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El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, señaló esta mañana en una entrevista con Bolivia Tv que esta semana se tratará en la Asamblea Legislativa una ley que abrirá la posibilidad de que si exautoridades o exfuncionarios procesados por corrupción delatan y colaboran con evidencia concreta, podrán incluso quedar fuera del proceso.

El ministro Lima ha sido uno de los promotores de que en el caso de la compra de gases lacrimógenos, se convoque a declarar a todos los exministros que firmaron el decreto que autorizó la adquisición, ejecutada por el Ministerio de Defensa y gestionada con el de Gobierno. Además, puntualizó que esto servirá para casos “tan graves” como los que se registraron en la gestión de Jeanine Áñez.

 “Se han robado incluso la plata de los respiradores. Pero, cada vez que hemos ido investigando más el alcance del nivel de corrupción, hemos encontrado esto en todos los ministerios y en decisiones que nos llevaron a una gran afectación de los derechos humanos. Las máximas autoridades ejecutivas actuales han iniciado acciones legales. En todos los ministerios tenemos auditorías en curso, investigaciones de transparencia y cientos procesos penales en contra de ministros, pasando por viceministros y otros”.

El ministro explicó que hay acciones de auditoría, transparencia y acciones penales. “El Consejo Nacional de Lucha Contra la Corrupción que presido, y está conformado por el contralor, el procurador, el fiscal general identificamos problemas en la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz”, que tiene diez años de vigencia.

Manifestó por ejemplo que se detectó la creación empresas que se dedican a intermediar, por ejemplo, en el tema de los respiradores o en el de gases lacrimógenos, “y no es el dueño de la empresa que se beneficiará de la corrupción, sino a un joven abogado o auditor que pueda firmar los documentos cuando hay una estructura criminal detrás de esta organización”.

Acotó también que las exautoridades, actualmente detenidas, señalaron que estaban entre demorar el trabajo o firmar el contrato, y que la responsabilidad fue del ministro o de alguna autoridad superior. “Debemos ver cómo ser eficientes en la lucha contra la corrupción. El cero tolerancia no puede ser incompatible con el debido proceso”.

Para eso se trabaja un proyecto de ley ya aprobado por la comisión de justicia plural y que será tratado esta semana en la Asamblea Legislativa.

Este proyecto de ley tiene un aspecto fundamental: “la delación premiada, la colaboración eficaz, que es una figura que ha permitido desbaratar toda esa operación de Lava Jato que hubo en Brasil y que todos los países logremos desbaratar organizaciones criminales que le quitan a los bolivianos los recursos que requiere para esta crisis de la pandemia”.

Explicó que “la persona de la organización criminal que sea un colaborador eficaz y entregue la prueba y la evidencia del delito que se ha cometido se podrá beneficiar inclusive con la exclusión total de la pena. No es combatir a los miembros de toda la organización criminal, sino desbaratar esas mafias organizadas que tenemos y que roban a los bolivianos”.

Señaló que esas mafias construyen delitos tan graves “como los que se han realizado en la gestión de la señora Áñez, especialmente”.

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