Logran 76 sentencias por casos de corrupción, pero persiste sabor a impunidad

Horas después de que la Fiscalía hiciera conocer el archivo de obrados en la investigación sobre presuntos hechos de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y del caso narcoaudios, el Viceministerio de Transparencia presentó un informe de gestión para mencionar que entre 2021 y marzo de 2023 se lograron 76 sentencias condenatorias en casos de corrupción, legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito.

“En 2022 se han logrado 55 sentencias (16 absolutorias y 39 condenatorias) lo que significa que realmente hemos tratado de hacer un trabajo muy efectivo, que tenga un resultado y que la ciudadanía diga: ‘no es que no hacen nada, hacen’ y ojo estamos hablando de 55 casos. Muchas veces se hace público un caso y pareciera que ese caso nomás tenemos que ver”, dijo la viceministra de Transparencia, Susana Ríos, durante la presentación de la memoria anual de casos.

La aparición de la viceministra Ríos, que fue anunciada de un día para otro, fue cuestionada por legisladores del ala ‘evista’ del MAS y de la oposición política.

De acuerdo a los datos presentados por la viceministra, en el año 2021 se consiguieron 16 sentencias (cuatro absolutorias y 12 condenatorias) por hechos de corrupción. El año pasado la cifra aumentó a 55 sentencias (16 absolutorias y 39 condenatorias) y de enero a marzo de 2023, 33 sentencias (ocho absolutorias y 25 condenatorias) que corresponden a casos iniciados en este Gobierno y anteriores.

Las cifras se emiten en medio de la polémica por el caso “coimas” del Ministerio de Medio Ambiente y Agua que le valió el cargo al exministro Juan Santos Cruz y otros dos funcionarios. A la fecha, se investiga a 15 personas presuntamente involucradas en el delito de enriquecimiento ilícito.

A este hecho se adhiere el sobreseimiento a dos casos denunciados por el propio partido de gobierno: el primero se refiere al destino de una presunta coima por parte de una empresa china a funcionarios de la ABC para la adjudicación de la construcción de la carretera Sucre-Yamparáez y, el segundo, está relacionado con la suspensión de una misión antinarcóticos en Valle Sacta, Cochabamba.

Otros datos relevantes de la memoria y el boletín emitidos por el Ministerio de Justicia revelan que solo en 2022 se recibieron 646 denuncias por hechos de corrupción. De ese total, 381 fueron admitidas y procesadas por el Viceministerio de Transparencia Institucional, divididas en: investigación por actos de corrupción (240 casos); investigación patrimonial (38 casos); procesamiento penal de delitos comunes (61 casos); y procesamiento de delitos especializados como legitimación de ganancias y otros (42 casos).

Los casos acumulados por enriquecimiento ilícito son 104 y por legitimación de ganancias ilícitas suman 479, de los cuales la mayoría radica en La Paz (196), Santa Cruz (154) y Cochabamba (70).

Denuncias e impunidad

En dos años y medio de gobierno del presidente Luis Arce, dos ministros pasaron por la cárcel, dos dejaron el cargo por denuncias de nepotismo y corrupción. Las denuncias más visibles fueron contra Yacimiento Petrolíferos Fiscales Boliviano (YPFB), la ABC, la Gobernación de Potosí por las ambulancias “fantasma”, los exjefes policiales por caso narcoaudios, el viceministerio de Comunicación por pauta publicitaria y guerreros digitales, el Ministerio de Minería por designaciones ilegales, el interventor de Epsas por supuesto soborno y otros viceministros.

En su mayoría, las acusaciones provienen del MAS. Desde la división en dos bloques entre radicales y renovadores, empezaron a surgir graves denuncias y alusiones de que el presidente conocía los casos, pero al ver inacción empezaron a revelarse ante a los medios de comunicación.

Uno de los casos más mediáticos fue la denuncia contra la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) y funcionarios de la ABC que habrían recibido una coima de Bs 9 millones tras un cambio de papeles de una propuesta y un poder “falsificado”, intercambiados en un cuarto de hotel en Sucre para beneficiar a la constructora con la adjudicación de la doble vía Sucre-Yamparáez.

Las investigaciones duraron al menos nueve meses, pero pese a las pruebas “contundentes” el caso fue cerrado y ahora está en fase de apelación. El bloque ‘evista’ cree que hay encubrimiento.

“Resulta altamente sospechoso que la ministra (María Nela) Prada salga leyendo una carta al Papa (Francisco) justo en el día en que se conoció el sobreseimiento del caso ABC. Con esa noticia querían tapar la impunidad que les dio el fiscal Aragón. Parte de esta tramoya para lograr impunidad es la declaración cambiada del (empresario) chino Zhengyuan Jin”, cuestionó el diputado denunciante del caso ABC, Héctor Arce.

Otro hecho es el denunciado por Carlos Romero y Teresa Morales, exministros de Evo Morales, que advirtieron un sobreprecio en la importación de diésel por parte de YPFB. Entre enero del 2022 y marzo del 2023, existiría un daño al Estado de $us 723,4 millones.

Por otro lado, el reciente cierre del caso narcoaudio para el exministro Romero “genera más certezas que dudas” y considera que hay “un interés de proteger a quienes dieron la contraorden de no intervenir el laboratorio de cocaína” en Valle Sacta, Cochabamba. Para el líder masista Evo Morales, el caso de coimas en Medio Ambiente es “poco” frente a los presuntos hechos de corrupción en YPFB que también involucran al hijo del presidente.

Desde la oposición, manifestaron que la “impunidad” en esta decena de casos se debe a que la justicia está cooptada por el poder político que solo “persigue” a los opositores. “La justicia en este país no funciona porque está parcializada, se necesita mano dura. No podemos permitir que nadie se robe la plata de los bolivianos”, sostuvo el diputado Omar Rueda.

El jefe de Estado aseguró que hay “cero tolerancia” a la corrupción y desde el Gobierno negaron que exista impunidad, al contrario dejaron las resoluciones en manos del Órgano Judicial en el marco de su independencia.

Los sectores sociales también mostraron su descontento con los últimos hechos contra el Gobierno. Desde la Csutcb, el dirigente Omar Ramírez observó que no haya responsables y adelantó que en las siguientes semanas se develarán más hechos de corrupción en Emapa y Sedem.

“Que Lucho sea más riguroso y que investigue de oficio a sus ministros porque las siguientes semanas vamos a seguir desatando la olla de grillos”, dijo a este medio.

El ejecutivo de Tupac Katari, Luciano Marca, informó que esta semana el Pacto de Unidad mantendrá una reunión con Arce y harán conocer su descontento contra el ministro Remy Gonzáles y Édgar Montaño.