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La excanciller de Bolivia, Karen Longaric Rodríguez, afirmó la mañana de este miércoles que no tiene ningún problema en declarar como testigo en el caso gases lacrimógenos, en que el principal investigado es el exministro de Gobierno Arturo Murillo.

En contacto con el programa Influyentes, de EL DEBER Radio, Longaric dijo que se trata de una persecución política del Gobierno y en particular del Ministerio de Justicia. Afirmó que la Cancillería no intervino en la cadena de la compra de ese material, no letal para la Policía Boliviana, por parte del Ministerio de Gobierno.

Atribuyó su citación, a cargo del Ministerio Público, a declaraciones que realizó en días pasados. “Primero repudié el hecho en el que está involucrado el señor Murillo porque nos dejó devastados a las personas honestas y que hemos trabajado por el país. Segundo, dije que el ministro de Justicia (Iván Lima) estaba viciando la etapa de investigación y que debería apartarse, no solamente del rol de vocero o de impulsor del proceso de investigación, sino por ética. Su intervención en esto es muy penosa”, aseguró.

La exautoridad descartó retornar al país este mes ya que se encuentra en Santiago de Chile participando en un programa académico de investigación sobre asuntos internacionales. Agregó que a fin de mes se trasladará a Madrid (España) para asistir a un foro y que recién estima estar de retorno a Bolivia en el mes de julio. “Hay una persecución focalizada a mi persona que no tiene ni ton ni son”, añadió.

Sobre la citación que declarar  como 'testigo' en la jornada de ayer (1 de junio), indicó que, mediante su abogada, pidió hacerlo de forma virtual a la hora señalada, pero que no fue posible porque no se contactaron con ella desde La Paz; sin embargo, espera poder hacerlo vía internet, que también es válido para la justicia boliviana es esta época de pandemia.

En cuanto al anuncio de una alerta migratoria en procura de detenerla, a solicitud del diputado masista Juan José Jauregui, la excanciller afirmó que no procede en ningún caso porque ella está citada en calidad de testigo y no como parte de la investigación.

“Sería una vergüenza para el Gobierno, eso no puede ocurrir, de ninguna manera y en mi calidad de abogada sé cuáles son mis garantías y las garantías constitucionales, que como ciudadana tengo”, subrayó.

Mira la entrevista completa:


El caso

La Fiscalía investiga presuntos actos de corrupción en el proceso de contratación para la adquisición de gases lacrimógenos, entre otros agentes y materiales no letales para el Ejército y la Policía Boliviana, efectuada por los ministerios de Gobierno y de Defensa entre noviembre y diciembre del año 2019.

Según los documentos, fueron adquiridos 50.000 proyectiles de largo alcance calibre 37/38mm; 50.000 proyectiles de corto alcance calibre 37/38 mm; 11.500 granadas de cuádruple acción; 11.500 granadas de triple acción; aerosol de CD en Spray; 11.500 cartuchos con perdigón de goma calibre 12 mayor y 69.647 cartuchos con perdigón de goma calibre 12 mayor.

Las autoridades requirieron al Comando General de la Policía Boliviana las compras realizadas de agentes químicos y gases antidisturbios correspondientes a la gestión 2019 y 2020, con toda la documentación de respaldo. En esta compra se menciona un daño económico al Estado de más de 2,3 millones de dólares.

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