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¿Transparencia Electoral estuvo como observador en las elecciones de Surinam, del 25 de mayo?

No, porque fue la primera misión de observación electoral que se hizo bajo un contexto de Covid-19 en América Latina y hubo muchas restricciones con los vuelos y con aspectos sanitarios. Solo hubo representantes de la OEA, pero con vuelos privados. No tenemos la capacidad presupuestaria para fletar vuelos especiales.

Bolivia figura entre los 142 países que debían celebrar elecciones en 2020. Sin embargo, fueron postergadas, como ha sucedido en otros lugares del mundo. ¿Qué efectos causa el coronavirus en la vida política y electoral de los países?

Evidentemente, hay mucha incertidumbre en el mundo por esta pandemia. Este año han sido suspendidos más de 50 procesos electorales en diferentes países, una situación que también está generando problemas políticos porque las elecciones no pueden suspenderse in aeternum. En algún momento, los que compiten y los ciudadanos deben conocer una fecha cierta para la celebración del proceso, porque la suspensión genera mucha presión. El panorama previo a la pandemia ya era bastante complicado en América Latina. Recordemos el caso de Bolivia, con las elecciones en octubre de 2019, y veníamos de un semestre complicado en Perú, por causa de un conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo que surgió en septiembre, y también tuvimos problemas en febrero con la elección suspendida en República Dominicana, por la incorporación fallida de la tecnología. Los comicios que nunca se hicieron en Haití, en noviembre de 2019, y unas elecciones sin resultados en Guyana, por causa de un fraude.

Es decir, en el semestre previo a la era Covid-19 ya existía un conflicto amenazante y mostraba que había problemas de carácter de consolidación democrática. Ahora, todos los países entramos en el túnel oscuro y amenazante de la era coronavirus y no sabemos cómo nuestras democracias saldrán de ahí y esa es la gran incertidumbre que tenemos. Hay algunos gobiernos que utilizan este contexto de incertidumbre para impulsar medidas de carácter ventajistas o autoritarias.

Además de la crisis sanitaria y económica, ¿el Covid-19 amenaza la estabilidad democrática en algunos países?

Exacto. Había mucha tensión política en algunos países previo a la era Covid, pero la pandemia ha reforzado esos problemas, los tensa aún más y con la crisis económica provocará mucha inestabilidad política en la región. En estos meses de crisis sanitarias millones de personas perdieron sus empleos y miles de empresas se fueron a la quiebra. Nuestras economías son deficitarias y es probable que demoren mucho tiempo en recuperarse y eso generará muchas demandas al sistema político. Habrá que ver la capacidad que tienen los gobiernos en atender los requerimientos de los ciudadanos. Todo esto se verá reflejado en las condiciones de competencia electoral. Para nosotros resulta preocupante.

En Bolivia se generó un debate político entre el derecho a la salud y el derecho a elegir un Gobierno. ¿Cómo se analiza esta situación desde afuera?

Este es un contrapunto muy interesante. Tomando en cuenta el escenario de votos obligatorio, si el Estado obliga al elector a votar, el Estado tiene que garantizar la seguridad al ciudadano. El problema que tenemos es que la realidad de América Latina es muy compleja y desigual. Por ejemplo, las zonas rurales o los barrios marginales de las grandes ciudades dejan mucho que desear en materia de infraestructura, en condiciones de higiene y de salubridad. Los estados por más que tengan la voluntad no podrán garantizar la seguridad del elector por más que utilicen antibacteriales o guantes al momento del sufragio. ¿Qué pasó en la última elección de Surinam? Se pudo garantizar el distanciamiento social en los centros de votación, pero en todos los alrededores de los recintos electorales, la gente estaba sin tapabocas y seguramente habrá un rebrote del coronavirus.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, podemos decir que en América Latina es muy difícil garantizar la seguridad de los electores, de las autoridades de mesa y los miembros de los organismos de seguridad. Por lo tanto, no parece ser una posición oportunista de postergar las elecciones hasta tanto no haya una situación de mejor control de la pandemia. La Asamblea Legislativa había establecido un rango para celebrar las elecciones, que ahora se extendieron (hasta el 6 de septiembre), pero habrá que ver si esto alcanza, porque si se garantiza mayor seguridad a los ciudadanos en términos de salud para octubre o noviembre, por qué hacerlas en septiembre.

Nuestro sistema de votación es manual y usted mostraba las carencias y deficiencias de diversos países, ¿qué se puede hacer para contar con elecciones más seguras en términos de bioseguridad?

Siempre he planteado revisar el paradigma del ‘manualismo’ electoral que impera en toda América Latina. Todas las etapas que implica el proceso electoral tiene dos pilares: El manual y el presencial. La presencia de las autoridades de mesa, los fiscales de los partidos políticos y los electores en un centro de votación forman parte del elemento distintivo del sistema electoral manual. Creo que es momento de revisar ese paradigma, sobre todo en este contexto, aunque también debemos reconocer que para lograr eso, la autoridad electoral debe contar con suficiente tiempo de preparación y en Bolivia los tiempos se han disparado. Hay una vorágine muy marcada, esto complica la posibilidad de que el Órgano Electoral lleve adelante un plan de incorporación de tecnología.

Si el TSE tuviera uno o dos meses más para celebrar la elección, probablemente estaría en condiciones de revisar algunos procedimientos para evitar el acto presencial o eliminar situaciones de contagios que sí se pueden hacer. Ecuador, por ejemplo, tiene previsto celebrar elecciones a principios del próximo año y en ese país está en discusión la nueva forma de votación. Algunos plantean sufragar en tres jornadas distintas, otros proponen la posibilidad del voto remoto o voto electrónico, entonces ahí existe un poco más de margen que Bolivia y están definiendo cambios estructurales. Me parece que estos temas deben ser revisados y todos los actores políticos bolivianos deben apelar a un sentido de responsabilidad y si la elección, para hacerse bien, tiene que postergarse uno o dos meses, debe salir del consenso y de la responsabilidad política.

Usted mencionó el ejemplo de Surinam, pero en el otro lado está Corea del Sur que celebró con éxito sus elecciones parlamentarias a mediados de abril. ¿Qué se puede aprender de Corea del Sur, salvando sus diferencias tecnológicas y económicas?

Ese es uno de los ejemplos que podemos traer a nuestros continentes. Corea del Sur es un país muy tecnificado, con una economía muy desarrollada y diversificada e implementó un proceso electoral con muchos recursos tecnológicos y económicos. Nuestras realidades son diferentes, pero se pueden aplicar algunas de sus medidas. Ellos dividieron al electorado en cuatro segmentos. Las personas contagiadas con el Covid-19 votaron a distancia, con el voto electrónico. Las sospechosas de portar el virus, también lo hicieron a distancia. Las personas sanas acudían a los centros de sufragio, pero antes de entrar se les tomaba la temperatura con equipos electrónicos de alta precisión. Los que estaban con temperaturas de 37,5 grados votaban en un lugar seguro en ese mismo centro.

¿Podemos implementar algunas de estas medidas en nuestros países? Creo que sí, pero con tiempo. Por eso pregunto si el tiempo con el que cuenta Bolivia para celebrar sus elecciones es acorde para incorporar algunos de estos cambios. Creo que se podría implementar centros de votos remotos con los electores en el exterior, esa puede ser una instancia para innovar. Quizá no en todos los distritos, pero es algo que debe evaluar la autoridad electoral. Se puede adoptar otras medidas, pero se necesita de voluntad política, capacidad de gestión y tiempo para evaluarla e implementarlas.

Antes del día de la elección, existen otras actividades que implican concentración de personas, ¿qué se puede hacer con esos procedimientos que involucran a mucha gente?

Ahí sí la tecnología nos puede ayudar, y mucho. Todo lo referente a capacitación de autoridades de mesa se puede hacer con el uso de la tecnología, de elementos virtuales, y eso no representa ningún tipo de inconveniente ni riesgo potencial. Bolivia tiene oficinas electorales distribuidas en todo el país, entonces no habría problema. En todos los países de América hay personas que no tienen acceso a internet, pero a esas personas habrá que ofrecerles algún tipo de alternativa, quizá más relacionada al sistema tradicional de capacitación, pero en los distritos urbanos y en las capitales se tiene que apelar a la tecnología.

Usted mencionó que a Surinam solo acudieron observadores de la OEA, pero acá en Bolivia la presencia de veedores internacionales fue fundamental para detectar un fraude en los comicios de octubre de 2019. ¿Qué riesgo existe de que hasta el 6 de septiembre no se garantice la presencia de observadores en Bolivia?

Es un tema central que me gustaría destacar. Cualquier determinación en relación a la posible fecha de la elección boliviana tiene que contemplar esta situación, es decir, habrá que preguntarse: ¿Es posible celebrar un proceso electoral en Bolivia sin acompañamiento internacional? Con el nivel de conflictividad que tiene Bolivia, yo te diría que es imposible. Si no contarán con veedores internacionales porque no existen las garantías ni las condiciones necesarias, tengo la sensación de que el proceso electoral boliviano puede terminar muy complicado, demasiado tenso, porque no generará certidumbre y puede generar más problemas de los imaginables.

También a la hora de establecer una fecha, el oficialismo, la oposición y autoridades electorales tienen que contemplar esta situación. En qué momento podría garantizarse la presencia de misiones de observadores electorales. Habrá que ver si se cuentan con las condiciones para el 6 de septiembre. Si a una misión de observación electoral se le da la posibilidad de asistir después de octubre o noviembre, considero que es una variable importante. Si las misiones entienden que estarán en mejores condiciones de hacer su función después de la fecha, es un aspecto que debe tomarse en consideración.

¿Por qué cree que será un proceso conflictivo?

Porque venimos de una elección muy complicada donde la misión de la OEA documentó que existía un fraude estructural. Eso ha generado un nivel de tensión sin precedentes y la sensación que deja es que más allá de los esfuerzos de la autoridad electoral de Bolivia, los organismos internacionales de observaciones y de otras misiones, le darán legitimidad al proceso electoral y probablemente disminuya el nivel de conflictividad política después de que se conozcan los resultados de la votación.

En el país existe otra disyuntiva porque el TSE cerró la inscripción de nuevos votantes en función a las elecciones que debían celebrarse el 3 de mayo, pero se han fijado dos nuevas fechas. ¿Qué se tiene que hacer en estos casos?

No puedo opinar sobre el caso específico de Bolivia porque no me compete. Sin embargo, en términos generales es un caso interesante porque cuando se definen las misiones de veedores electorales también se observa y se analiza todo lo que tiene relación con la etapa preelectoral. A esta altura ya debería estar una misión de la OEA en Bolivia para advertir sobre todos estos inconvenientes o para orientar cómo se debería desarrollar el proceso, pero esto no sucede actualmente. No ocurre porque no hay vuelos, y porque la situación sanitaria es complicada. Hoy debería estar presente una observación electoral para evaluar todos estos temas, tomar las denuncias de los sectores que participan del proceso para ver qué cambios normativos se incorporan, si presentan algún nivel de abuso o si cumplen con los procedimientos normativos.