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El Centro de Planificación Territorial Autonómica (CPTA) del Centro de Estudios Jurídicas e Investigación Social- CEJIS informó que, durante el mes de junio, se registraron 226 focos de calor en territorios indígenas y 452 en Áreas Protegidas. Los incendios afectaron a 17 territorios indígenas de los departamentos de Santa Cruz (70 focos), Beni (114 focos) y La Paz (12 focos).

En números totales,  desde el arranque del año hasta junio de 2021 se registraron 15.815 focos de calor en el país. Supone un incremento del 50% respecto a los focos contabilizados un año antes. 2020 supuso 7.199 focos en la primera mitad del año. 

El informe del Cejis, reflejado en RTP, destaca que los territorios afectados por los incendios forestales y quemas corresponden a los pueblo Chimán-T´siname (TICH),  Territorios Indígena Multiétnicos II (TIM II), Itonama, Joaquiniano, Movima II, Tacana Cavineño, Chacobo Pacahuara, Cayubaba, Cavineño, Lomería, Guarayo, Territorio Indígena Bajo Paraguá, Territorio Indígena Monte Verde, Isoso, Mosetenes, Tacana I y Araona.

Los incendios también han dañado 33 áreas protegidas de carácter nacional o subnacional con 452 focos de calor en estas reservas. Las quemas se han registrado en siete departamentos: Santa Cruz, Beni, La Paz, Cochabamba, Potosí, Tarija y Chuquisaca.

El departamento más afectado por los focos de calor es Santa Cruz, donde se identificaron 311 focos. Las áreas más afectadas corresponden al Área Natural de Manejo Integrado Santa Cruz la Vieja, Refugio de Vida Silvestre Laguna Concepción y Área Natural de Manejo Integrado San Matías, donde todavía persiste un incendio de considerable magnitud.

La situación se vuelve más preocupante con los datos recogidos en los primeros 10 días del mes. El CPTA muestra un incremento de más del 50 por ciento del total de focos de calor que se registraron durante todo el mes de junio.

El Cejis advierte sobre el riesgo que supone la Resolución Administrativa emitida por la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) que permite la extensión de las quemas hasta el 31 de julio de este año.

Cuestionan a autoridades nacionales

Las solicitudes de informe escrito a las autoridades del INRA, de la ABT y del propio Ministerio de Medio Ambiente y Tierras se acumulan en la Asamblea Legislativa Departamental. La diputada de Creemos, María René Álvarez observa la falta de voluntad por parte del oficialismo para dar curso a estas peticiones.

"Aluden a un proceso burocrático que demora el plazo de 10 días que tienen para responder. El propio presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, demora los procesos", denuncia la legisladora. Entre las cuestiones que ha pedido al INRA para que informe se encuentra el plan de uso y distribución de tierras en la Chiquitania.

Álvarez prepara una conminatoria por la falta de respuesta a los informes escritos donde se dispone de 48 horas para que entreguen la información requerida. El siguiente paso contempla la denuncia por incumplimiento de funciones a las autoridades cuestionadas.

La falta de voluntad que denuncia la diputada de Creemos también se extiende a los responsables del INRA a nivel nacional, que se niegan a "establecer las mesas de trabajo con el argumentos de trabajar directamente con las bases". Sin embargo, la asambleísta desacredita este planteamiento. "Es engañoso puesto que no ha solicitado información alguna a las comunidades indígenas de la Chiquitania, solo se reúne con los afines al MAS.

Al igual que denunciaron desde la Asamblea Departamental, Álvarez también propone la investigación de "comunidades fantasma que se organizan en los escritorios desde La Paz. Lo indignante es que lo hacen en áreas protegidas como el valle Tucabaca o el área protegida del Bajo Paraguá". 


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