Liberan de culpa a 24 acusados de la quema de dependencias policiales en 2019
El representante de Derechos Humanos de El Alto reveló el sobreseimiento que dispuso la Fiscalía. Eran 24 personas que estaban procesadas por los destrozos en la Fuerza Anticrimen
La Fiscalía Departamental de La Paz dispuso el sobreseimiento de 24 personas procesadas por la quema de unidades policiales en la ciudad de El Alto, según afirmó este viernes el representante de Derechos Humanos de El Alto, David Inca.
El activista presentó documentación relacionada al caso, señalando que la decisión fue confirmada en los últimos días, librando de culpa a quienes habían sido detenidos en noviembre de 2019.
“El fiscal Alave nos ha entregado una resolución de confirmación de sobreseimiento de estos hermanos que han sido acusados injustamente. ¿Por qué delitos han sido acusados?, por asociación delictuosa, organización criminal, sedición y terrorismo”, dijo en conferencia de prensa.
Inca negó que la disposición surja por algún tipo de presión política y destacó que el Ministerio Público no encontró ninguna prueba para procesar a los “trabajadores gremiales y vecinos que han sido detenidos injustamente y torturados”.
Explicó que la primera resolución de sobreseimiento fue emitida el año pasado y que la misma fue ratificada recientemente por el Fiscal Departamental, tras una impugnación presentada por la Policía Boliviana, como parte afectada.
“Hemos esperado un año y ocho meses y tenemos la alegría de decir que varios hermanos alteños pueden regresar a su vida normal. Sin embargo, el comando general puede rechazar esta resolución”, alertó Inca.
Durante las protestas tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, grupos destrozaron y saquearon la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la urbe alteña y también dependencias de Tránsito.
En su momento las 24 personas fueron acusadas de la presunta comisión de los delitos de robo agravado, asociación delictuosa, organización criminal, tenencia y porte o portación de aras. Ahora, si el comando general de la Policía recusa la decisión, la Fiscalía General del Estado deberá analizar el caso.
