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Al menos tres recursos legales contra la Ley de Postergación de Elecciones fueron expuestos por especialistas y candidatos. Las propuestas apuntan a dejar sin efecto la norma aprobada este jueves por el MAS en la Asamblea Legislativa, que obligaría al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a llevar adelante los comicios hasta el 2 de agosto, como último plazo.


El abogado Joadel Bravo explicó que la mejor alternativa sería introducir una acción popular, porque facilita a cualquier persona presentar este recurso contra la ley que fue rechazada por la presidenta Jeanine Áñez, pero que fue promulgada por la titular del Senado, Eva Copa, del MAS.


En criterio de Bravo, existe una evidente vulneración de derechos por parte de las autoridades contra la misma comunidad.


“La Acción Popular procederá contra todo acto u omisión de las autoridades o de personas individuales o colectivas que violen o amenacen con violar derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y salubridad pública, el medio ambiente y otros de similar naturaleza reconocidos por esta Constitución”, señala el artículo 135 de la Constitución Política del Estado y que Bravo cree el adecuado para invalidar la Ley aprobada por la bancada del MAS.


Admitió que existen otras dos figuras jurídicas que pueden ser tomadas en cuenta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el amparo constitucional y la acción de inconstitucionalidad.


El amparo constitucional puede ser presentado de forma individual o colectiva contra los servidores públicos que restrinjan, supriman o amenacen restringir los derechos reconocidos. Aunque este recurso, según el artículo 128 de la CPE, señala que solo se podrá presentar “siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados”.


En el caso de la acción de inconstitucionalidad, la misma puede ser presentada por las autoridades electas y si el fallo favorece a los demandantes, la ley impugnada es inaplicable, señala la Carta Magna en su artículo 133.


Demandas


De hecho, el candidato presidencial por la alianza Creemos, Luis Fernando Camacho, adelantó que recurrirá a la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la norma promulgada por el MAS. Mencionó como argumento la salud de los bolivianos que están guardando cuarentena para resguardarse de la pandemia del coronavirus, que hasta este viernes había contagiado a 1.229 personas en el país.


Vulnera nuestro derecho humano a la vida y a la salud poniéndonos en riesgo; además porque vulnera los derechos políticos al llevarnos a unas elecciones con unas circunscripciones que no reflejan la igualdad del voto de cada uno de los ciudadanos”, dijo Camacho en su comunicado y refiere que llevar a los bolivianos a votar en estas condiciones provocaría un desastre.


Camacho difiere con las tres propuestas que se presentaron hasta el momento, en alusión a Carlos Mesa; la propuesta del MAS y la que pidió el TSE, de celebrar los comicios en 140 días.


El candidato de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, abogó por que el Gobierno convoque a un diálogo nacional con todos los actores políticos y que en función de este encuentro se defina la fecha de las elecciones.