Legisladores de España y Chile anticipan denuncia internacional por violación de derechos en Santa Cruz; el Gobierno ve injerencia

El europarlamentario español Víctor Guido Gonzales, del conservador Vox, y el diputado chileno, Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, opositor al gobierno de Gabriel Boric, anunciaron acciones internacionales por la “sistemática violación de derechos” en Santa Cruz. El Gobierno ve injerencia, calificó esas declaraciones de “inaceptables”, pero valoró otras posturas, también de la Eurocámara, que pide respeto a la justicia del país.  

Gonzales y Sánchez llegaron al país. Este lunes se reunieron con el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y con el comandante departamental de la Policía  para “recolectar evidencias y testimonios” sobre la situación social en Santa Cruz tras la violenta detención del gobernador Luis Fernando Camacho la semana pasada.

“Somos los primeros de distintos observadores con cargos electos, congresistas de varios países que van a estar viniendo a Bolivia. Estamos profundamente preocupados por las sistemáticas violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en este país; por la vigencia de aquellos acuerdos internacionales que esta nación ha firmado y que está violentado”, declaró a los periodistas el parlamentario español.

La reacción fue inmediata. El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, en representación de la Cancillería, cuestionó esa declaración y anunció la remisión de sendas notas de queja, por la vía diplomática, a los gobiernos de España y Chile.

“Ambos diputados no representan a su Gobierno y dar estas declaraciones es un claro acto de intromisión que es inaceptable para nuestro país”, remarcó Blanco, quien –eso sí– valoró otros pronunciamientos que demandan el cese de violencia y condenan una supuesta violenta toma de instituciones en Santa Cruz.

“Hemos recibido notas de apoyo, como del Parlasur”, precisó Blanco. Además, indicó que hay otros nueve europarlamentarios que le han pedido a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que emita una nota de apoyo para que la justicia del país trabaje “sin injerencia externa”.

Víctor Guido Gonzales afirmó que en Santa Cruz hay evidencias de abuso policial, “detenciones sumarias” y un “uso desproporcionado de la fuerza pública contra civiles”. Reclamó que el uso de gases lacrimógenos afectó, incluso, a un niño de cuatro años.

Reclamó por la forma violenta en la que fue detenido Camacho el 28 de diciembre y afirmó que existen dudas en varias entidades internacionales sobre el cumplimiento del debido proceso en el país. 

El subcomandante de la Policía, Edson Claure, admitió la existencia de grupos delictivos y vandálicos que atacaron la ciudad durante las recientes manifestaciones, aunque reclamó que los grupos movilizados usaron bazucas (caseros) y bombas molotov que, inclusive, dejaron a varios efectivos heridos.

Calvo pidió a la población movilizarse para resguardar las entidades públicas y dejar de bloquear calles o hacer vigilias en las rotondas. “Hay un cambio de estrategia”, remarcó.

El Europarlamento volverá a sesionar a patir del 9 de enero y se espera que la coyuntura que vive el país repercuta en ese escenario.