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La Ley 1386 de “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo” es la principal causa por la que se está realizando el paro nacional iniciado este lunes 8 de noviembre.

Varios sectores y gremios del transporte, médicos y hasta comerciantes informales consideran que la norma busca "imponer" un "totalitarismo económico y financiero". Por ello, buscan que la cuestionada ley sea abrogada.

El 11 de octubre de este año se realizó otro paro nacional en rechazo al Proyecto de Ley 218/2020-2021 “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, por considerarla atentatoria a los derechos de los ciudadanos. 

Con la medida de presión se logró que el Órgano Ejecutivo retire la ley de la Asamblea LegislativaNo obstante, los sectores que se consideraron afectados  y otros que, de igual manera, se consideran perjudicados, también señalan que la Ley 1386 vulnera los derechos de los ciudadanos. Por ello, convocaron a un nuevo paro nacional.

Desde el Gobierno y el MAS, han señalado que la Ley 1386 y otras normas que se han aprobado y promovido en el primer año de gestión de Luis Arce (que  se cumple este lunes 8) solo buscan cumplir con acuerdos internacionales y reactivar la economía nacional.

Otra ley que también ha generado malestar en el país es la Ley 342 del Plan de Desarrollo Económico y Social 2021-2025 (PDES). Tanto alcaldías, gobernaciones y universidades sostienen que vulnera los niveles de autonomía y la planificación realizada por estas entidades.  

En el país además existen otros conflictos sectoriales que siguen sin resolverse del todo hasta el momento, como el que involucra a los trabajadores de Aasana (Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea), que amenazan con un paro por las deudas que no son cubiertas por el Gobierno.

De igual manera, marchistas indígenas del oriente boliviano también esperan desde hace más de un mes en Santa Cruz la atención de sus demandas. En salud, la semana pasada hubo paros en dos hospitales públicos por falta de insumos, medicamentos y otros materiales.        

Asimismo, no se ha desvanecido el pedido de "libertad para los presos políticos" y el "cese de la persecución judicial" en referencia al llamado caso "golpe de Estado" por el que está prisión preventiva desde hace siete meses la expresidenta interina Jeanine Áñez y otras exautoridades del gobierno de transición.

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