Magistratura revela que 135 reos sentenciados fueron liberados por fallos irregulares
Hasta el momento solo se conoció de dos jueces detenidos por liberar a presos que tenían sentencias agravadas
Jueces de Instrucción, Sentencia y Ejecución firmaron las órdenes de detención domiciliaria de 135 reos condenados en los distintos penales del país. El informe fue brindado por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
“Tenemos nuevos datos del cruce de información que se ha hecho a través del Régimen Penitenciario. Como ustedes también conocen, se han encontrado aproximadamente 135 nuevos casos de personas que habrían sido beneficiadas de manera irregular”, dijo Molina a los periodistas.
La aprehensión de Richard Choque Flores, el asesino serial, destapó un escándalo de proporciones que involucró al juez Rafael Alcon, quien le otorgó detención domiciliaria, pese a que este tenía una condena de 30 años sin derecho a indulto. Ese hecho llevó a revisar ese juzgado y se constató que liberó a otras cuatro personas; lo que llevó a una intervención de todos los juzgados de Ejecución, luego los de Sentencia y finalmente los de Instrucción.
Sin embargo, el presidente del Consejo de la Magistratura no respondió sobre el destino de los jueces que firmaron las 135 órdenes de libertad de los condenados. Hasta el momento guardan detención preventiva solo dos magistrados, Rafael Alcon, juez Cuarto de Ejecución Penal y su colega José Ayaviri, juez Tercero de Ejecución Penal. El primero por liberar feminicidas y asesinos, y el segundo por liberar a narcotraficantes sentenciados.
De acuerdo con la explicación de Molina, la intervención a los juzgados aún se prolongará por algunas semanas antes de dar los resultados finales sobre los reos beneficiados.
Mientras tanto, el Gobierno trabaja en la recaptura de todas las personas que fueron favorecidas con los fallos judiciales.
El presidente del Consejo de la Magistratura se presentó ante la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para responder preguntas sobre las investigaciones de feminicidios.
La presidenta de esta instancia, Betty Yañiquez, dijo que el trabajo del Consejo se vio limitado por la Ley 025 (Ley del Órgano Judicial), que no le otorga amplias facultades para actuar directa e inmediatamente contra los operadores de justicia.
