Señalan a la Policía de cometer abusos en la represión a cocaleros de Los Yungas. El Gobierno dice que garantiza la libertad de expresión

21 de septiembre de 2021, 18:35 PM
21 de septiembre de 2021, 18:35 PM

A las 16:30 aproximadamente, la Policía dejó en libertad al periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, sin embargo, se abrió un proceso en su contra y su caso pasó a la Fiscalía; mientras las organizaciones de prensa emitieron comunicados de protesta ante el "atropello de las autoridades policiales".


La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) condenaron por separado lo sucedido con los trabajadores de la prensa que cubrían el conflicto cocalero.


“Repudian la inconstitucional y violenta aprehensión del periodista Carlos Quisbert, de Página Siete, y la gasificación del camarógrafo Santiago Limachi y de su hijo Sergio, de una agencia Internacional de noticias, cuando cubrían el conflicto en la Asociación Departamental de Productores de Coca de La Paz (Adepcoca)”, señala el comunicado conjunto de las citadas organizaciones nacionales.


Mientras que la ACPI exigió la investigación sobre la explosión que hirió a dos de sus afiliados en puertas de la clínica San Francisco de Asís, ubicada en la zona de Villa El Carmen, donde uno de ellos fue alcanzado en la pierna por  los proyectiles de gas lanzados por los policías.


“Exigimos al Gobierno una investigación oportuna y profunda para aclarar lo sucedido y activar los mecanismos legales para procesar legalmente a los responsables. Demandamos al Gobierno y a la Policía que otorguen las garantías para nuestro trabajo y recordar que nuestra labor está protegida por acuerdos y normas internacionales”, señala la nota de los corresponsales extranjeros.


El conflicto


La mañana de este martes, la Policía arremetió contra los cocaleros opositores al Gobierno con una gran cantidad de efectivos que desplazó hasta las zonas de Villa Fátima y Villa El Carmen, donde se concentraban los campesinos. Cuando estos intentaron retomar el control de su mercado, fueron gasificados y detenidos.


Luego se supo que su líder Armin Lluta estaba internado en la clínica de Villa El Carmen, los cocaleros fueron a ese lugar a protegerlo, pero la Policía arremetió con efectivos de la UTOP en motocicletas. Fue en esa acción que se produjo la explosión en puertas de la clínica y mientras los heridos se ayudaban entre ellos, los uniformados proferían gritos para despejar el lugar.


En ese mismo escenario se produjo la aprehensión del periodista Carlos Quisbert, quien relató que vio el abuso policial contra una mujer de la tercera edad y cuando quiso ayudarla pero fue embestido por dos policías a bordo de una motocicleta. Quisbert dice que reaccionó con un manotazo y los policías aprovecharon el momento para golpearlo en grupo.


“Me llevaron en la camioneta, además de volverme amenazar y tenerme enmanillado me llevaron hasta al puente de Minasa y me dicen que tenía que pagar la moto porque le había causado daño, viendo que no me amedrentaban, que no tenía miedo, me echan gas”, relató Quisbert al salir de las oficinas de la Felcc.


Al salir de las oficinas, dijo que fue puesto en libertad, pero la Policía denunció el caso y ahora tiene un proceso abierto en la Fiscalía.


Mientras, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó la agresión a los periodistas y condenó los hechos en Villa El Carmen. Dijo que el Gobierno garantiza el trabajo de los periodistas, aunque no precisó en qué forma se refleja esa garantía.


"El trabajo periodístico debe respetarse, lamentamos las agresiones que se puedan generar contra los trabajadores de la prensa, venga de donde venga. Repudiamos ese tipo de acciones", dijo la autoridad luego de hacerse presente en instalaciones de la Felcc.