Escucha esta nota aquí

Cuatro de los seis magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que firmaron la Sentencia Constitucional 084/2017 derivaron en trabajos dentro del mismo Estado; lo mismo que tres de los 12 parlamentarios que presentaron la acción de inconstitucionalidad abstracta y que llevó a Evo Morales a ser candidato a la Presidencia por cuarta vez consecutiva en 2019.



Los nombres de los magistrados y los legisladores salen a la luz nuevamente cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH),
se
 reunió el viernes para deliberar sobre la consulta solicitada por
Colombia sobre la reelección presidencial indefinida como un derecho
humano.

De acuerdo con el portal de la Contraloría General del Estado (CGE)
las ex magistradas, Mirtha Camacho Quiroga y Neldy Virginia Andrade Martínez; además de sus excolegas, Macario Cortez Chavez y Ruddy Flores Monterrey se acomodaron para seguir como funcionarios públicos. Mientras que los ex magistrados Juan Valencia Alvarado y Zenón Bacarreza Morales no figuran como empleados del Estado.


En el caso de los diputados, Edgar Montaño, David Ramos y Julio Huaraya, también lograron acomodarse en la estructura de Gobierno. El primero es ministro de Obras Públicas; en tanto que el ex diputado potosino, David Ramos figura como uno de los directores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) desde enero de este año. El tercer diputado, Julio Huaraya, es parte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) desde febrero de este año.


Los magistrados


El sitio web de la CGE reveló que la ex magistrada, Mirtha Camacho Quiroga, es asesora en la Dirección Departamental de Educación de Oruro desde noviembre del pasado año.


En el caso de su excolega, Neldy Andrade Martínez, presentó su declaración jurada como parte de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam), el documento fue presentado en enero del pasado año. Hoy en esa oficina desconocen si tiene algún cargo en la misma.


Macario Cortez Chavez, es otro de los magistrados que firmaron la polémica sentencia y desde el 4 de junio de este año figura como parte de la estratégica, Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento (Aisem) que forma parte del Ministerio de Salud.


En tanto que el ex magistrado, Ruddy Flores Monterrey también ingresó al actual Gobierno como parte jurídica de la Vicepresidencia del Estado, así lo revela su declaración jurada del 3 de febrero de este año.



Comentarios