Lima desahucia propuesta de juristas independientes porque no respeta la CPE

El ministro de Justicia, Iván Lima, desahució la iniciativa de los juristas independientes para una reforma constitucional para cambiar la justicia porque asegura que no respeta los tiempos ni las bases de la Carta Magna y anunció que en los próximos días una delegación de alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitará el país para analizar la situación de la justicia boliviana, y verificar si hay presos políticos y si se respeta el debido proceso.

En una entrevista con medios estatales, Lima señaló que “en el tema de la reforma judicial viene un punto importante, pero no el que hace a toda la reforma de justicia, que es la elección de los magistrados y consejeros. 26 altas autoridades tienen que ser cambiadas el 31 de diciembre. ¿Hay alguien en el país que quiere que los actuales se queden? Aparentemente hay sectores del país que así lo pretenden, en esa línea está Luis Fernando Camacho (Gobernador de Santa Cruz), Carlos Mesa (expresidente y jefe de CC), malos políticos que buscan prórrogas a partir de no cumplir con la Constitución”, manifestó.

A decir del ministro, la Carta Magna da seis años a los magistrados, hasta el 31 de diciembre y lo que está haciendo el vicepresidente David Choquehuanca es  llevar adelante el tratamiento de este tema en la Asamblea. "Esta semana debiéramos aprobar ese reglamento, la convocatoria para tener la preselección debe completarse hasta el mes de julio para la remisión de listas al TSE, como pidió el presidente del Órgano Electoral, Oscar Hassenteufel, y tener elecciones en octubre. Eso es parte de la reforma judicial, y el Gobierno garantizará el presupuesto, se requiere más de Bs 175 millones y debe garantizarse desde el Órgano Ejecutivo”.

Se refirió a la recolección de firmas, una incentivada del grupo de juristas independientes para promover la reforma judicial a través de referéndum por iniciativa ciudadana. "Manifestó que hay personas, muchas de ellas con buena fe, pero sin un criterio de temporalidad de los tiempos del Estado que dicen que habrá la recolección de un millón y medio de firmas, que irán al TCP, volverá a la Asamblea, que se conseguirá un presupuesto, que se va a votar y que se va a llevar adelante una elección en términos de su propuesta, pero no le están hablándole al país con la verdad. Hasta julio eso no se puede hacer. Esa propuesta estará discutida y debatida probablemente para 2029, en otro momento en la vida del país, pero ahora tenemos otra agenda", dijo Lima.

“Esos son los tiempos diferentes, aunque de buena fe que tienen juristas que no entienden la realidad del país porque lamentablemente pocos de ellos han litigado, pocos de ellos estuvieron en los tribunales y solamente uno estuvo en la magistratura”.

El ministro recalcó que “todos los movimientos sociales que busquen contribuir con la reforma judicial no van a tener del Gobierno Nacional, ninguna posición crítica. Lo que sí criticamos es en relación que se presenta con los tiempos. 

Detalló que "la propuesta de los juristas independientes debe culminar el 23 de abril. Estamos a días de que se determine si se recolectaron el millón y medio de firmas o no. Establecido ese paso el TSE verifica las firmas y remite el caso al Tribunal Consitucional. Puedo decir que una sentencia constitucional de esta magnitud tomará al menos seis meses. Hasta octubre podría salir. Yo creo que el TCP les va a negar, pero en caso de que se llegue a esta situación tendríamos que buscar Bs 250 millones de presupuesto y una ley que pueda habilitar una pregunta como en el 21-F". 

Eso también toma un tiempo, y calculó al menos tres meses, hasta diciembre. "Ese mes termina el mandato de las actuales autoridades. En julio debemos mandar la lista de los postulantes y en octubre debe ser la elección. Eso demuestra que esa propuesta no es seria, no es responsable, no sigue los tiempos ni los cronogramas que prevé nuestra CPE". 

Le recordó al país que, "cuando asumimos el gobierno, el primer mes fue plantear al país este problema y sugerimos la reforma constitucional, y la respuesta fue que la CPE no se toca. Sectores sociales me plantearon de que no se podía pasar por alto una Carta Magna que costó sangre al país, que no podemos quitarle al pueblo la posibilidad de elegir a sus autoridades. La planteamos, se cerró y ahora la quieren abrir en una lógica que no es democrática".

El ministro también criticó la propuesta planteada para la elección de autoridades. "Ellos mantienen la elección, pero quieren que nueve personas elijan a los candidatos. A dos los elige la Asamblea, uno por mayoría y otro por minoría. Dos las universidades, dos vienen de los gremios de periodistas, el séptimo viene de Asociación de Magistrados de Bolivia. Otro de los colegios de abogados y el noveno del sistema de justicia indígena originaria. De esos nueve, cinco permitirían elegir a los magistrados. Pasas de un tema constitucional de dos tercios de votos a que cinco ciudadanos decidan quiénes serán las autoridades de la justicia boliviana”.

Finalmente, aseguró que una modificación en ese sentido sería inviable e incluso inconstitucional.

Delegación de la CIDH

El ministro confirmó que el más alto nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene siete comisionados elegidos por todos los países de la región. Aseguró que espera que lleguen todos, pero hasta el momento cinco de ellos han confirmado una visita al país, del 23 al 30 de marzo, en el modelo de la visita que el entonces relator especial para la Independencia de Jueces y Abogados de Naciones Unidas, el peruano Diego García-Sayán García Sayán, realizó al país en febrero de 2022.

Relató que el lunes comenzarán con una reunión con el vicepresidente, que los recibirá para darles la bienvenida y donde recibirán la impresión inicial “en ese afán de ser respetuosos siempre de los Derechos Humanos. Nos dicen que hay presos políticos en el país, que no respetamos el debido proceso, la respuesta del gobierno del presidente Arce es invitarlos a que vengan al país y visiten a todos los actores políticos, a todos los ciudadanos, a los tribunales, abrimos las puertas al escrutinio público internacional”.

Por ello, entre el 23 y el 30 de marzo tendrán encuentros con entidades del Estado, entre lunes y martes, con asambleístas del oficialismo y de la oposición, con los ministros, también con el Órgano Electoral, y después irán a Sucre para entrevistarse con el Tribunal Supremo de Justicia, el Fiscal General, el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental, con la sociedad civil de Chuquisaca, para finalmente terminar de atender a los actores de la sociedad civil. Se dividirán en tres o cuatro grupos, para visitar Cochabamba, Santa Cruz, y otras regiones”, detalló el ministro.

Aclaró que se les abrirán las puertas, para sus visitas, a todas las cárceles del país. “Nosotros respetamos la salud del debido proceso, y si es que ellos deciden hablar con el gobernador Luis Fernando Camacho o con la ‘senadora’ Jeanine Áñez, no tendremos ningún problema. Ellos pueden hacer esas visitas como a cualquiera de los más de 25 mil privados de libertad que vean necesario escuchar”.

El viernes tendrán una reunión con el presidente Luis Arce y con el ministro de Justicia. Harán una conferencia de prensa donde harán una declaración inicial. Luego, en el plazo de un mes a 45 días, presentarán un informe completo de su visita. “Este país respeta los derechos humanos y el debido proceso”.

La autoridad admitió que esta comisión analizará el estado de la justicia, “reconocemos que la justicia está avanzando, está dando pasos, pero no los suficientes y a la velocidad que quisiéramos desde el Órgano Ejecutivo. Parte de la visita tiene que ver con estas preocupaciones con relación a la reforma judicial y lo que implica tener derechos que se hagan cumplir por los jueces y la administración de justicia”. El ministro prometió que ante las observaciones que la comisión presente, serán trabajadas de forma inmediata.

De hecho, prometió que en estas semanas, como se comprometió el país con el GIEI, los juicios de Sacaba y Senkata han tomado cursos en la justicia ordinaria que permitirán que en este primer semestre podremos tener juicios orales, públicos y contradictorios en esta materia que significó graves violaciones a los derechos humanos. El informe GIEI precisó que hubo una masacre, así que esas teorías de que querían volar la planta de Senkata o que se dispararon en sacaba ha quedado completamente descartada. Lo mismo pasará con la visita de CIDH”.

Consideró que será clave la reunión con los vocales electorales que en varios departamentos fueron acusados de un monumental fraude electoral. “Habría que invitar a Carlos Mesa de presentar una sola acta de su mentira monumental. Le ha mentido al país, como el secretario general de la OEA, Luis Almagro, a la región, y es algo que muchos vocales torturados, encarcelados, una vocal muerta en La Paz, podrá confirmar que hubo aquí solamente una retórica de mentira de parte de Carlos Mesa”