La Ley 1740 que regula los estados de excepción en Bolivia ya está vigente luego de la promulgación por parte del presidente Rodrigo Paz. Tras firmar la nueva norma, la autoridad apuntó al “narcoterrorismo” como responsable de las amenazas a la democracia y la estabilidad que enfrenta país.
A pesar de esta valoración, la aplicación efectiva de un estado de excepción no será automática porque depende de un decreto presidencial que debe ser remitido al Legislativo que, a su vez, tiene 72 horas para aprobarlo o rechazarlo.
“Esta ley no es una carta blanca para la Policía y las Fuerzas Armadas”, preciso la presidenta de la Comisión de Gobierno y Fuerzas Armadas, Catherine Pinto, en un contacto con EL DEBER. Rechazó así la versión de sectores afines a Evo Morales, que sostienen que esta ley equivale a autorizar el uso de armas letales en las protestas.
Pinto explicó que la norma, de 27 artículos, fija requisitos para el decreto que active la medida como el ámbito territorial, justificación frente a la gravedad de la amenaza, proporcionalidad en el uso de la fuerza, subsidiariedad y obligación de agotar previamente el conducto regular a través del diálogo.
La ley establece que la Policía actuará bajo coordinación del Ministerio de Gobierno. En el caso de las Fuerzas Armadas, su intervención deberá canalizarse por el Ministerio de Defensa y estará limitada al apoyo logístico, el resguardo de vías fundamentales y la protección de instalaciones estratégicas.
El artículo 21 señala que, si grupos subversivos sobrepasan a la fuerza policial, la movilización de tropas militares solo podrá darse por orden escrita del Presidente. La norma también prevé el uso diferenciado de la fuerza, con prioridad en la preservación de la vida.
Un estado de excepción puede tener una vigencia máxima de 90 días y solo podrá ampliarse con autorización previa de la Asamblea Legislativa. Su aplicación no debe responder a criterios discriminatorios. Uno de los puntos más sensibles está en el artículo 26, que concede a policías y militares la “presunción de legalidad operativa” sobre sus actos. Pinto defendió ese alcance al sostener que “sería ilógico establecer que los policías y militares fueron formados para vulnerar derechos constitucionales”.
El diputado de Alianza Unidad Juan Del Granado, que votó contra la norma, cuestionó ese criterio. Advirtió que presumir de forma anticipada la legalidad de las actuaciones policiales y militares puede generar “un sistema de protección indebido” para quienes ejercen el monopolio de la fuerza.
El artículo 27 dispone que, si policías o militares son procesados durante el estado de excepción, los ministerios deberán brindarles asesoramiento legal. Ese patrocinio no se aplicará cuando los uniformados incurran en actos arbitrarios, tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual u otras vulneraciones de derechos humanos.
La promulgación de la Ley 1740 se produjo ayer al darse inicio a la sexta semana de conflictos y bloqueos. En la Casa Grande del Pueblo, el presidente Rodrigo Paz señaló al “narcoterrorismo” como una amenaza contra la democracia y la estabilidad del país. “Nuestra mano está extendida para seguir siempre en el diálogo, siempre en el diálogo, pero cuídense de los infiltrados y de los violentos. Y a los violentos, a los narcoterroristas, así como cayó (Sebastián) Marset, sus días están contados”, advirtió.
La reacción llegó desde el trópico de Cochabamba. En un video difundido en redes sociales, dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré amenazaron con tomar instalaciones militares si el Gobierno declara formalmente el estado de excepción a merced de la nueva ley.
“Que el Gobierno lo piense muy bien antes de ordenar a los militares y policías para que vayan a los puntos de bloqueo. No nos hacemos responsables de lo que pueda pasar en el trópico de Cochabamba con militares y policías”, afirmó.
Luego aclaró que se trataría de “tomas pacíficas y vigilias” en entidades militares del Chapare.