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El ministro de Justicia, Iván Lima, propuso introducir un referéndum en las elecciones subnacionales del 7 de marzo para modificar la justicia. Comunidad Ciudadana le tomó la palabra y presentó una propuesta para eliminar la elección de jueces y seleccionar nuevos por meritocracia, mientras que Creemos mostró desconfianza y pidió una propuesta escrita.

En entrevista con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, el ministro Lima mencionó que sería ideal si todos los partidos se ponen de acuerdo en una reforma constitucional, que “la pregunta esté incluida en la papeleta de las elecciones subnacionales para alcaldes, concejales, gobernadores.

Aseguró que en ese caso no habría ninguna dificultad legal de incluir una pregunta que tenga que ver con ese tema constitucional en las elecciones de marzo. “Hay la posibilidad de que las reformas en la justicia se aceleren en periodos rápidos de diálogo, de negociación, de decisión y de consensos amplios, pero a marchas forzadas si queremos aprovechar las elecciones del próximo año”, complementó la autoridad del Poder Ejecutivo.

Para acelerar la propuesta de reforma, este jueves 3 de diciembre se celebrará la primera reunión del consejo de notables convocados por el ministro de Justicia.

El jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, respondió que le “toma la palabra” al ministro, y complementó que este es un tema que debe tratarse a la brevedad; no es un tema de mediano o largo plazo. “El ministro de Justicia, a nombre del gobierno del presidente Arce, ha expresado su voluntad de llevar adelante una reforma inmediata, nosotros creemos que es urgente”.

Por su parte, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, declaró que el ministro debe presentar su propuesta por escrito y luego buscar una reunión con los partidos de la oposición “y plantearnos personalmente y por escrito, el sentido de su propuesta”.

Lima explicó que el Gobierno tiene planificado promover acciones para garantizar la independencia de los jueces.

“Para eso necesitamos tomar medidas que generen la confianza y la seguridad de que la carrera judicial se va a establecer. Si el recurso humano funciona, si los jueces están seguros de que su trabajo no va a tener interferencias ni de poder económico, ni de político, ni de mediático, tendremos la seguridad de que la justicia se va a transformar, y ese es el objetivo principal”, indicó.

La premisa, dijo el ministro, será buscar la independencia para servir al ciudadano, no para que sea un privilegio del juez sino una garantía para los bolivianos. Por ello, indicó que el Gobierno planificó grupos de medidas. Unas de emergencia, que son cinco leyes que están actualmente en tratamiento en el Órgano Legislativo, son aquellas que no pueden esperar más.

Mencionó que uno de los puntos estructurales que fueron planteados durante las campañas presidenciales, tanto del presidente Arce como de los excandidatos Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, tuvo que ver con una posible reforma constitucional, y para realizarla es importante que haya un consenso social entre todas las fuerzas políticas y entre todos los bolivianos.

Planteó como metodología es que este 3 de diciembre, a las 15:00 se instalará la primera sesión de ese consejo preconstituyente. Lima admitió que no es un tema que esté en la ley, o en la Constitución, “sino que conforma un nivel de asesoramiento al Ministro de Justicia, para lograr consensos entre todas las fuerzas políticas y lograr de esta manera que una eventual reforma constitucional pueda ser tratada por la Asamblea Legislativa”. 

Este nivel técnico, según su planificación, deberá realizar su trabajo rápidamente para que la reforma se convierta en realidad en los próximos meses.

“Yo les diría que entre el 3 y el 13 de diciembre, en 10 días, debería tener un documento en el que se pueda informar al país qué reformas constitucionales son necesarias. O también, una posibilidad es que no se haga ninguna reforma constitucional y sigamos con la actual legislación y actual CPE. Ese es el resultado del equipo técnico, una respuesta al país, sobre si necesitamos reformar la Carta Magna o no y redactar o proponer un texto de la pregunta que pueda ser llevado a la Asamblea”.

Aclaró que menciona el 13 de diciembre porque las sesiones legislativas terminan el 20 de diciembre. “Es importante que hasta esa fecha (el 20 de diciembre) tengamos alguna salida porque los temas constitucionales tienen que ser aprobados por un referéndum de voto popular”.

Sin embargo, recordó que Bolivia atraviesa por una época de restricciones económicas, “tenemos que hacer un esfuerzo todos” y por eso la consulta debe realizarse junto a las subnacionales.

Mesa complementó que “nosotros creemos que es urgente. Para ponerlo en ideal, en el primer semestre del 2021 debiera estar resuelto este tema. No podemos darnos el lujo de esperar hasta el 2023, que termina el periodo de los actuales magistrados”. Por eso, indicó, CC planteó la declaratoria de vacancia de los cargos, y que sean de carácter interino hasta el primer semestre del año 2021, dijo.

Bazán manifestó que el tema no está claro. “En prensa se pueden decir cosas. Estamos abiertos a escucharlos. No se trata de abrir la CPE, porque se pueden introducir demandas de cualquier tipo, cosas positivas como negativas. Por ello, hay que verlo con calma. No aplaudimos esa idea, y también censuramos y alertamos de que todos estos cambios pueden estar motivados por un deseo a ajustar la Constitución a su nueva circunstancia electoral, más que por un deseo legítimo de cambiar la justicia”, complementó.

El ministro Lima garantizó que no será así y aclaró que “si se abre el debate sobre la reforma constitucional es solo sobre el tema de la justicia, no se tocará ningún otro tema, el único que se podría analizar es revisar la elección de los jueces por voto popular y el tema judicial, no se analiza ni se tiene previsto abrir el debate sobre ningún otro tema”, afirmó la autoridad, para cerrar la posibilidad de que al abrir la CPE, se puedan filtrar otros asuntos, como por ejemplo la reelección indefinida.

Entre los 10 profesionales que iniciarán su trabajo esta semana, se encuentran el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé; el exmagistrado del Tribunal Constitucional José Antonio Rivera; el rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez y el exministro de Justicia Carlos Alberto Goitia.

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Saúl Paniagua, señaló que “la propuesta debe analizarse, evaluarse. Que no se realice al calor de la coyuntura política”.

Admitió que efectivamente Bolivia necesita reformas, especialmente en su estructura judicial, cómo elegir a los magistrados, pero “un equipo de trabajo debe evaluar, estudiar y emitir una propuesta coherente. Las leyes son una construcción colectiva, de consulta previa”.

Opinó que es un tema que no se puede tomar a la ligera, porque se debe adecuar las normas dispersas, en una sola. Y eso debiera tomar al menos seis meses.

José Antonio Rivera dijo el lunes que, efectivamente, conversó del tema con el ministro Lima, pero que hasta ahora no le ha llegado ninguna invitación formal. “Si es que eso ocurre y participo de la reunión, con mucho gusto daré declaraciones posteriormente”.

El domingo, monseñor Sergio Gualberti afirmó en su homilía que la justicia perdió credibilidad en el país por causa de la corrupción, del manoseo y del uso de las autoridades para perseguir a los adversarios políticos.

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