La excanciller del gobierno de Jeanine Áñez y el exembajador de Bolivia ante la OEA sacaron un comunicado conjunto con sus críticas

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10 de octubre de 2021, 17:25 PM
10 de octubre de 2021, 17:25 PM

En un comunicado conjunto, la excanciller Karen Longaric y el exembajador de Bolivia ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Jaime Aparicio cuestionaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle las medidas cautelares a la expresidenta Jeanine Áñez. Señalan que la decisión es política antes que jurídica y pone en entredicho la fiabilidad de la institución como garante de la democracia en Bolivia.

“Los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han tomado una decisión política antes que jurídica, anteponiendo sus afinidades ideológicas a su obligación de velar por la protección de los derechos humanos en el marco del Sistema Interamericano. No es la primera vez, durante los 14 años de graves violaciones de los derechos humanos en el gobierno de Evo Morales, la CIDH guardó silencio”, dicen en el comunicado dado a conocer por la cuenta de Twitter de la excanciller.

Longaric y Aparicio agregan que el mensaje de los comisionados es que los gobiernos con tendencias totalitarias pueden violar los derechos humanos de sus ciudadanos.

“De la nota oficial de la CIDH al gobierno boliviano se desprende que la CIDH cree plenamente en los argumentos presentados por el Gobierno de Luis Arce, haciendo caso omiso de las advertencias  del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes  (GIEI), que la propia CIDH envió a Bolivia”, cuestionan en la misiva.

Recuerdan también que "la Comisión debió mínimamente considerar la falta de independencia del poder judicial boliviano, el flagrante abuso de la figura de la detención preventiva en Bolivia constatado por el propio GIEI y los consecuentes abusos  procesales y carcelarios en contra de Jeanine Áñez, que bajo los estándares internacionales constituyen actos de tortura y tratos degradantes".

Reiteran que "su decisión ha sido claramente política, y además de poner el riesgo la vida de Jeanine Áñez abre el camino a más violaciones de los derechos humanos y políticos en Bolivia”.

Finalmente indican que, con esto, la CIDH sienta un peligroso  precedente en la región… y le da una estocada a la credibilidad del Sistema Interamericano…”