Manfred recibe el apoyo de miles de personas y exige que no se instrumentalice la justicia

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, recibió este lunes el respaldo de miles de personas que se congregaron en la plaza 14 de Septiembre. Pronunció un discurso desde uno de los balcones del edificio municipal y exigió que no se instrumentalice la justicia.

Diferentes organizaciones que apoyan su gestión protagonizaron la masiva concentración, en rechazo a la posibilidad que sea apartado de sus funciones por un proceso judicial que data de hace casi 13 años.

“No estoy metido en política, a mí lo único que me interesa es mi Llajta, mi gestión, para volver a Cochabamba la mejor ciudad del país. Que nos dejen hacer gestión, que nos dejen trabajar”, señaló durante su intervención.

Aseguró que aún quedan instancias judiciales internas en las que se defenderá, pero recordó que organismos internacionales señalan que no se puede procesar a alguien en rebeldía, como sucedió en su caso.

Su discurso:

“Están incidiendo en algo injusto, que no tiene debido proceso (…) En el país va a haber estado de derecho o simplemente el poder judicial estará de adorno y será instrumentalizado, haciendo un daño a la democracia”, agregó la autoridad local.

Ayer el ministro de Justicia, Iván Lima, admitió que el Concejo Municipal de Cochabamba, en el que la agrupación Súmate de Reyes Villa tiene mayoría, debe definir la destitución del burgomaestre.

“Nadie está por encima de la ley, hay una sentencia ejecutoriada. Todo alcalde y autoridad debe cumplir la ley, no porque seas de oposición no lo vas a hacer (…) Manfred no tiene argumentos jurídicos, solo políticos, es un caso flagrante de corrupción y lo que corresponde es que se respete la ley”, manifestó el ministro.

El caso denominado 'Sillar Alternativo' data del año 2009, cuando Reyes Villa fue procesado por conducta antieconómica debido a que en su calidad de exprefecto de Cochabamba adjudicó una consultoría de manera irregular para la elaboración del proyecto carretero El Sillar en el trópico de ese departamento.

El proceso que duró aproximadamente 12 años, tuvo su epílogo en días pasados, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de un auto supremo, ratificó la sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad, la misma que fue apelada en reiteradas oportunidades.