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El decreto supremo 4078, que eximía al personal de las Fuerzas Armadas de cualquier proceso penal por su participación en las acciones de “restablecimiento del orden interno” durante noviembre del año pasado, fue una exigencia de los militares. Así lo admitió el miércoles Jerjes Justiniano Atalá, exministro de la Presidencia. En noviembre, los uniformados salieron de sus cuarteles para enfrentarse a cocaleros y alteños que estaban movilizados en contra de la llegada de Jeanine Áñez al poder. Esto provocó más de 20 muertos y cientos heridos.

El también abogado dijo en el programa Influyentes de EL DEBER Radio que los militares exigieron este instrumento legal por “la amarga experiencia que tuvieron en el año 2003, en octubre negro y la guerra del gas, por eso exigieron”, dijo Justiniano.

El lunes, la comisión especial de la Asamblea Legislativa que investigaba las muertes de civiles en Sacaba y Senkata concluyó su informe encontrando indicios de culpabilidad en Jeanine Áñez, algunos de sus ministros y jefes policiales. 

Por ello sugirió iniciar varios procesos. Se trata de dos juicios de responsabilidades contra Áñez, uno por la firma del DS 4078 y otro por los hechos de Sacaba y Senkata. En el primero está incluido los 11 ministros que firmaron el decreto y en el segundo solo Arturo Murillo, ministro de Gobierno, y Fernando López, ministro de Defensa, además de jefes policiales y militares.

Sin fueros

Según explicó Víctor Borda, presidente de la comisión que indagó estos hechos, ahora la Asamblea Legislativa se debe convertir en querellante y necesita sentar una denuncia para que el fiscal general procese a las autoridades. En el caso de los juicios de responsabilidades, la Asamblea tendrá que autorizar el enjuiciamiento de Áñez por dos tercios.

Pese a que la acusación por el decreto incluye a los ministros, Jerjes Justiniano explica que esto no significa que ellos gozarán de caso de corte, sino que podrán ser juzgados por la vía ordinaria si la denuncia se llega a presentar. El abogado y exministro explica que este es uno de los pocos casos en el que la ley permite que se divida una causa. En ese sentido, los 11 primeros ministros de Áñez pueden ir a al menos dos juicios ordinarios.

Otros procesos

No es el único proceso. Otra comisión legislativa encontró indicios de responsabilidad de daño económico al Estado por la compra de material antimotines. En este caso, los sindicados son Murillo y López, además del exministro de Economía Óscar Ortiz, que ni siquiera era ministro cuando se hizo la adquisición. Ortiz ayer salió a rechazar la acusación. 

En un discurso, la presidenta Áñez pidió al MAS que recuerde que la democracia no es solo el gobierno de las mayorías, si no también es el respeto a la independencia del sistema judicial y a la libertad”.

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