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La ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva y no convencionales, que fue aprobada en Diputados esta semana y ahora espera ser tratada en Senadores, autoriza que por orden de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la Policía y la Fiscalía puedan allanar casas, revisar cuentas bancarias, romper el secreto profesional, dispone el “pago” a informantes y obliga, incluso a las iglesias y a organizaciones no gubernamentales a abrir su información.

Este hecho ha desatado la alerta en los asambleístas de la oposición, quienes denuncian que concede a la UIF el poder absoluto para perseguir a quien se oponga al Gobierno y coloca en estado de indefensión a todas las personas que utilizan el sistema bancario.

El oficialismo, que impuso su mayoría la madrugada del viernes en Diputados para aprobar esta norma, señala que la ley no alcanzará a sus bases.

El senador Félix Ajpi, MAS, advirtió que no le da el poder absoluto a la UIF. “Nuestro país es informal, no alcanza a un compañero que se ha hecho un patrimonio haciendo carpintería, fabricando muebles sin facturar, a ellos no podemos perseguir”, dijo.

La norma apunta “a esas personas que sin haber hecho nada tienen buenas casas. No habrá atropellos. Yo hubiera apoyado a quienes compraron los autos indocumentados en las comunidades para nacionalizarlos, pero los delincuentes que traen esos vehículos se aprovecharon, son contrabandistas y eso ya no se puede aceptar”, adujo Ajpi.

El artículo 31 establece que en investigaciones de estos delitos la Fiscalía, con el apoyo de las funciones de los investigadores policiales, podrán acceder a toda documentación e información física o informática que esté en poder de cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado, así como realizar búsquedas de personas, allanamientos a lugares específicos, toma de declaraciones a testigos, identificación de personas que controlan cuentas, rastreo de bienes sin aviso al titular y todo acto necesario para la obtención de pruebas.

Ante eso, la senadora Centa Rek, Creemos, calificó la ley de inconstitucional. “Está hecha para perseguir, para promover la concentración del poder político en manos del Gobierno. Otorga atribuciones plenipotenciarias a la UIF y el ciudadano ve vulnerados sus derechos y garantías”.

No es aceptable, dijo, que “no se necesite una orden de un juez. Por la simple sindicación, bajo el título de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y para la supuesta proliferación de armas, para allanar casas a sola denuncia”, acotó.

Por su parte, el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes lamentó que se le “entreguen súperpoderes a la UIF con el pretexto de vulnerar el secreto bancario”, y ahí tocó otro punto polémico de la norma.

En el artículo 9, acápite tercero, dice que la IUF tiene la atribución de realizar actividades de inteligencia y análisis financiero y/o patrimonial, para identificar y seguir el rastro de bienes, redes y operaciones sospechosas presuntamente vinculadas a los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento al terrorismo.

Luego, en el numeral 8, marca que puede requerir y obtener información de entidades financieras y otras, con reportes con y sin umbrales de transacciones en efectivo, transferencias electrónicas y cualquier otra información que considere necesarias, sean de carácter individual o colectivo, público o privado, para el cumplimiento de sus funciones.

Reyes consideró que, “obviamente, la idea es perseguir y tener el control total de las personas, sin siquiera tener órdenes judiciales. Basta que cualquiera tenga un movimiento de más, un depósito para afectar a la persona, tomar preso a quien quieran y después ponerse a investigar. Realmente éste se vuelve a un Estado policiaco, donde las personas deberán tener muchísimo cuidado porque no solo afecta a los políticos, sino a todos los que utilizan la banca.

El artículo 17 señala que se considera como “sujeto obligado” a dar información “toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores y seguros, pensiones, notarios de fe pública, abogados, contadores, juegos de azar o casinos, actividades comerciales, registro de comercio, control físico transfronterizo de divisas y otros que la UIF mediante resolución administrativa incluya en el ámbito de la regulación”.

El siguiente artículo, el 18, establece que las personas naturales y jurídicas que se dedican a la comercialización de inmuebles y muebles sujetos a registro, de obras de arte y objetos arqueológicos, de armas de fuego, de actividades hoteleras, servicios de turismo, agencias de viaje, construcción de carreteras e infraestructura vial, transporte aéreo nacional o internacional que operan en territorio nacional, usuarios u operadores directos e indirectos de zonas francas, despachadores de aduanas, empresas de exportación e importación, exploración, explotación y comercialización de recursos naturales, servicios educativos y de formación deben remitir información a requerimiento de la UIF, y la lista es larga.

Ni las iglesias quedan exentas, porque la obligatoriedad de informar alcanza a organizaciones civiles, “organizaciones religiosas y de creencias espirituales, organizaciones no gubernamentales y toda organización sin fines de lucro y otras actividades establecidas en el Código de Comercio.

Ajpi señaló que el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, dijo en un informe oral que se realizó un intenso trabajo para enfrentar al contrabando, pero solamente hay 17 procesados y siete de ellos fueron absueltos por el Órgano Judicial. “El contrabandista tiene que ser combatido”, dijo.

Los cocaleros no serán afectados con esta ley, a no ser, dijo el senador del MAS, que se compruebe que algún productor incursionó en narcotráfico. “Sea grande o chico, su negocio afecta y mata a nuestros jóvenes, ataca a la vida. Eso no significa que vamos a indagar a todos, ni que usaremos esta ley como instrumento de venganza política”.

Ni los sindicatos ni los cocaleros están incluidos específicamente en la norma. Reyes insistió en que afecta a todos los bolivianos, “incluso a los cocaleros, que utilizan la banca. Basta una denuncia de una persona a otra, esto va a llevar a que la gente guarde su plata bajo el colchón. Es terrible”.

La senadora Rek dijo que todo esto le genera un pesar enorme. “Yo estoy deprimida con esto, lo hallo espantoso, la gente no se da cuenta en el precipicio que caemos. Estos son paquetes que buscan la toma total del poder. En un año cambiaron las normas de forma dramática. Es lo que hizo Fidel Castro en Cuba, se tomó un año. Esto es realmente alarmante. Estoy aterrorizada”, afirmó.

En la investigación se podrán utilizar agentes encubierto, entrega vigilada, el colaborador eficaz y la compensación económica al riesgo del informante.

En el artículo 35, establece un pago al testigo. “La persona que proporcione información útil, oportuna, fidedigna y apreciable de los resultados, a las autoridades del Ministerio público o a miembros de la Policía, acerca de la preparación o comisión de un delito previsto en esta ley recibirá una remuneración económica cuyo procedimiento será establecido en un reglamento.

La colaboración eficaz está en el artículo 36, le da al fiscal la potestad de pedir al juez que prescinda de la acción penal respecto de algunas de las personas imputadas, siempre y cuando ésta colabore con la indagación, brinde información esencial para evitar la consumación del hecho o la perpetración de otros, desactivar organizaciones criminales, ayude a esclarecer el hecho investigado o brinde información útil para probar la participación de otras personas, cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del colaborador.

Para el senador Ajpi, este hecho será clave para detectar a las mafias que mueven los hilos de las organizaciones que generan las ganancias ilícitas, aseguró que ayudará en forma efectiva al descubrimiento, aprehensión y procesamiento de este tipo de delincuentes.

El diputado y abogado Carlos Alarcón, opinó que además de los superpoderes que le dan a la UIF, y el Gobierno se complementan con el informante pagado. “Puede ser un comerciante que quiere sacar del mercado a su competidor y para ello lo denuncia por lavado de dinero. Entonces, hago una información malintencionada, y encima le pagan y sale premiado, eso se presta a otra serie de abusos y discrecionalidades”.

Sobre el colaborador eficaz, manifestó que es alguien supuestamente vinculado al grupo de personas que cometieron el delito, y puede decir que se extinguir su proceso penal “si es que permite ejercer la justicia penal sobre los otros”.

Aseguró que “con este gobierno y su relación politizada con los operadores de justicia, el informante ‘premiado’ y el colaborador eficaz se convierten en un arma letal en contra la oposición, porque la la UIF es un empleado del Gobierno, igual que el fiscal, el juez, el procurador y el ministro de Justicia. “Ninguna independencia, catastrófico”, dijo.

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