Los trabajadores esperan del Gobierno anuncios de mejoras a condiciones laborales

La Central Obrera Boliviana marchará este lunes, 1 de mayo, junto con el presidente Luis Arce, pero además del incremento salarial que ya se conoce, los trabajadores esperan otros anuncios de mejoras en las condiciones laborales.

Se tiene previsto que la marcha, que en 2022 tuvo como sede la ciudad de Oruro, regrese ahora a La Paz. Comenzará en la zona del Cementerio General a las 9:00. La columna, encabezada por el presidente Luis Arce y la dirigencia del ente sindical, descenderá hasta la Plaza San Francisco de la sede de Gobierno.

Una vez allá, se realizará un acto en el que hablarán los ejecutivos de distintos sectores y también se esperan las palabras del presidente del Estado.

La COB realizó una amplia convocatoria a sus afiliados, y según informó su máximo ejecutivo, Juan Carlos Huarachi, participarán también los integrantes del Pacto de Unidad.

“El Comité Ejecutivo Nacional de la COB, en homenaje y conmemoración al 1 de Mayo ‘Día del Trabajador’, convoca a todas las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales y centrales obreras regionales afiliadas; asimismo, a todos y cada uno de los sectores sociales, gremiales y pueblo en general, a sumarse y participar de la gran marcha en homenaje a las trabajadoras y los trabajadores de Bolivia y del mundo”, dice la convocatoria difundida por el organismo de trabajadores.

El gobierno oficializará el ya anunciado incremento salarial para este 2023, que es del 3% al haber básico y 5% al salario mínimo nacional.

También los trabajadores esperan otros anuncios. Por ejemplo, el Ejecutivo acordó incrementar el límite máximo de la escala del fondo de vejez de Bs 5.000 a 6.000 para el sector minero y de Bs 4.200 a 5.200 para los trabajadores de otros sectores con más de 35 años de aportes.

La ministra de Trabajo, Verónica Navia, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley y varios decretos a los que no se quiso referir. “Serán regalos y prefiero que sea el presidente el que los anuncie”, dijo.

Navia adelantó que el Presidente enviará un proyecto de ley contra el acoso y la violencia laboral, con la novedad que el Gobierno podrá intervenir domicilios particulares, en caso de denuncias principalmente de trabajadores del hogar.

“Es la ratificación del convenio 190 del Estado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 2019. Para que entre en vigencia debe ser ratificado por ley. La Central Obrera Boliviana (COB) nos ha pedido que lo tramitemos, y tras dos años de análisis vamos a proceder, porque es bueno para el país”, aseveró.

Se trata de un convenio contra el acoso y la violencia laboral, en espacios de trabajo.

“Escuchamos que las trabajadoras del hogar no mejoraron su situación, de seguro y otros. Pero actualmente no podemos hacer inspecciones en los domicilios. Como Ministerio de Trabajo no podemos ir e ingresar para ver en qué situación está la señora que ayuda en casa”, admitió.

Sin embargo, resaltó que este convenio dice que la casa es también un espacio laboral, “obviamente la forma que haremos la intervención no será la misma, porque es un espacio íntimo, pero ya se puede, abre las puertas en caso de vulneraciones de DDHH y el acoso laboral es considerado una violación de este tipo. No protege solamente a los trabajadores, sino también “a los empleadores”.

En el marco de los festejos por el 1 de mayo la ministra Verónica Navia, destacó la reducción del desempleo en el país que pasó del 11%, en el tercer trimestre de 2020, al 4,3% a diciembre de 2022.

No obstante, en su edición N° 91, la revista Alerta laboral, realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) afirma que el mercado laboral está dominado por el empleo informal, es decir, la utilización de la fuerza de trabajo en precarias unidades económicas semiempresariales y familiares.

El experto laboral, Bruno Rojas, sostiene que el 90% de las personas ocupadas tienen empleos precarios y que un 80% cuenta con ingresos bajos.

La ministra manifestó que durante el Gobierno de Jeanine Áñez no había norma que se respete. “Hay una sentencia en contra de la exmandataria que confirma lo que estoy diciendo. Con la llegada de la pandemia, a nivel mundial, el gobierno ‘de facto’ no previó políticas laborales. Comenzaron los despidos masivos, hasta 161 mil despidos, de los cuales, 13 mil fueron realizados de manera ilegal e irresponsable en esa gestión”, apuntó.

En La Paz, el ministerio de Trabajo tuvo un receso por el confinamiento y dejó todo en pausa. “Nosotros tramitamos la reincorporación. Ahora tenemos una ruptura de relación de 10 mil empleados al mes, pero sólo quedan 200 denuncias. Aprobamos que 160 de ellas fueron despidos ilegales. Esa es una forma de mantener la estabilidad laboral, pero también vigilando que las desvinculaciones sean legales”, dijo.

Manifestó que hay 20 mil nuevas relaciones laborales. “El doble que las eliminaciones, eso muestra que hay estabilidad, ahora estamos con un poco más del 4% de desocupación. Llegar al 0% es una utopía, siempre hay buscadores de empleos. Sí, despiden 10 mil, pero contratan a 20 mil”.

Informó que hay cerca de dos millones de personas que están ocupadas en el país. La ministra explicó que lo primero que hizo Arce al llegar al Gobierno fue lanzar bonos, inyectar circulante, “las ferias navideñas tuvieron visitas. Inyectamos el crédito Sí Bolivia, para el empresario privado, con 0,5% de interés, el más bajo para generar emprendimientos. Logramos controlar el Covid-19, ya no hay gente muriendo en la puerta de los hospitales”, aseveró.

La empresa privada genera 85 mil a 88 mil trabajadores. La pública aproximadamente 30 mil.

Otro dato que ofreció fue que este año se registraron 35 mil empresas, crecieron en 7.000 entre 2020 a este año.

Por otra parte, el Gobierno salió al paso de publicaciones en medios de comunicación que señalaban que el incremento salarial iba a subir el salario del primer mandatario y de su equipo.

En una entrevista con los medios estatales, la ministra de trabajo lo desmintió categóricamente.

Por el contrario, destacó que el sueldo del presidente, vicepresidente y ministros están “congelados”, es decir, no suben ni bajan, desde 2019. Complementó que el expresidente Evo Morales, la presidenta transitoria Jeanine Áñez y Arce percibieron cuando les tocó asumir la silla presidencial el monto de Bs 24 mil, ni un centavo más.

“El decreto 3889 de mayo de 2019, así lo establece. Nuestro presidente Luis Arce firmó este decreto como ministro de Economía. La norma fija la escala salarial de las máximas autoridades ejecutivas, y fija el congelamiento de salario del presidente, vicepresidente. El jefe de Estado nunca ganó más de Bs 24 mil y el vicepresidente Bs 22 mil” y los ministros Bs 21 mil”. Declaró que el incremento es para cargos por debajo de estos.