Lima dice que procesos contra López y Murillo siguen y que tendrán que cumplir condena cuando retornen al país

El ministro de Justicia, Iván Lima, aseguró que, en lo que resta del año, se consolidará el proceso en ausencia en contra de los exministros Arturo Murillo y Fernando López por los hechos de Sacaba, Senkata y de otros casos de presunta corrupción, y que se espera que en los próximos meses se pueda tener el veredicto del Tribunal Constitucional para determinar si es que la expresidenta Jeanine Áñez es juzgada en la justicia ordinaria. 

Los procesos de extradición deben completarse. “La Ley de lucha contra la corrupción nos abre la posibilidad de seguir juicios en rebeldía en contra de los exministros López y Murillo”, recordó Lima, en una entrevista con medios estatales.

Explicó que Arturo Murillo ya es procesado por corrupción. “No hemos detenido el trabajo. La Ley de lucha contra la corrupción nos abrió la posibilidad de que se lo pueda procesar en rebeldía, ya no solamente por delitos de lesa humanidad, sino también por corrupción”.

Dijo que Murillo tiene varios procesos por corrupción. “Cuando termine su detención en Estados Unidos tendrá un destino claro. Aquí su proceso avanza, fue imputado, será acusado y sentenciado, así es que no quedará más que volver a cumplir su condena”, dijo.

Sobre López, señaló que se sabe que él se encuentra en Brasil y que con Jair Bolsonaro como presidente es complicado extraditarlo. Según Lima, López también ha sido acusado por delitos de corrupción.

Pese a que en Bolivia hasta Luis García Meza, el dictador que encabezó el régimen de facto de 1980, fue procesado por juicio de responsabilidades, el ministro de Justicia insistió en que procesar o no a Jeanine Áñez por la vía ordinaria depende de la decisión que tome el Tribunal Constitucional. "Esperamos que (el veredicto) salga en los próximos meses. La CIDH nos dio la razón, dijo que estamos respetando el debido proceso y el derecho a la salud respecto a este caso”, manifestó.

Caso Titi

Sobre la muerte en Potosí del joven campesino Basilio Titi, ocurrida durante los conflictos sociales generados por el paro indefinido que exigió y logró la abrogación de la Ley 1386, el ministro Lima aseguró que “no quedará impune la muerte de cualquier boliviano. En este caso, la CIDH ya llamó la atención al Gobierno, y definitivamente vamos a trabajar a fondo en esto”.

Para Lima, no es normal que se diga que la muerte se produjo por una broncoaspiración. “Él sufrió un ataque y una persecución. Era parte de un grupo de personas que hacían una fiesta por la efeméride potosina. Esperaban al presidente Luis Arce (la presencia del mandatario fue descartada por seguridad con debida anticipación) y ocurrió esto”.

Aseguró que el Gobierno ya tiene las imágenes de las cámaras de seguridad y de ciudadanos, registros que hasta hoy no fueron difundidas, “ en las que se puede confirmar que (Titi) fue objeto de persecución. Esas imágenes muestran que le lanzan objetos y que sufre caídas”. 

Luego señaló que “se debe indagar, pues no lo mataron directamente, pero la persecución lo llevó a la muerte y eso configura el dolo eventual, hay culpa por lo ocurrido y los responsables deben pagar. La dirigencia de Comcipo debe rendirle cuentas a la justicia. La CIDH pide que se conozca quiénes fueron los responsables”, concluyó Lima.