La Cámara de Diputados aprobó la madrugada del sábado la abrogación de la Ley 1720, norma impulsada por el senador cruceño Branko Marinkovic y promulgada semanas atrás por el presidente Rodrigo Paz Pereira. La decisión se produjo después de varios días de presión de organizaciones campesinas, especialmente de grupos movilizados desde Pando, que instalaron vigilias en La Paz para exigir la eliminación de la ley.
La sesión legislativa también dejó una señal política clara. Legisladores del Partido Demócrata Cristiano respaldaron de forma compacta la abrogación, mientras otros diputados evitaron participar en la votación o abandonaron el hemiciclo. Tras conocerse el resultado, Marinkovic cuestionó duramente el comportamiento de algunos parlamentarios. “No tuvieron el valor de votar de frente”, afirmó al rechazar el resultado del voto parlamentario.
El exministro y senador sostuvo además que la Ley 1720 buscaba generar condiciones de mayor seguridad jurídica para la producción y la inversión. “Esta norma daba certidumbre para trabajar y producir”, señaló.
El proyecto pasó a la Cámara de Senadores, donde el escenario político es diferente. El senador por Libre, Abdón Pórcel, explicó a EL DEBER que el trámite debe cumplir varias etapas internas antes de una eventual abrogación definitiva. “No se puede hablar todavía de una abrogación consolidada porque el Senado tiene su propio procedimiento”, indicó.
Porcel también remarcó que en la Cámara Alta la bancada más consolidada es de LIbre. “Aquí hay una composición distinta y el debate seguramente será más amplio”, afirmó el legislador.
El conflicto ocurre en un contexto económico sensible. Bolivia enfrenta menor liquidez, presión cambiaria y dificultades para atraer nuevas inversiones. En ese escenario, sectores productivos consideran que la discusión sobre la Ley 1720 puede convertirse en una señal de incertidumbre para actividades vinculadas al agro , la inversión y la expansión productiva.
Desde Santa Cruz, dirigentes agropecuarios comenzaron a advertir posibles medidas de presión si el Senado confirma la abrogación. Dirigentes cívicos pidieron frenar la eliminación de la norma y advirtieron que cambios abruptos en reglas vinculadas a la producción pueden afectar inversiones y planificación del sector agropecuario.
El desenlace legislativo sigue abierto y será seguido de cerca tanto por sectores sociales como por actores económicos vinculados a la producción y la inversión privada.