El artículo 22 establece que habrá baja definitiva para todos los policías que hayan participado de motines

13 de septiembre de 2022, 22:07 PM
13 de septiembre de 2022, 22:07 PM

Después de la medianoche del lunes, la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados aprobó el polémico proyecto de Ley de Ascensos de la Policía sin que los opositores logren su modificación, puesto que el texto presenta tres observaciones de fondo que realizaron unos de los diputados de CC.


“Fue un anteproyecto precipitado del Ejecutivo porque imagínese, nos entregaron el anteproyecto la noche del domingo y al ser un documento técnico fue imposible revisar en su totalidad y el MAS aprobó en la comisión con modificaciones de forma, no de fondo”, relató el diputado Saúl Lara, quien también ejerció el cargo de ministro de Gobierno, durante el mandato de Carlos Mesa.


El Gobierno había anunciado una batería de tres leyes para consolidar los pretendidos cambios en la institución del orden, la primera de las normas es la que aprobaron la madrugada del lunes y pasó al plenario para su consideración.


Según el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, esta nueva propuesta legal pretende mejorar las condiciones que tienen actualmente los policías, en materia de horas de trabajo y vacaciones, que contempla la norma, “queremos construir una Policía completamente dignificada, institucionalizada, pero sobre todo, también disciplinada”, advirtió el titular de esa cartera de Estado.


El proyecto


Lara observó que al igual que la ley del generalato que aprobó el MAS, este proyecto contiene una intervención directa del Gobierno en la Policía. El artículo 6 del proyecto establece la creación de la Comisión Superior del Talento Humano Policial, instancia que definirá los ascensos, de acuerdo con el documento al que accedió EL DEBER.


“La Comisión Superior del Talento Humano está conformada de la siguiente manera: Inspector General de la Policía, Presidente del Tribunal Disciplinario Superior, Director Nacional del Talento Humano, Director Nacional de Instrucción y Enseñanza, y un representante del Ministerio de Gobierno”, señala el inciso III del referido artículo.


La segunda observación se refiere a las atribuciones de esta Comisión, pues sus funciones deben ser avaladas desde el ministerio de Gobierno y el reglamento que se vaya a elaborar también debe tener la venia de este despacho.


La tercera observación tiene que ver con la intención permanente del Gobierno de castigar lo sucedido con la Policía en 2019 e introduce un artículo que sanciona los motines y además faculta a pasar esos casos a la justicia ordinaria.


“La baja definitiva es el cese de los derechos y beneficios institucionales de la o el servidor público policial de carrera y de servicios, dejando de pertenecer a la Policía Boliviana. Procede por las siguientes causas: (…) por instigar, participar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como actos de protestas o medidas de presión. La baja definitiva no exime al servidor policial de otras responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder”, señala el artículo 22 de este proyecto.


El diputado opositor adelantó que como bancada se opondrán al texto de varios artículos por considerar que son atentatorios a la institucionalidad que debe regir en la Policía y lamentó que los diputados del MAS aprueben este tipo de proyectos a sabiendas de que el mismo vulnera derechos de los propios policías.