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El viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría, pidió al exprocurador José María Cabrera dejar de hacer el ridículo con denuncias contra el Gobierno.

Cabrera fue alejado de su cargo el viernes, luego de apuntar responsabilidades al Ministerio de Gobierno, por la compra irregular de material no letal para la Policía Boliviana. Además, denunció que el Gobierno estaría intentando privatizar la Empresa Nacional de Electrificación (ENDE), cediendo sus acciones a los trabajadores.

“En el tema del procurador es algo muy básico que tendría que hacer. Lamento mucho que esté haciendo el ridículo. Lo que tiene que hacer es leer la ley 400 (Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados); ¿qué documentación va a proveer el Ministerio de Gobierno si nosotros no hemos realizado la compra?”, preguntó Santamaría.

En ese sentido, aclaró que la compra fue hecha por el Ministerio de Defensa y esa instancia gubernamental envió a la Procuraduría General del Estado, toda la documentación de respaldo sobre este tema.

Añadió que no es preciso sentarse a hacer un careo, sino más bien leer la Ley 400 que establece cuáles son los procedimientos de requerimiento para la adquisición de munición letal, no letal, armamento antidisturbios; sin embargo, lamentó que haya una intención de buscar que el Gobierno polemice y eso “es falso”.


Acciones de ENDE

Por otro lado, Santamaría explicó que, en el caso de la empresa eléctrica ENDE, los propios accionistas saben que hubo una confiscación.

Lo único que se está haciendo es recuperar esa propiedad accionaria en beneficio de los dueños originales, que son los miles de socios cochabambinos. Pero se quiere conjeturar de forma irresponsable”, resaltó.

El lunes pasado, la presidenta Jeanine Áñez dijo que la dictadura masista confiscó a 120.000 familias las acciones de la Empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba (ELFEC). “Yo me comprometí a devolverlas y hoy, un 14 de septiembre, día de Cochabamba, cumplo mi promesa y devuelvo estas acciones a sus verdaderos dueños”, anunció.

Pero para el exprocurador, esto es una “directa privatización de la empresa estratégica estatal” y patrimonio de todos los bolivianos. Observó la ilegalidad de pretender atentar contra el patrimonio de ENDE con procedimientos no adecuados.