Las protestas en las calles hacen retroceder a Arce
Arce anunció la abrogación de la Ley 1386. Choquehuanca firmó la norma abrogatoria
Por Bruna Lafuente
Las protestas en las calles obligaron en dos ocasiones a retroceder al Gobierno. La primera, que fue por un paro de un día, obligó el 14 de octubre a retirar de la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Eso no bajó la tensión y luego varios sectores, incluidos aquellos afines al oficialismo, decidieron realizar un paro indefinido por la Ley 1386, que al final fue abrogada por el Legislativo a pedido de Luis Arce.
El primer paro se desarrolló el 11 de octubre. La medida se la sintió en Santa Cruz de la Sierra y la Villa Imperial. Los gremiales, empresarios, transportistas estaban en contra de la ley que buscaba evitar las ganancias ilícitas. Fue la primera convocatoria a la población y tuvo resultados.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó tres días después que Luis Arce decidió pedir a la Asamblea que la norma sea retirada. Esa ley estaba en el Senado y ya había sido aprobada en Diputados.
La ley en cuestión, que era la 218, ampliaba el poder de acción de fiscales para que investiguen las ganancias ilícitas accediendo a información, realizando allanamientos o rastreando bienes sin necesidad de orden judicial.
“Presidente, reflexione o veremos quién gana en las calles”. Esa advertencia la lanzó el vicepresidente de la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), Braulio Arguedas. Varios sectores de la ciudad de El Alto también amenazaron con medidas de presión. Arce no tuvo otra opción que dar un paso atrás.
Otro de los sectores en protesta eran los gremiales. Las regionales protestaban porque los iban a investigar a pesar de manejar un negocio informal.
Protesta ciudadana en Santa Cruz/Foto: Juan Carlos Torrejón
Tras la ‘Ley Madre’
La lucha continuó. Casi un mes más tarde, en vista a que la Ley 1386, que era la “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo”, fue promulgada por el presidente Arce.
Esa acción obligó a los sectores a llamar a un paro indefinido que empezó el 8 de noviembre y que luego de nueve días se lo levantó con la derogación de la Ley 1386. Una segunda derrota para el MAS.
En Santa Cruz se cerraron nuevamente las calles y se vivieron enfrentamientos entre agentes policiales y civiles que buscaban levantar los bloqueos. En Potosí también la medida se la cumplió de manera estricta. El paro no tuvo el mismo eco en otras regiones. En La Paz solo hubo marchas y en Cochabamba bloqueos en el centro de la ciudad.
