio internacional, en todos estos encuentros nos plantean observaciones a la legislación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) nos dijo que no se adapta el delito de violación al estándar regional. Lo mismo con tortura, trata y tráfico de personas”.

Respecto al artículo 305, que es el que se observa, Lima recalcó que no es algo nuevo, “esa misma redacción está incorporada en la Ley 045 y está vigente en el país desde hace 13 años. Este artículo ha convivido con la Ley de Imprenta. El periodismo boliviano es serio y responsable. Pero, no puede haber discurso de odio. Este artículo mal llamado de ‘mordaza’ está vigente desde hace 13 años, la Ley de Imprenta está vigente, y lo dijo la CIDH, en Bolivia hay una amplia libertad de prensa y de expresión”.

Los otros dos vértices del triángulo, al que hizo referencia Alarcón están relacionados con la selección de precandidatos en las elecciones judiciales “si pasan los dos tercios, llevará al voto del pueblo a los postulantes que serán solamente los paramilitares y verdugos de esta dictadura”.

Y, para cerrar el triángulo, mencionó la nominación como viceministro de Régimen Interior, el excomandante de la Policía, Johnny Aguilera, “un experto en montar casos de terrorismo de Estado”.

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