“Leyes malditas”: el oficialismo pierde en las calles
El Alto tuvo un rol clave en la derogatoria de siete normas observadas
La agenda legislativa ha sido cooptada por los intereses del Poder Ejecutivo, que en 2021 apresuró la aprobación de siete normas que los opositores llamaron “leyes malditas”. Sin embargo, una vez más el poder de las protestas callejeras ha superado de lejos el accionar de la oposición en la Asamblea e hizo retroceder al oficialismo, que abrogó una norma clave y suspendió el tratamiento de otra, ambas relacionadas con la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
La administración de Luis Arce dejó a un lado la conciliación y recuerda cuando puede la crisis política de 2019. La teoría del supuesto golpe de Estado y del gobierno “de facto” de Jeanine Áñez han copado el discurso oficialista.
El 2021 quedará inscrito como el año en el que las movilizaciones callejeras mostraron ser mucho más poderosas que la propuesta de la oposición en la Asamblea.
La lucha que se viene será eliminar normas -o al menos modificarlas- cuyo denominador común es otorgar a Arce la posibilidad de modificar su contenido a través de decretos, lo que quita a la Asamblea Legislativa sus atribuciones constitucionales.
Las normas que tienen esas mismas características son las siguientes: En lo económico, la ley 1405 de Estadísticas Oficiales y la 1398 de Registro de Comercio. En lo social, la 1390 de Fortalecimiento a la Lucha Contra la Corrupción. Además, la ley de ascensos en la Policía, con lo que se completan las siete normas.
La derrota
Como ocurrió con la ley de procedimiento penal, en la gestión de Evo Morales, en apenas su primer año de gestión, Luis Arce ya tuvo que abrogar la Ley 1386, que establecía la estrategia para lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, y suspender el tratamiento de otra que desglosaba los alcances y sanciones en la misma temática.
Cívicos del país, gremiales, médicos y transportistas realizaron un paro nacional que se inició el 8 de noviembre. La medida tuvo como epicentro Santa Cruz y Potosí, pero se sintió también en otras ciudades.
En Potosí, el 19 de noviembre falleció el joven campesino Basilio Titi. El Gobierno culpó a los cívicos por el deceso. El 13 de noviembre Luis Arce anunció que abrogaría la norma. Ahora, los sectores llamaron a un cuarto intermedio en sus protestas y alistan medidas para el inicio de 2022.
