La marcha de los pueblos indígenas también detonó el descontento por la “gasolina basura” y el incremento de los precios de la canasta familiar. Como denunciaron legisladores opositores y oficialistas, el conflicto pasó del bloqueo a discursos “sediciosos” que causaron tres muertes y a la marcha de mineros cooperativistas con el pedido de la renuncia del primer mandatario.
“Se abrogó la Ley 1720 debido a que las ONG y actores políticos tergiversaron las cosas positivas de esta norma y contaminaron la postura de comunidades indígenas. Esto fue usado como una excusa sediciosa, que dio lugar a movimientos subversivos en la sede de Gobierno”, declaró a EL DEBER el diputado de Libre, Leonardo Roca.
El legislador identificó al senador de Alianza Unidad, Nilton Condori, como uno de los responsables de la organización de protestas y bloqueos en El Alto.
El diputado Roca presentó el viernes, ante la presidencia de la Cámara de Senadores, una denuncia por faltas éticas “y actuaciones contrarias a la institucionalidad democrática”, contra el senador Condori, porque este “firmó acuerdos con grupos violentos para derrocar a un presidente constitucional. Eso no es política. Es sedición. Y la sedición tiene consecuencias”, escribió Roca en sus redes sociales.
Al respecto, el analista político, Iván Rada, recuerda que el senador Condori tiene un amplio pasado como seguidor del “Mallku” Felipe Quispe y exfuncionario de Félix Patzi en la Gobernación de La Paz.
“Condori quiere aprovechar el vacío que dejó Evo Morales como la representación del nuevo sujeto histórico, caudillo en razón a su origen racial, cree que puede refundar el Estado”, señala
Por su parte, el abogado y diputado del PDC, Manolo Rojas, anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por el delito de terrorismo contra el senador Condori, el dirigente de los Ponchos Rojos, Edgar Copa y el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo.
Según el diputado, las acciones delictivas por las que los tres deben ser investigados, son la firma de un pacto, el 11 de mayo, para la organización de bloques que causaron la muerte de tres personas, el financiamiento para alimentación y alojamiento de los marchistas, además de los actos violentos promovidos con sus discursos.
En el documento que firmaron los dirigentes señalaron que mantendrían las medidas de presión y movilizaciones hasta lograr la renuncia del presidente, calificando de “traición” si alguna de las organizaciones firmaba algún acuerdo con el Gobierno.
Conflicto no atendido
La promulgación de la Ley 1720, el 6 de abril, sobre la conversión de pequeñas a medianas propiedades, generó un estado de emergencia y el inicio de una marcha de representantes de pueblos indígenas. Los movilizados se basaban en los criterios expresados por organizaciones no gubernamentales (ONG), como Fundación Tierra, que aseguraba que la norma solo favorecía a los agroindustriales y promovía el despojo del territorio de comunidades campesinas.
La movilización partió el 8 de abril desde Pando y llegó a La Paz 32 días después. Si bien representantes del Ejecutivo como el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Diez, salieron al encuentro de los marchistas, no lograron frenar la movilización. Las autoridades reiteraron una y otra vez, que dicha conversión era voluntaria, con el fin de que estos puedan acceder a créditos para la producción agrícola y no afectaba el derecho propietario de los originarios.
Para cuando la marcha arribó a la sede de Gobierno, el 5 de mayo, además que varios sectores de izquierda se unieron en apoyo hacia los marchistas, el pedido de la revisión de la Ley 1720 pasó a la exigencia de su abrogación. Entretanto, el Gobierno sumó otros flancos de conflicto.
El arribo de la marcha indígena coincidió con el paro nacional de transporte, por la escasez de combustible y la falta de pago por el daño causado a motores de vehículos del transporte público.
Debido a los bloqueos, se incrementó el precio de los alimentos. El departamento más castigado fue La Paz, donde, por ejemplo, la carne de pollo subió de 16 a Bs 24 por kilo. Y en los últimos días ese precio se duplicó y triplicó.
La Paz estaba aislada, los maestros acataban un paro nacional y convulsionaban las calles con marchas, por lo que el Gobierno habilitó un puente aéreo para traer carne desde Santa Cruz.
Las muertes
Si bien el Gobierno logró desactivar las movilizaciones de transportistas y choferes, además de sectores campesinos en los Yungas, para el 13 de mayo la Policía reportó hasta 65 puntos de bloqueo a nivel nacional y se reportó la primera muerte.
El hecho se registró en el municipio paceño de Desaguadero, en la frontera con Perú, donde la ciudadana de Belice, Anna Enns, de 56 años, falleció por falta de atención médica, según lo reportó el Ministerio de Obras Públicas.
Ese mismo día se reportó la muerte de una segunda persona de 40 años. Se trataba de una mujer que falleció por un paro cardiorespiratorio, en la ambulancia que salió desde Guanay. El vehículo demoró varias horas más de lo previsto por los bloqueos. El presidente del Colegio Médico de Bolivia, Luis Larrea, denunció la escasez de remedios y oxígeno.
El 14 de mayo, la activista de derechos humanos Virginia Ugarte denunció que una joven de 20 años convulsionó durante tres horas antes de que una ambulancia lograra socorrerla y trasladarla a un hospital de El Alto. Un día después, los bloqueadores en esa urbe agredieron hasta dejar inconsciente al diputado Róger Labardens mientras se dirigía al aeropuerto.