Llega Navidad sin pactos en la Asamblea y la tendencia de judicializar sus decisiones

Llega la Navidad, y la Asamblea, este último año, no tuvo posibilidad de hacer pactos. A eso se suma el hecho de que hay una tendencia creciente a la judicialización de las decisiones políticas que toma y el Gobierno, con el control del Tribunal Constitucional prorrogado, anula al Poder Legislativo,afirman analistas consultados.

Este año no se han podido realizar las elecciones judiciales, porque el Tribunal Supremo de Justicia elevó una consulta previa de constitucionalidad al Tribunal Constitucional Plurinacional, que en los últimos días de 2023 emitió la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 del 11 de diciembre, en la que otorga prórroga indefinida a las actuales autoridades judiciales.

¿Dónde está el problema?, tres analistas desmenuzan esta situación. Gregorio Lanza señaló que cada día se confirma más que “el gobierno de Arce es más autoritario y sigue los pasos de Evo Morales, de forma más torpe en algunos casos. La Asamblea Legislativa, de la posibilidad que tenía de abrir escenarios de diálogo, se ha cerrado a partir de esta visión autoritaria. Ya no hay pactos, ahora funciona el maletín negro. De esta forma entramos a un Estado autoritario donde el uso de la ley en función de los intereses directos del poder impera”.

Lanza apuntó a que “El Poder Ejecutivo tranza o compra directamente a los jueces de los diferentes niveles, maneja el Tribunal Constitucional, maneja el Tribunal Electoral para que sus medidas favorezcan al Poder Ejecutivo”.

Advirtió que la prórroga de los jueces es a cambio de que desconozcan totalmente “el congreso del MAS ‘evista’ de Lauca-Ñ y para que sigan las líneas gubernamentales”.
Advirtió que aquí se confirma aquello que el inglés se denomina law war, “utilizan los instrumentos judiciales para hacer política. Eliminan el diálogo, los consensos, y recurren a judicializar la política, para anular a la Asamblea Legislativa, y volvemos a fojas cero en un Estado Autoritario en vez de conducir un proceso de transición democrática que le abriría más posibilidades a Arce para reproducir su poder. Este camino creo que le cierra cada vez más la puerta para reelegirse en 2025”, aseveró.

Por su parte, el analista, abogado y periodista Andrés Gómez recuerda la naturaleza política de un parlamento. Afirma que está conformado por representantes electos de manera directa e indirecta “por población y por región, como el caso de los senadores y desde ese momento se supone que su valor político es convertirse en la voz que defiende los intereses de los ciudadanos”.

Cuestionó que “fracasa un parlamento cuando sus miembros no representan a los ciudadanos, y se ocupan solamente de seguir los intereses de su partido, del jefe del mismo, lo que genera una oligarquización que lo lleva a perder su naturaleza política. Cuando intentan defender grupos se olvidan de la pluralidad de miradas, de la llegada a acuerdos, por eso es que esta Asamblea se olvidó de pactar, porque se enguerrillan en una posición”.

La otra causa es que los últimos 18 años, “hubo más que mayoría, dos tercios en favor de un partido, y el MAS ha perdido la esencia de la política, que es el consenso, el diálogo, la deliberación, porque siempre se vio autosuficiente y no requería conversar con nadie”.
La tercera causa que identifica es que dentro de la Asamblea hay gente que “no es leal a la democracia. Todo esto generó que el Legislativo pierda su naturaleza política, deja de representar a la gente, a la pluralidad, y se ocupan sólo del jefe del partido”.

Mencionó que en el Poder Legislativo hubo pactos históricos, como el que institucionalizó la Corte Nacional Electoral con un gran acuerdo nacional, los acuerdos para reformar la Constitución Política del Estado y, en la primera gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, el MNR logró pactos para descentralizar el Estado, la ley de Participación Popular. “Creo que en esos momentos los partidos, que no tenían dos tercios, vieron el interés nacional antes que el del jefe del partido. Ahora sólo se defiende al grupito”.

Gómez considera que la consulta previa es legítima y constitucional, “ahora que la hayan utilizado en la maniobra política es otra cosa, pero creo que la esencia es que hay un divorcio entre la sociedad y los asambleístas”.

El abogado José Luis Santistevan sostiene la tesis de que la confrontación interna del MAS, entre Luis Arce y Evo Morales, genera una crisis de Estado. “Cuando el gobierno pierde la gobernabilidad en la Asamblea, para que ésta no lo perjudique coopta el Poder Judicial para controlar y frenar al Legislativo”, aseguró.

Esto inviabiliza a la Asamblea, “no es reciente. Cuando los ‘evistas’ emprendieron las interpelaciones a ministros, el Gobierno recurrió a jueces y vocales, y salieron dos fallos, de un tribunal y en juez que anularon la censura y ahí surge una prohibición, que cercenó al Congreso en sus atribuciones, “por eso es que es incapaz de generar pactos ni acuerdos”.

El segundo elemento es que recurre al Tribunal Constitucional cuando la Asamblea aprueba la ley 1513 de elecciones judiciales en junio de 2023, y sale un fallo del Tribunal Constitucional, “que gira en torno del poder de turno, y anula las elecciones judiciales”.

Vuelve a la pugna interna y desahucia cualquier intento de validar el congreso evista de Lauca-Ñ, “porque el gobierno se conseguirá otro juez, que lo volverá a anular. Así se destruye la institucionalidad del Estado y nunca habrá acuerdos políticos. En resumen, el Gobierno instrumentaliza la justicia para utilizar al Tribunal Supremo Electoral y para neutralizar a la Asamblea, esa es una crisis de Estado”.

Con ese marco, sin independencia de órganos, el siguiente paso, a su criterio, será pisotear la soberanía del pueblo. “Resulta que al autoprorrogarse el TCP, también con una resolución, la declaración 0049/2023 desconoce la soberanía del soberano que eligió magistrados por seis años. Desde el 1 de enero habrán autoridades judiciales de facto. Así, No hay Contralor, no habrá elecciones judiciales”. Menciona también que sin 2/3 el fiscal general Juan Lanchipa seguirá en su cargo, usando como jurisprudencia la “resolución prorrogadora”.

Finalmente, se preguntó “¿qué pasará el 2025 si es que no se pueden realizar las elecciones generales. El presidente, después del 8 de noviembre se prorrogará porque resulta que esa declaración constitucional dice que ningún órgano del Estado puede dejar de funcionar. Todo el mundo le echará a la prórroga y se acabará la democracia”.

​