La ministra señaló que el documento, que será presentado este martes, al margen de hacer recomendaciones al Estado boliviano, identificará responsabilidades sobre la comisión de vulneraciones a los derechos humanos.

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16 de agosto de 2021, 14:21 PM
16 de agosto de 2021, 14:21 PM

La presentación del informe el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) sobre los conflictos que se suscitaron en el país entre septiembre y diciembre de 2019 genera expectativa en las esferas del oficialismo. En esta ocasión fue la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien apuntó que este reporte permitirá hacer justicia para el pueblo boliviano y las familias que perdieron a sus seres queridos.

“Nosotros tenemos confianza en que el informe del grupo de expertos que ha realizado una investigación profunda sobre lo que ha sucedido después del (supuesto) golpe de Estado y especialmente en el marco de la investigación, lo que va a hacer es justicia para el pueblo boliviano, justicia para las familias que hoy no tienen en su mesa a uno de sus seres queridos”, mencionó.

El documento, que será presentado este martes, al margen de hacer recomendaciones al Estado boliviano, identificará responsabilidades sobre la comisión de vulneraciones a los derechos humanos.

“Las recomendaciones que se van a hacer ahí son para el Estado boliviano, en el marco de lo que hace una investigación, donde se ve fundamentalmente las vulneraciones a los derechos humanos,  también las responsabilidades que existen de quienes han vulnerado los derechos humanos de un pueblo”, manifestó.

Por su parte, el exviceministro de Autonomías, Hugo Siles, recordó que organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch, la Defensoría del Pueblo y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, tuvieron en su momento diferentes informes sobre estos hechos luctuosos en 2019.

Siles apuntó que existe la probabilidad de que el informe del GIEI haya contemplado las investigaciones de estas organizaciones de derechos humanos.

En la pasada gestión, Human Rights Watch, en un informe de 53 páginas, denunció que en el gobierno interino de Bolivia se abusó del sistema de justicia para perseguir a colaboradores y partidarios del expresidente Evo Morales, con cargos infundados o desproporcionados, violaciones del debido proceso, cercenamiento de la libertad de expresión y uso excesivo y arbitrario de la detención preventiva.

“El Alto Comisionado de Derechos Humanos, Human Rigths y el informe de la Defensoría del Pueblo dan cuenta de las acciones dirigidas a comprometer la vida de ciudadanos y ciudadanas, que no solamente perdieron la vida en hechos de Sacaba y Senkata, sino los hechos de violación constante a los derechos humanos y a la conculcación de los mismos durante el gobierno de la señora Áñez”, concluyó.

A esto se suma la situación de la víctimas de Montero (Santa Cruz), Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra, dos allegados a los cívicos cruceños que perdieron la vida a finales de octubre y quienes también esperan justicia ante las denuncias que se dieron contra el propio Evo Morales.